Este 3 de mayo expertos del ámbito jurídico venezolano expusieron sus apreciaciones sobre las investigaciones que llevan adelante organismos internacionales en el foro virtual «Mandato de la oficina de la CPI en Caracas y Extensión del Mandato de la FFM en Venezuela»
La investigación de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela debe continuar; también los trabajos de la Corte Penal Internacional (CPI). En estas afirmaciones coincidieron expertos del ámbito jurídico que se dieron cita en el foro virtual Mandato de la oficina de la CPI en Caracas y Extensión del Mandato de la FFM en Venezuela.
La labor de la Misión ha empujado la cooperación del Estado en cuanto a la reivindicación de las víctimas y sus familiares, por tal razón hay que asegurarse de que el trabajo no se detenga; resaltaron.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dio inicio al foro y recalcó la importancia de la investigación a través de los mecanismos de la Misión.
Insistió en que la instalación de la oficina de la CPI en Venezuela, y dentro de un organismo del Estado, podría ser una buena noticia, ya que de esta manera se puede comprobar sin cabida a dudas la disposición interna para hacer justicia, o al menos llevar a cabo procedimientos que permitan saber que existe voluntad de estar cada vez más cerca de ella (la justicia).
Por su parte, Humberto Prado, director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (Olacp), señaló que la extensión de las labores de la Misión de Determinación de los Hechos es de suma importancia, para sustentar esto están las pruebas irrefutables emitidas en los dos últimos informes presentados, que son un «blanco y negro» sobre elementos que podría arrojar competancias de la Corte Penal Intencional.
«Un acuerdo sin precedentes»
La consultora en Derecho Penal Internacional y ex coordinadora regional para las Américas de la coalición por la CPI, Michelle Reyes, explicó cómo la apertura de las investigaciones de la CPI en Venezuela se da a través de un acuerdo sin precedentes.
«Primera vez que se abre con un memorándum de entendimiento de por medio, ha sido un proceso de mucha actividad y una sociedad civil muy activa, esto ayudando a la Corte a determinar los parámetros de principios de complementariedad que se deben cumplir tomando en cuenta las pruebas de cooperación presentadas por el Estado, que se determinaron que no cumplian con los parametros», dijo.
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