Si el capitán activo del Ejército Alfredo Saba Peña Díaz pensó sacar algún dinero vendiendo un “oxidado componente tipo dos”, parte de un explosivo usado en la explotación del oro, terminó preso, torturado, acusado de pretender colocar un explosivo en el Palacio de Miraflores, aunque él cumplía funciones militares a casi mil kilómetros de ahí, en Táchira. El Foro Penal se negó a defenderlo alegando que no es un caso político. Y aunque es un oficial activo no lo está juzgando ningún tribunal militar sino uno de Terrorismo.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
Su caso está plagado de una serie de irregularidades, violación al debido proceso y tortura brutal; números de expedientes: el primer preliminar 4CT – 045 – 20; el segundo de juicio: 2 JT- 021-21. El juez, el médico forense, los funcionarios, todos dicen cumplir órdenes. En el tribunal declaró como si fuera el funcionario que lo apresó, otro que en realidad fue uno de quienes lo torturaron.
“El día que la Dgcim me detiene me esposaron, me colocaron una capucha negra y me trasladaron hasta la sede principal de la Dgcim en San Cristóbal. Me llevaron a la oficina del director del DGCIM en la región apodado Homero, a quien le entregaron las pertenecías de las que yo había siso despojado: dos teléfonos (de empresas telefónicas distintas), documentos personales (carné militar, cédula de identidad, licencia de conducir y carné de circulación), el anillo de graduación militar y una cadena de plata”.
“El General Homero me solicitó las clave de seguridad de mis teléfonos móviles y me negué. Él me repitió que le diera las claves o si no me las quitaría a la fuerza. Pedí el derecho a un abogado y a una llamada telefónica para comunicarme con mi familia; se burló de eso y tres funcionarios me sometieron y obligaron a colocar mi huella en los teléfonos y desbloquearlos. Después de revisarlos él preguntó que por qué había borrado los mensajes, pero no sabía a qué se refería. Me dijo: ‘capitán aquí donde estas no hay derecho a abogado y si no quieres hablar no importa, porque para donde vas te harán hablar quieras o no’. Se levantó y ordenó que me llevaran al calabozo”.
“Esa noche fui sacado varias veces para los interrogatorios. Observé que sobre una mesa había pertenencias que se encontraban en mi habitación; uno de los funcionarios me dijo que habían allanado mi habitación. Otra vez solicité mi derecho a un abogado, pero se negaron”.
Detención y tortura
Desde la Dgcim San Cristóbal lo trasladan a la sede principal de Dgcim Caracas. “Fui entregado a la División Especial, donde me recibió la capitán Carla Da’Silva alias La Negra, dos funcionarios apodados El Chaca y El Piraña, quienes más tarde serían mis torturadores”.
En una denuncia hecha ante los organismos internacionales se lee que, al capitán, le preguntaban, por una capitana (Soranyi Salazar Maldonado) y un comisario del Cicpc (Rigoberto Moreno Carmona).
Según se describe en la denuncia, que procesan a nivel internacional, el capitán fue torturado también “por cuatros funcionarios más, entre ellos un teniente y un sargento de la Guardia Nacional apodado El Guajiro. En el cuarto que usan para interrogatorios y torturas, alias El Chaca me dice que no le haga perder el tiempo y le diga de dónde había sacado el explosivo. Cuando le dije que desconozco de qué habla y que no pienso decir nada sin un abogado presente, sacó un teléfono y me mostró unos vídeos; uno del mesonero Dany Castillo, quien se veía golpeado y decía que el material se lo había entregado Jennifer Osuna y que era para dárselo a un familiar que trabajaba con una mina de oro en Ciudad Bolívar. Otro era de Jennifer Osuna diciendo que se lo había entregado yo para venderlo a unos mineros”.
“Cuando dije que no sabía de qué estaban hablando y nuevamente pedí un abogado y una llamada, el funcionario me respondió que estaba detenido por intentar cometer un acto terrorista contra el Estado, me colocó las esposas, me ataron los pies y las piernas con dos correas y me tumbaron. En ese momento entró la capitana alias La Negra, me levantaron de rodillas y el sargento alias El Guajiro comenzó a golpearme con los puños en los oídos hasta quedar inconsciente; eso lo repitió varias veces, mientras me decía ofensas, preguntaba por el explosivo y por quién me estaba pagando por el atentado terrorista”.
“Me pusieron una bolsa plástica en la cabeza, repitiéndolo todo el día, en ocasiones le colocaban agua a la bolsa para asfixiar y ahogar. Las últimas torturas del día fueron más fuerte porque me negaba a decir lo que ellos querían. Al intento de asfixia le sumaban presión en los brazos llevándolos de atrás hacia arriba de la cabeza para sacarme un hombro. Alias La Negra me bajo los pantalones y con un palo de madera me golpeó varias veces en el trasero diciendo cosas y burlándose de lo que me estaban haciendo”.
“Finalmente me colocaron de rodillas, me describieron la casa donde vivía mi mamá y me advirtieron que si no reconocía que el explosivo era mío, las consecuencias las pagaría mi mamá, asegurando que la tenían en la patrulla afuera de la DGCIM. Así me vi forzado a hacer el video que me pidieron diciendo que el material era mío para venderlo a un minero. Aun así me dejaron guindado del techo toda la noche, durante la cual varias veces entró un teniente quien me golpeaba y me preguntaba por una camioneta que tenía en la foto de la galería de mi teléfono”.
Vaya juez
Cuando al día siguiente lo llevan ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), según el informe que hay sobre el capitán Alfredo Saba Peña Díaz, dice que lo arrastraron por la avenida. El funcionario del CICPC le dijo al del DGCIM que si lo seguía golpeando no lo recibiría; lo reseñan como como terrorista y lo envían a un examen médico forense. El capitán reveló a su defensa que el forense que lo vio ese día le dijo que, aunque estaba golpeado, no podía colocar eso en el informe.
Al oficial lo regresan a la DGCIM. El siguiente traslado fue para ser presentado en los tribunales. El Juez José Macsimino Márquez García, según narra la denuncia de Peña Díaz, inicialmente no se identificó, pero le preguntó si lo habían golpeado. “Mi respuesta fue que sí y él me dijo que no me preocupara que eso era normal en estos casos y que él daría la orden para que no me golpearan más. Se metió en una oficina de la cual salió después para identificarse como Juez y como quien realizaría la audiencia”.
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