A dos años de que los primeros venezolanos comenzaran a ser beneficiados con el programa de parole humanitario que les ha permitido la entrada legal a Estados Unidos, la incertidumbre sobre su situación legal no deja de crecer ante las dudas de que el estatus que hasta ahora los amparaba y les permitía acceder a un permiso de trabajo no sea prorrogado.
Aunque la Administración Biden no ha emitido un anuncio oficial que defina cuál será el curso legal de estas personas, funcionarios estadounidenses y documentos internos obtenidos por CBS News aseguran que el panorama podría ser desalentador y que el Gobierno estadounidense no prorrogará el estatus legal bajo el que viven hoy en el país unos 117.000 venezolanos.
En octubre de 2022, el programa abrió para los ciudadanos venezolanos que, a través del amparo de un patrocinador en Estados Unidos, podían entrar al país con una autorización de dos años para vivir y trabajar legalmente. En enero de 2023, el programa se extendió a haitianos, nicaragüenses y cubanos, quienes el año que viene estarían enfrentando la misma situación de incertidumbre.
La información obtenida por CBS News asegura que el Departamento de Seguridad Nacional “ha decidido no ofrecer a los venezolanos prórrogas de la libertad condicional, o lo que el Gobierno denomina re-parole”. Los funcionarios también explicaron que a los venezolanos en esta situación “se les dará avisos instruyéndoles para solicitar otro beneficio de inmigración o salir del país”. Aunque no está claro si la deportación pudiera ser una posibilidad, lo cierto es que actualmente el Gobierno de Nicolás Maduro —con unas relaciones completamente al límite con el Ejecutivo de Joe Biden— no recibe vuelos de deportaciones desde Estados Unidos.
Además del parole humanitario, los ciudadanos venezolanos pueden aplicar a otros programas que les permite una estancia legal en el país: el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para quienes llegaron antes de julio de 2023 o el asilo para los que tienen pruebas de que han enfrentado persecución por cuestiones políticas, raciales, religiosas, entre otras. Por el momento todo está por definir sobre un programa vilipendiado y cuestionado por el ala republicana y que, según cifras oficiales, ha beneficiado a unos 530.000 migrantes de los cuatro países.
Un programa en la mira de Trump
El programa de parole humanitario constituyó una de las estrategias de Biden para controlar la crisis migratoria en la frontera sur, uno de los temas fundamentales en los debates presidenciales, y en el que tuvo lugar entre vicepresidentes hace unos días. Los esfuerzos de Joe Biden por detener el flujo migratorio han ido desde abrir el programa de parole, aumentar las deportaciones o implementar políticas en la frontera que han disminuido los encuentros en más de un 50%.
Lo que pase en noviembre próximo también podría definir el curso de este programa, que desde sus inicios ha sido blanco de críticas. No solo el Gobierno Federal fue demandado por 21 Estados republicanos que aseguran que el programa los obliga a invertir sumas millonarias en atención médica, educación y seguridad pública para los inmigrantes; también tuvo que ponerse en pausa en una ocasión por acusaciones de fraude ante el mal uso de números de seguro social, direcciones y números de teléfono por parte de los patrocinadores.
Esta narrativa ha encajado de manera perfecta en el discurso republicano, y especialmente en el del candidato Donald Trump, quien no vaciló para amenazar con que, de ser presidente, expulsaría a 1,3 millones de inmigrantes que han llegado legalmente a través del parole humanitario y de la solicitud de asilo a través de las citas con la aplicación móvil CBP One desde México, una vía con la que han llegado unos 800.000 inmigrantes.
