Para Monserrat Cortés, vivir en la colonia de Palo Alto, en el oeste de Ciudad de México, ha significado el acceso a vivienda digna y asequible, y también a una importante batalla colectiva por sostenerla.
“Mucha gente no alcanza a comprender lo que eso significa. Venimos de un estrato social muy reprimido y bajo. Sin este modelo, no podríamos tener este nivel de vida”, aseguró a IPS esta madre de dos hijos, que se dedica al cuidado del hogar y a estudiar leyes en una universidad privada.
La colonia, como se llaman localmente a los barrios, está habitado actualmente por 3000 personas, se sitúa en la demarcación (municipio) de Cuajimalpa y emergió sobre una antigua mina de arena, que tras su extenuación su dueño intentó vender, sin tomar en cuenta a los trabajadores migrantes que laboraban y habitaban.
Un grupo de 130 socios fundaron la Cooperativa de Vivienda Unión Palo Alto en 1972 sobre una superficie de 4,6 hectáreas, la primera de su tipo en México. La movilización y una demanda judicial desembocaron en la obtención del terreno en 1973.
Con sus manos y el empuje colectivo, los nuevos propietarios construyeron en 1975 las primeras 30 casas, entregadas por sorteo o contribución por trabajo. En esa labor, las mujeres desempeñaron un papel fundamental. Por eso, el agradecimiento de la cooperativa a mujeres como Cortés, cuyo abuelo fue minero.
La colonia cuenta con un centro comunitario, en remodelación; una biblioteca, vandalizada en 2020; una iglesia, un dispensario, remodelado por el gobierno capitalino, y una venta de tortillas de maíz, alimento indispensable en México.
“Los más vulnerables, quienes no tienen empleo formal, han sido abandonados por las políticas mercantilistas de la vivienda y los trabajadores que cotizan en el sistema gubernamental han obtenido unas viviendas de mala calidad y lejanas”: Silvia Emanuelli.
Cuando surgió la colonia, lo que había en el entorno eran potreros, pero ahora se convirtió en una de las áreas más lujosas en la metrópoli y donde el metro cuadrado de terreno cotiza en dólares y es de las más altos en América Latina.
El acuerdo de entonces era simple pero complejo. Ningún socio podía o puede comprar o vender, y cada uno tiene un certificado de aportación, mientras que la titulación es colectiva.
Prensada entre rascacielos de apartamentos y oficinas, Palo Alto, que hoy tiene 174 socios, parece una anomalía de urbanización colectiva y social.
De hecho, nunca hubo un impulso gubernamental por fomentar la vivienda social en la zona y, además, su edificación tuvo más planeación que el vecino barrio de Santa Fe, sede de condominios de lujo, centros comerciales y hoteles cinco estrellas, levantada sobre antiguos basureros.
Una entre tantas paradojas consiste en que son variados los habitantes de Palo Alto que laboran en los edificios del vecino Santa Fe.
Del mercado a la intervención
La experiencia de la cooperativa ilustra las peripecias de la lucha por el acceso a la vivienda en un país de unos 129 millones de habitantes y su capital, Ciudad de México, donde viven más de ocho millones de personas y que superan los 20 millones, si se suman las áreas conurbadas.
La ciudad que se ha vuelto mercancía inmobiliaria ha hecho de la especulación y la gentrificación sus insignias y donde el sentido social de la vivienda ha quedado relegado.
En el primer semestre de 2023, el Programa de Vivienda Social de la gubernamental Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) repartió 5475 apoyos por 72,53 millones de dólares y de los cuales 1674 financiaron la autoproducción de vivienda, 3379 la reconstrucción, 1598 la reubicación y solo una la adquisición.
Estas subvenciones representan la mitad de las entregas de 2022, así que se augura que podrían igualar el nivel de ese año, pero distan mucho de la necesidad de atención al déficit de vivienda en México,
Aunque hay avances en esta década, la ruta sigue empinada para resolver un problema histórico en esta nación latinoamericana.
“Los más vulnerables, quienes no tienen empleo formal, han sido abandonados por las políticas mercantilistas de la vivienda y los trabajadores que cotizan en el sistema gubernamental han obtenido unas viviendas de mala calidad y lejanas”, señaló Silvia Emanuelli, coordinadora para América Latina de la no gubernamental Coalición Internacional del Hábitat.
En entrevista con IPS en Ciudad de México, donde está la sede regional, la experta recalcó en que estas políticas han sido problemáticas y que, desde 2018 con el arribo del gobierno actual, ha habido un cambio importante, pues “se ha enfocado en estas personas olvidadas”.
En 2020, México tenía 35,22 millones de viviendas, en crecimiento sostenido desde 1990, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2021 había en México 8,5 millones de viviendas en rezago habitacional, como se califica y cuantifica en México a las unidades habitacionales en condición de precariedad, por su construcción, por su habitabilidad o por ambas características. Esas viviendas eran habitadas por unos 34 millones de personas, según cifras de Conavi.
Una cuarta parte de la población total de México enfrenta algún tipo de riesgo en su habitabilidad, como deslave, o vive en hacinamiento. Las áreas rurales concentran 45 % de las viviendas en rezago, las urbanas, 37,5 %, y las zonas en transición, 17 %.
El déficit se superpone con los territorios más pobres, pues los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y el suroriental Tabasco agrupan la mayoría de casos.
Los datos muestran que 71,6 % de las viviendas requiere apoyo para mejoramiento, 16,3 %, para sustitución; y 12,1 %, para ampliación.
A ellos se agregan las casas abandonadas, que la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sitúa en 650 000, pero el Inegi eleva a más de ocho millones.
El boom inmobiliario de este siglo ocasionó la edificación de complejos residenciales en zonas carentes de servicios, alejadas de los centros urbanos y laborales, así como azotadas por la violencia.
Desde 2015, la tendencia a la compra de viviendas viene en baja, mientras que la de mejoramiento de las existentes muestra un síntoma similar desde 2014, debido al encarecimiento de los materiales, los efectos de la pandemia de covid que surgió en enero de 2020 y el encarecimiento de los créditos.
Rodeadas de obstáculos
En muchos aspectos, el caso de Palo Alto es paradigmático, pues también retrata las dificultades de la existencia de cooperativas de vivienda.
Reconocidas por la Ley General de Sociedades Cooperativas y la de Fomento Cooperativo de Ciudad de México, vigentes desde 1994 y 2006, respectivamente, esta figura enfrenta retos, especialmente por la posesión colectiva inmobiliaria y que obstaculiza acceso a financiamiento, por ejemplo.
Algunas cooperativas desaparecieron en el intento y otras han surgido desde 2021, pero eventualmente enfrentan las mismas peripecias.
“Psicosis” es el concepto que utiliza Fernando Gutiérrez, presidente del concejo vecinal de Palo Alto, para diagramar la situación geográfica del barrio, rodeado de edificios.
“Hemos sido una colonia autogestiva, solidaria. Acá lo tenemos todo, seguridad, agua, luz, situaciones que son problemáticas en otros lugares. Pero quieren comprar (la tierra) y hay grandes presiones”, declaró este ex piloto de camiones remolque e hijo de uno de los fundadores.
Lo que algunos vecinos definen como “salvaje oeste” urbano ha hecho mella en la cooperativa, que sufrió la cancelación de su registro como tal en 1994, por denuncia de un grupo de disidentes, y en consecuencia el inicio del proceso de liquidación en 2002.
Estos socios demandan la posesión de sus casas, para su venta. La comisión liquidadora presentó propuestas en 2012, 2015 y 2021 que se basaban en la venta, opción que el grueso de socios rechaza y cuya alternativa es la adquisición de las viviendas en disputa, a una cotización social.
Políticas insuficientes
Actualmente, el gobierno mexicano aplica el Programa Nacional de Vivienda 2019–2024, que promueve su función social, para mejorar las condiciones de vida de la población, a través de cinco objetivos prioritarios, 21 estrategias y 145 acciones.
Entre los objetivos figuran la garantía al ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos más vulnerables; el fomento con el sector social y privado de condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda y la instauración de un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio.
Aunque los apoyos para vivienda social y de mejoramiento residencial han aumentado en cantidad y montos desde 2002, no han bastado para enfrentar la tendencia al déficit.
El acceso a suelo representa un elemento crítico para la construcción de casas, pues México carece de políticas de suelo o de políticas de recuperación de la renta del suelo, para compensar el aumento del valor de las viviendas por la inversión en el entorno urbano, como parques, transporte público y mantenimiento de calles.
El estudio Vivienda, Reto en América Latina, de julio de 2022, elaborado por la empresa inmobiliaria LaHaus y el Laboratorio de Economía Urbana del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), estima que México requerirá de 120 000 hectáreas anuales para construcción durante los próximos 20 años.
Emanuelli subrayó la falta de una política de suelo, enfocada a asegurar que ese bien esté por debajo del precio de mercado para las viviendas, especialmente para las de interés social.
“Deberíamos mezclar una serie de posibilidades, una política de suelo real, pensando en controlar el mercado y no permitir que el suelo crezca con el precio de la vivienda por arriba del crecimiento del salario”, planteó.
La especialista sugirió también la regulación del alquiler para equilibrar derechos entre ambas partes, la creación de un alquiler social, en el que el Estado mantenga la propiedad y permita que sea conforme a la capacidad de pago, medidas para asentamientos precarios, para su prevención en lugar de su regularización.
El estudio sobre la situación regional calcula que México necesitará la construcción de 814 000 unidades anuales durante los próximos 20 años, de las cuales 600 000 cubrirán el crecimiento, otras 100 000 para sustitución y una cantidad similar, para enfrentar el déficit.
En realidad, el país ronda esas cifras, pero muchas construcciones se producen de manera informal y sin los requisitos de habitabilidad adecuados.
