LIMA – “A veces la minería no puede convivir con la agricultura ni la ganadería”, reflexionó Genaro Aguilar, un campesino de 80 años de la comunidad campesina San Antonio, en el municipio de San Mateo de Oteo, en las alturas de Huarochirí, una provincia de la región de Lima, en Perú.
Su comunidad está conformada por cerca de 280 personas que viven de la agricultura familiar y la ganadería a pequeña escala y son mayoritariamente nativas o mestizas.
El río Rímac, que nace en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes es su fuente principal de agua y a la vez de la amenaza a la salud de la población por la alta contaminación de metales pesados que transporta, debido a relaves mineros en la cuenca alta.
En entrevista con IPS desde su localidad, ubicada a más de 3100 metros sobre el nivel del mar (msnm), Aguilar describió la angustia que experimentan de saber que están consumiendo agua que no es saludable por contener plomo, cobre y arsénico entre otros metales, en niveles preocupantes.
“Nosotros regamos nuestros cultivos con esta agua que automáticamente ingresa a la tierra, eso significa que la planta que sembremos, por ejemplo, la papa, va a producir un alimento contaminado. Y así con la oca (Oxalis tuberosa), el olluco (Ullucus tuberosus), las habas, el maíz que son para nuestro consumo”, alertó.
La exposición permanente a esta contaminación tiene impacto en la salud de las personas. “Los niños tienen la piel con escaras, así es cuando se tiene plomo y arsénico en la sangre. También afecta los huesos y más todavía a las mujeres gestantes”, indicó.
“Nos preocupa la presencia de metales pesados como el plomo, cadmio y arsénico. Este último lo hemos encontrado en todos los puntos analizados del río. Además, se ha hallado aluminio y cobre entre otros elementos, que superan los estándares de calidad ambiental”: Edwin Berrospi.
Las denuncias de Aguilar no se basan solo en experiencias y percepciones, sino en los resultados del estudio “Análisis de riesgos e impactos ambientales de la actividad minera en la cuenca alta del río Rímac”, presentados el 16 de julio en el unicameral Congreso Legislativo con el apoyo de la congresista Ruth Luque, representante del andino departamento de Cusco e integrante de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
El estudio lo hizo posible el esfuerzo conjunto de la Plataforma de Defensa y Promoción del Medio Ambiente de la Cuenca Alta del Río Rímac, de la que Aguilar forma parte al igual que otros pobladores de localidades afectadas; la no gubernamental Red Muqui, y las católicas Comisión Episcopal de Acción Social, la Diócesis de Chosica y Cáritas.
La metodología de la investigación tuvo carácter participativo: las instituciones conformaron el equipo técnico que diseñó el trabajo y lo socializó con la Plataforma para incluir sus aportes.
Un objetivo central era proporcionar a la población afectada información sustentada científicamente con la cual formular propuestas de remediación a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
La crisis de metales del Rimac se produce en un país que tiene a la minería una base fundamental de su economía: aporta en promedio 20 % de sus ingresos, 15 % de su producto interno bruto (PIB) y 60 % de sus exportaciones, en una actividad que se concentra en los departamentos de los Andes y en los minerales de zinc, plomo, estaño, oro, cobre, plata y molibdeno.
De río hablador a río que grita contaminación
Conocido como el “río hablador”, la cuenca del Rímac supera los 3300 kilómetros desde su nacimiento en las alturas andinas por sobre los 5000 msnm hasta su desembocadura en el océano Pacífico.
En su recorrido de 160 kilómetros el Rimac atraviesa llanuras andinas, valles altoandinos y la zona costera desértica. Tiene además la importancia de abastecer 69 % del agua superficial a Lima, la capital peruana, con más de 11 millones de habitantes de los 33 millones del país.
Pero en el caso de las aguas del Rimac que llegan a la capital, estas son procesadas en la planta La Atarjea donde pasan por un sistema de tratamiento para tornarlas potables y que sean aptas para el consumo humano. Eso sí, no hay precisión oficial que indique que el fluido también se libera de los metales pesados que acumula en su travesía.
Las muestras para el estudio de la cuenca alta se tomaron en áreas donde según información del Ministerio de Energía y Minas existen 386 pasivos ambientales mineros en la parte alta de la cuenca del río: 114 desmontes mineros, 133 bocaminas, 19 relaves y 90 pasivos diversos, fuentes todas de riesgo ambiental y social para la población.
El ingeniero Edwin Berrospi, coordinador del área socioambiental de la Red Muqui y quien actuó como asistente técnico del proceso de investigación del estudio, informó a IPS que para la recogida de las muestras se identificaron tres zonas estratégicas donde están los pasivos ambientales mineros.
La minería tuvo presencia en la zona desde la colonia española con la explotación del plomo, plata, cobre y zinc, en una actividad que siguió tras la independencia y sigue hasta la actualidad. Sin embargo, las autoridades, a lo largo de la historia, no se hicieron cargo de los impactos generados en el ambiente y en la salud de la población.
“Cuando uno va río arriba, donde ya no se ve la carretera central, ahí están los verdaderos relaves que están depositados a la intemperie y son un verdadero peligro”, advirtió Berrospi.
Las zonas de estudio fueron Chinchán, Tamboraque y Pacococha-Millotingo en la provincia de Huarochirí, donde se monitoreó la calidad del agua superficial del río y se analizaron los sedimentos y relaves mineros.
“Nos preocupa la presencia de metales pesados como el plomo, cadmio y arsénico. Este último lo hemos encontrado en todos los puntos analizados del río. Además, se ha hallado aluminio y cobre entre otros elementos, que superan los estándares de calidad ambiental”, sostuvo el ingeniero.
Ante esa constatada realidad, “las autoridades deben tomar las medidas necesarias para hacer el tratamiento o la remediación”, sostuvo.
Berrospi detalló que es de especial preocupación el relave depositado en Tamboraque, ubicado en San Mateo y al borde del río Rímac, porque con esas aguas se riegan los cultivos de las familias y se da de beber a los animales.
También preocupa la zona al margen izquierdo, Millotingo, donde están a la intemperie todos los relaves en los cauces principales que vienen hacia el río Rímac. “La contaminación es muy grave”, remarcó.
Agregó que algunas iniciativas de remediación en Tamboraque no tienen impacto sustancial en la reducción de la contaminación.
“Familias de comuneros están consumiendo agua de estas fuentes que están en torno a la minería y principalmente de los relaves mineros. Con razón se preguntan si ya están contaminados con algún metal, porque se alimentan de cultivos irrigados con esa agua”, señaló el especialista.
Berrospi respaldó la demanda de la población afectada de que el Ministerio de Salud les realice pruebas para evaluar el nivel de plomo en la sangre, especialmente de la infancia.
“La respuesta de las autoridades es decir que no hay presupuesto, pero el Estado no puede desligarse de su responsabilidad de proteger a la población expuesta a esta contaminación de tantos años”, exigió.
Indolencia incomprensible
Genaro Aguilar asegura que seguirá luchando por un río sin contaminación, por la remediación de la salud de las familias de la comunidad campesina de San Antonio, y por el derecho a vivir en un ambiente seguro. Sus hijas y nietos viven en Lima, él se quedó junto con su esposa por amor a la Pachamama, el nombre con que quechuas y aymaras llaman a la tierra.
Recordó que hace unas décadas producían semillas de papa nativa y las llevaban a otras provincias, pero que eso ya no es posible por la pérdida de fertilidad de los suelos, pese a que la abonan con guano de sus animales de manera permanente.
“Es terrible esta indolencia de las autoridades, nos quieren condenar a una muerte lenta por contaminación. Me pregunto por qué el gobierno es tan insensible. Pero vamos a seguir exigiendo y luchando nuestros derechos”, puntualizó.
El Estado peruano cuenta desde 2018 con Lineamientos de política sectorial para la atención integral de la salud de las personas expuestas a metales pesados, que corresponde aplicar al Ministerio de Salud. Sin embargo, el desafío es su implementación, hasta ahora muy limitada.
La Defensoría del Pueblo ha venido recomendando al Estado que fortalezca su política pública frente a los pasivos ambientales de la actividad minera.
El más reciente pronunciamiento de la Defensoría es del año 2023 en que recomienda, entre otros puntos, que los diferentes sectores involucrados articulen acciones y que se destine el presupuesto necesario para poder realizarlas, a fin de atender la contaminación en el ambiente y garantizar la salud de las poblaciones afectadas.
ED: EG
