La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual correspondiente al período de 2019, en el que Venezuela resalta como nación por la “grave afectación de los derechos humanos de sus habitantes”, y la profundización de la crisis política y social.
El texto refleja “la represión generalizada” que se ha suscitado en el territorio nacional producto de la ausencia del Estado de Derecho.
El organismo multilateral expresa en su informe que que existe un claro quebrantamiento del principio de separación de poderes, falta de independencia judicial y una extralimitación de funciones de la mal denominada Asamblea Nacional Constituyente.
La persecución a la disidencia es otro de los puntos que expresa el documento, justifica su causa por la militarización de la seguridad pública, arbitrariedades, y uso excesivo de la fuerza para reprimir las diversas manifestaciones, bien sea por desabastecimientos de alimentos, falta de servicios públicos y escasez de insumos básicos, o productos de primera necesidad.
La CIDH manifestó en su informe el deterioro de los derechos civiles y políticos, así como también, el quiebre de la libertad de expresión y la participación ciudadana de los asuntos públicos, aunado a las muertes violentas que se han producido en las protestas, y las detenciones arbitrarias, contando la privación de la libertad de aquellos que son contrarios al régimen, o disienten de la forma de gobierno.
Otro de los puntos es los despidos y amenazas a empleados públicos como castigo por discentir. El tema del derecho penal también forma parte del contenido del organismo internacional el cual consideran es utilizado como control sancionatorio para castigar o inhabilitar el trabajo de opositores y prensa crítica; así como la imposición de obstáculos para acceder a información de interés público.
Lea el informe en el siguiente recuadro
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