La familia del preso ahorcado este miércoles en Singapur por ser cómplice en el tráfico de un kilogramo de marihuana denuncia que las autoridades no cedieran a reabrir el caso pese a «las débiles pruebas» en su contra y procedieran con el castigo capital pese a los llamamientos de organizaciones humanitarias y de la ONU.
EFE
«Pese a todos nuestros esfuerzos y nuestra lucha durante los pasados años para que mi hermano tuviera un juicio justo, el Gobierno ha mostrado no tener piedad», subraya hoy en un comunicado Leela Suppiah, hermana del ejecutado, Tangaraju Suppiah, en representación de su familia.
Tangaraju, singapurense de origen tamil, fue ejecutado mediante la horca, el método empleado por Singapur, alrededor de las 6.00 de la mañana hora local (22.00 GMT) en la prisión isleña de Changi, tras haber sido condenado a muerte en 2017 por «ser cómplice en una conspiración para traficar» 1 kilo de marihuana de Malasia a Singapur en 2013.
No obstante, él y sus abogados afirmaron que nunca vio o tocó las drogas y que fue involucrado por terceros por unos intercambios por teléfono cuyo contenido tampoco se presentó en el juicio.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, urgió ayer a las autoridades singapurenses a que detuvieran la ejecución ante las dudas sobre si el proceso tuvo las necesarias garantías.
«Muchas personas, ciudadanos corrientes, grupos de derechos humanos, la delegación de la Unión Europea en Singapur, han elevado su voz contra una ejecución basada en pruebas tan débiles, y aun así la han llevado a cabo. Quedan muchas preguntas sin respuesta. No ha recibido justicia», añade el comunicado familiar.
El singapurense es el primer ajusticiado este año en la ciudad-Estado, donde la pena capital se aplicó a 11 reos durante 2022, entre ellos un preso con discapacidad intelectual acusado de traficar con heroína, tras una hiato de dos años por la pandemia de covid-19.
Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), calificó hoy la ejecución de «escandalosa e inaceptable», mientras el director regional adjunto de Amnistía Internacional (AI), Ming Yu Hah, aseguró que «muestra una vez más el absoluto fracaso de la obstinada adopción de la pena de muerte en Singapur».
El país asiático tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del mundo y contempla la pena de muerte para un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana.
