La Universidad Centroamericana (UCA) dijo esta semana el diputado oficialista Wilfredo Navarro, “es un centro de terrorismo”. La afirmación de Navarro ha sido interpretada como un movimiento más de piezas en la cacería que el régimen de Daniel Ortega sostiene contra organismos no gubernamentales y universidades bajo la bandera de “lucha contra el terrorismo”. La UCA podría ser la próxima víctima.
Desde abril de 2018, cuando estallaron protestas multitudinarias contra el gobierno nicaragüense, la Asamblea Nacional ha cancelado 93 personerías jurídicas de estos centros y organismos. A principios de este mes eliminó las últimas 23 personalidades jurídicas de organismos y fundaciones vinculadas con universidades que operan en el país.
La ofensiva gubernamental no termina con la cancelación legal de las organizaciones. Tan pronto el parlamento decreta su muerte legal, el Estado ocupa los bienes y edificios de las organizaciones en lo que algunos expertos han calificado “una confiscación de hecho”, reñida con la ley nicaragüense.
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua establece: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Tampoco la cacería parece terminar con estos cerca de 100 organismos ilegalizados. El gobierno de Daniel Ortega tiene bajo la lupa a 1.797 Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) nicaragüenses consideradas “vulnerables al financiamiento al terrorismo”, según un reporte que presentó ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y divulgado esta semana por el diario La Prensa.
De este grupo de organizaciones, el régimen considera que 208 son de “alto riesgo para el financiamiento del terrorismo” y 581 tienen “un riesgo moderado”. Las restantes organizaciones entran en la categoría de “bajo riesgo”.
Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega tiene una definición muy particular para el “terrorismo” y clasifica como tal las protestas y actividades opositoras. “Todo lo que es independiente, opositor o crítico es considerado terrorismo por la dictadura”, dice un sociólogo que por seguridad pide anonimato. “Esa etiqueta la ha usado como patente de corso para endilgárselas a todo el que quiere echar preso o despojarlo de sus bienes”.
“Si te acordás en la primera redada de presos políticos en 2018 casi todos eran acusados por la Fiscalía y la Policía de terrorismo. Personas capturadas portando una bandera patria eran terroristas. ¡De repente Nicaragua se volvió el país con más terroristas en el mundo por metro cuadrado!”, añade.
La UCA que el diputado Wilfredo Navarro tilda de “centro de terrorismo” es una de las principales universidades de Nicaragua, manejada por la Compañía de Jesús desde su fundación hace 62 años. Es actualmente una de las pocas universidades que se mantiene independiente del régimen y, con frecuencia, estudiantes se reunían dentro de sus terrenos para realizar actividades de protestas contra el régimen nicaragüense.
Con 14 universidades privadas canceladas ya, se teme que la próxima víctima sea esta universidad jesuita que ha permanecido como un centro de pensamiento crítico y tiene un larga tradición académica, social y política. En los años 80, la UCA apoyó a la revolución sandinista y antes, por sus aulas pasaron connotados lideres sandinistas. En ella estudió unos meses Daniel Ortega en su juventud y el propio Wilfredo Navarro.
El principal instrumento del régimen para perseguir a los organismos no gubernamentales es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada el 15 de octubre de 2020, que obliga a los ciudadanos nicaragüenses que trabajen para “gobiernos, empresas, fundaciones u organizaciones extranjeras” a registrarse, informar sus ingresos y explicar el destino de los fondos recibidos del extranjero.
Generalmente el régimen justifica la cancelación por la falta de esos informes, a pesar que muchos de los directivos han denunciado que el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro, del ministerio de Gobernación se niega a recibir esos informes cuando corresponde entregarlos.
Adrián Meza, rector de la universidad Paulo Freire, se fue al exilio para proteger su libertad poco después de que su universidad fuese ilegalizada. Dice que él personalmente fue al Ministerio de Gobernación a insistir en que le recibieran los informes cuya ausencia sirvió para justificar la cancelación de la personería jurídica. “Quisieron que yo firmara un documento donde aceptaba que los informes tenían inconsistencias y ni siquiera los habían revisado”, aseguró al desmentir el argumento de la Asamblea Nacional.
“Lo que hacemos en la Asamblea Nacional es responder a la solicitud que hace el Ministerio de Gobernación, que es la institución que fiscaliza”, afirmó el diputado Navarro al medio oficialista 19 Digital.
“En esta ocasión estamos en un proceso de cancelación de 14 asociaciones y fundaciones sin fines de lucro entre comillas, porque hay muchas asociaciones, muchas fundaciones que se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro, pero lo que hacen en la práctica es lucrarse de las mismas asociaciones que por ley deben ser sin fines de lucro, violentando la ley 147, la ley que rige a las personas jurídicas sin fines de lucro”, señaló el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, considerado “el verdugo” de las ONG, debido a que es quien propone las listas de cancelación.
Sin embargo, William Grigsby, director de Radio La Primerísima y uno de los principales voceros del régimen, explicó de otra manera la cacería de organismos no gubernamentales. “Hay que entender este tipo de decisiones en la lógica de la defensa del poder del pueblo de Nicaragua” dijo su programa matutino y afirmó que estos organismos “en la práctica eran fachadas de la intromisión europea y norteamericana en los asuntos internos de Nicaragua”.
