La Corte Penal Internacional (CPI) celebró este martes 7 de noviembre en La Haya la primera de las dos audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones por el recurso presentado por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En la segunda sesión de la jornada las partes abordaron los alegatos sobre el supuesto error de la Sala de Cuestiones Preliminares al no exigir al Fiscal de la CPI de no tomar en cuenta los documentos presentados por Venezuela en español.
Los representantes del régimen chavista argumentaron que es la Fiscalía de la CPI la que tenía la obligación de traducir estos documentos a alguno de los idiomas oficiales de la Corte, es decir inglés o francés.
«El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo, porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres», argumentó el abogado británico Ben Emmerson, que representa al régimen de Maduro.
Otro argumento insólito usado por el chavismo en la audiencia fue que haber traducido las más de 25.000 páginas de documentos presentadas hubiese tenido un costo muy alto y tomaría demasiado tiempo.
Sin embargo, esta postura fue rechazada por los la Fiscalía y por la Oficita de Defensa de las Víctimas, que recordaron que Venezuela podía haber solicitado oficialmente que el proceso se llevara adelante en español, pero no lo hizo.
