La medida alcanzó a la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic).
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua cerró otras tres universidades privadas, con lo que suman 24 en total las ilegalizadas desde diciembre de 2021. Además, ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
La medida, que la tomó el Ministerio de Gobernación, alcanzó a la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic), según se lee en La Gaceta, el diario oficial del régimen, en la edición de este lunes.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) concluyeron que los centros de estudio superior mencionados “no cumplen con los mínimos de calidad necesarios para obtener la acreditación correspondiente”.
Enfatizaron que, en el caso de la Unimet, con sede en Managua y que fue fundada en 1999; ”no cuenta con planes de estudio que contengan los elementos mínimos exigidos por el CNU y CNEA”. Además, de las 36 carreras que ofrecen, 26 no tienen matrícula.
“Unimet falseó información ante el CNU y CNEA en referencia a las áreas de investigaciones en humanidades, ciencias, salud y servicios, reportando información que no pertenecía a la Universidad”, indicó el régimen.
Los estudiantes universitarios encabezaron las multitudinarias protestas contra el régimen de Daniel Ortega que se dieron en 2018 (EFE/Archivo)
En tanto, la UNN, que operaba desde 2001 en Matagalpa, tampoco “cuenta con planes de estudio que contengan los elementos mínimos exigidos por el CNU y CNEA para las instituciones de educación superior”. Tampoco “evidencia la aprobación de programas de asignaturas de pregrado, grado y posgrado; y no ha desarrollado proyectos de investigación”.
Por último, la Unadenic, que estaba en actividad desde 2011 en Managua, según el régimen no “cuenta con los planes de estudio que contengan los elementos mínimos exigidos por el CNU y CNEA para las instituciones de educación superior, y sus diseños curriculares no están aprobados por el CNU”.
De esta forma, se ordenó a las autoridades de las tres universidades canceladas entregar “de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico”.
Al mismo tiempo, se informó que el Consejo Nacional de Universidades reubicará a los estudiantes matriculados actualmente en centros de educación superior que se encuentren acreditados.
Una persona pasando frente a un mural con la imagen de Daniel Ortega en Managua (REUTERS/Maynor Valenzuela/Archivo)
Las universidades, en la mira de Ortega
La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, ilegalizó 14 universidades por petición del régimen de Ortega desde diciembre de 2021. Los otros 10 centros de estudios fueron disueltos por el Ministerio de Gobernación.
Este avance del régimen sobre las universidades no es ninguna sorpresa en el país centroamericano, dado que estas instituciones fueron uno de los focos de las masivas protestas de 2018, cuando miles de personas salieron a las calles. La represión dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y unos 100.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
El catedrático Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Americana (UAM), había dicho la semana pasada en diálogo con la agencia de noticias The Associated Press que “todo esto es parte de un plan del gobierno de Daniel Ortega para extender su control político sobre las universidades”. En ese momento, se había referido al cierre de la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), anunciados este mes.
De acuerdo a Medina, quien abandonó el país hace más de un año tras recibir amenazas, la medida revela “un componente ideológico y de venganza política. (…) Daniel Ortega nunca les va a perdonar a los jóvenes y a las universidades que hayan sido los protagonistas de la rebelión”, enfatizó.
La dictadura sandinista retiró la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo. Una de las últimas medidas afectó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal representación de la patronal empresarial en el país.
