El abuso policial en procedimientos de rutina se pudiese medir en varias escalas, desde la retención del documento de identidad hasta la solicitud de dinero ¨bajo cuerda¨ para que se puedan marchar. Además de incurrir con la vulneración de los derechos humanos del ciudadano en el ejercicio de las funciones policiales.
Caracas. La noche gozaba de nubes con vista a la luna, los lugares nocturnos a reventar como otro viernes al sur de la ciudad, Marlon Pérez* salía de su trabajo un día de marzo y se dirigía a su casa mientras lo esperaban su esposa e hija, sin embargo, a unos cuantos kilómetros de su hogar, los interceptaron unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un procedimiento de rutina, lo que Marlon no esperaba era que su vida daría un vuelco ese día.
Los funcionarios revisaron a diestra y sin respeto sus pertenencias, Marlon de 31A al ver el atropello que estaban cometiendo, decide hacerle frente, pero estos procedieron con una agresión verbal que posteriormente pasó a la física.
Lo esposaron y llevaron a la estación policial más cercana, prosiguieron con la agresión física hasta que fue procesado y presentado al Ministerio Público en un período de presentación cada quince días por tres meses por el cargo de Resistencia a la Autoridad.
El miedo de Pérez a denunciar la noche más negra de su vida es muy similar a lo que ocurre en el día a día con los venezolanos. El temor a delatar estos actos por represalias o que vaya de mayor magnitud, que le entorpezcan la vida a una persona, es el propio reflejo de una ciudad en las sombras. Pese a que actualmente no se manejen cifras oficiales, solo estadísticas de ONG en el país, ha generado que la situación se convierta en un ¨secreto a voces¨ y el miedo inunda cada persona, por lo que confiar en los funcionarios se ve cada día cuesta arriba.
Aunque, en la Gaceta Oficial Nº 42.458, con fecha del 8 de septiembre, destaca que se permite que un ciudadano pueda grabar un procedimiento policial para dejar constancia que todo se realice acorde a ley, pero esto no sucede en todos los casos actualmente.
“Los ciudadanos y ciudadanas, en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, podrán efectuar grabaciones de video o audio de los procedimientos a que sean sometidos en los puntos de control por parte de la autoridad policial o militar, sin que puedan ser compelidos a no hacerlo”, expresa su artículo 20.
En el mismo sentido, la norma señala ¨ la retención de documentación y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente podrá ejecutarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, esto es, ante la comisión flagrante de un delito o por orden judicial, y demás legislación vigente aplicable que así lo establezca ¨.
Por tal sentido, el equipo de Lapatilla.com logró conversar con un abogado del Ministerio Público para visibilizar los canales de denuncia para que otro venezolano no sea de nuevo un “Marlon Pérez”.
Una vez que haya pasado la situación, el afectado deberá acudir a la sede principal del cuerpo policial para poner la denuncia, mostrar videos, fotos y matrícula del vehículo oficial. Por otro lado, podrá acudir al Ministerio Público, Dirección a Derechos fundamentales ( el área que evalúa el comportamiento policial con los civiles) y exponer su caso, teniendo en cuenta que si el funcionario amedrenta o amenaza al civil, también podrá exponerlo en este departamento.
Las leyes que amparan al ciudadano en todo momento serán el código orgánico procesal penal y el Art. 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde sugiere que las personas deberían chequearlos para mantenerse enterados ante cualquier tipo de eventualidad.
Los números de atención al ciudadano son el 911 y el de derechos fundamentales que a según reza en su cuenta web, (58+ 212) 509 7244 / 509 7464.
Que el temor no se apodere de quien exija sus derechos.
Es necesario que recuerdes que bajo ningún concepto un funcionario no deberá:
Retener ni quitarte la cédula de identidad.
Revisar tu cartera, bolsos y bolsillos.
Un funcionario no puede verificar a una mujer, exceptuando que sea otra mujer.
Cuando se comprueba un vehículo, un oficial lo hará con previa autorización y supervisión del dueño, mientras que los demás oficiales salvaguardarán la zona.
Si a un sujeto lo esposan en algún procedimiento, ningún funcionario podrá agredirlo.
Los oficiales no tienen derecho de tocar y revisar el celular de una persona a menos que haya una orden de un juez.
Un funcionario no tiene permitido tomarle foto a tu cédula o anotar tus datos personales.
Siempre los funcionarios deberán de dirigirse a la ciudadanía con respeto acorde a los DDHH.
*El nombre del afectado tuvo que ser cambiado por miedo a represalias, al igual que no realizó la denuncia formalmente, pese a que se siga presentando eventualmente al MP. *
