Las autoridades ucranianas han registrado más de 71.000 casos de presuntos crímenes de guerra durante el primer año de invasión rusa, y han identificado a 276 sospechosos de diferentes delitos, emitiendo 26 sentencias, según contabilizó hoy Eurojust, que también puso en marcha una base de datos judicial para almacenar las pruebas.
La fiscal de enlace ucraniana en Eurojust, Myroslava Krasnoborova, enumeró en una rueda de prensa este jueves en La Haya que se han registrado más de 71.000 casos de presuntos crímenes de guerra y más de 16.000 crímenes contra la seguridad nacional de Ucrania desde el 24 de febrero del año pasado.
Además, unas 276 personas fueron identificadas como sospechosas de diferentes tipos de crímenes cometidos en el contexto de la invasión rusa, y los casos de 99 acusados fueron derivados a algún tribunal ucraniano. En base a todas las investigaciones iniciadas, la Justicia ucraniana ha emitido hasta ahora un total de 26 sentencias.
“Aunque el daño causado por la invasión rusa no se puede reparar, podemos asegurarnos de que los responsables sean llevados ante la justicia”, señaló Krasnoborova, que celebró el establecimiento de la Base de Datos de Pruebas de Crímenes Internacionales (CICED), una herramienta que puede “acelerar el debate actual sobre un eventual juicio” por el crimen de agresión, condicionado a varios principios legales que dificultan su procesamiento.
Se trata de una base de datos judicial destinada a preservar, almacenar y analizar pruebas de delitos internacionales de “forma segura”, por lo que las soluciones técnicas para la transmisión y el almacenamiento seguros de esas pruebas “ya están implementadas y se agregará un módulo de análisis avanzado en los próximos meses”, señaló Eurojust.
La CICED ayudará en las investigaciones sobre Ucrania, pero también sobre otros conflictos en los que puedan tener lugar “crímenes internacionales”, que son crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.
“El enfoque centralizado de CICED permitirá a Eurojust facilitar el intercambio de pruebas clave, identificar las acciones sistémicas detrás de delitos individuales, asesorar sobre estrategias de procesamiento, y preparar análisis temáticos e informes sobre aspectos específicos de las investigaciones de delitos internacionales fundamentales, como el acoso sexual y la violencia de género”, agregó la agencia europea, con sede en La Haya.
Además, tratará de evitar la pérdida de pruebas durante un conflicto aún en curso, así como la identificación de investigaciones paralelas para el uso más eficiente de los recursos y un menor riesgo de errores legales, ayudando también a mantener una visión central de las víctimas entrevistas para evitar la revictimización por entrevistas repetidas.
Sin embargo, el uso de esta plataforma es voluntario y solo las autoridades nacionales competentes podrán presentar información o pruebas en esta base de datos, lo que excluye, por ejemplo, a las ONG o las organizaciones de periodistas de investigación.
Eurojust también acogerá más adelante el nuevo Centro Internacional para el Procesamiento del crimen de Agresión (ICPA), anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a principios de febrero. “Creemos firmemente que nunca debe aceptarse la impunidad por el crimen de agresión”, reiteró Krasnoborova.
El ICPA buscará mejorar las investigaciones y la recogida de pruebas para identificar a los responsables del crimen de agresión y para facilitar el proceso de construcción de un caso judicial en una etapa ya muy temprana, aunque no será un centro nuevo o una entidad legal independiente creada por un tratado, sino que formará parte de la estructura de apoyo ya existente en Eurojust.
Eurojust no recoge pruebas por sí misma y es solo una agencia de coordinación judicial a nivel de la Unión Europea, por lo que son las autoridades de cada país miembro activo en esta tarea quienes recopilan las pruebas de los presuntos crímenes cometidos en Ucrania y deciden si compartirlos o no a través de las herramientas que ofrece Eurojust.
