La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo giró el pasado 16 de enero una nueva disposición que restringe a todos los turistas ingresar con cámaras fotográficas y lentes a Nicaragua, así como la prohibición de binoculares de visión nocturna, los cuales podrán ser retenidos por los agentes fronterizos en conjunto con la Policía Nacional. La medida ha sido adoptada después que reporteros y documentalistas llegaran al país para registrar la represión que atraviesan los nicaragüenses desde 2018.
“Esto podría llamarse la ‘coreanización’ de Nicaragua”, dice el exdiputado exiliado en Costa Rica, Eliseo Núñez, en referencia a la cerrazón de la dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte. “Esto va más allá incluso de lo que hace el régimen cubano y el chino con los turistas… Y tiene como objetivo cerrar a Nicaragua a cualquier ojo que pueda observar desde fuera. La prohibición de cámaras es algo que podría sonar inútil ante los celulares de última generación, pero el régimen apuesta a que quien llegue con celular tampoco va a andar de forma permanente buscando información. Sin embargo, lo más dramático es cómo cierran el país”.
El régimen sandinista justificó la prohibición del ingreso de binoculares de visión nocturna aduciendo que es un equipo de “uso privativo” del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, dos instituciones señaladas de reprimir con armas de fuego las protestas sociales. “Los binoculares que no obtengan la constancia de no regulación por la Policía Nacional y que no sean retirados por el viajero dentro de los tres meses posteriores a la retención, serán remitidos mediante acta de entrega a la autoridad superior de la Policía”, advierte la institución.
En el caso de las cámaras, los turistas podrán ingresar “un aparato fotográfico y un anteojo de larga vista”. “Las cantidades superiores a las permitidas, aclara la entidad aduanera, estarán sujetas al cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicables”, establece la DGA. No obstante, fuentes del sector aduanero sostienen que, más que una medida de recaudación de impuestos, el régimen sandinista estaría utilizando esta ley “con fines políticos para impedir el trabajo de periodistas o documentalistas”.
El comunicado de la autoridad aduanera lleva adjunto un largo inventario de modelos de cámaras fotográficas, de cine y lentes que no pueden ser ingresados a Nicaragua. El país ha sufrido un bajón considerable del turismo internacional durante la crisis sociopolítica. Este sector ha sido históricamente uno de los principales empujes de la economía y, hasta ahora, la cámara de turismo privada ni los empresarios dedicados a actividades relacionadas al avistamiento de aves o aventura fotográfica han dicho nada sobre la prohibición.
“La circular de la DGA presenta una lista muy detallada de equipo fotográfico y de cine de las tres principales marcas, que son Canon, Sony y Nikon. El detalle importante es que son equipos de alta gama, pensados para profesionales, y probablemente un turista normal no tiene acceso a ese tipo de equipos porque son muy caros”, dice a EL PAÍS Carlos Herrera, uno de los fotorreporteros más reconocidos de Nicaragua. “Esta medida es un mecanismo más de censura contra periodistas o documentalistas que intenten registrar el clima de opresión que vive el país”, insiste.
El aval lo da la exnuera de la pareja presidencial
El comunicado instruye que un turista o un viajero que desee ingresar con cámara fotográficas o equipos de filmación “profesionales o aficionados” deben pedir un aval ante la Cinemateca Nacional, dirigida por Idania Castillo, exnuera de la pareja presidencial, y muy cercana a la vicepresidenta Rosario Murillo. Durante el punto más álgido de la represión policial y paramilitar contra las protestas sociales en 2018, Castillo era la encargada de atender las solicitudes de la prensa internacional y remitirle los comunicados de presidencia.
La exesposa de Juan Carlos Ortega-Murillo, hijo de Ortega y Murillo, ha ganado mucho peso en el círculo de hierro de la pareja presidencial –abuelos de sus nietos–, al punto que en octubre de 2022 la Asamblea Nacional reformó la Ley Creadora de la Cinemateca Nacional y la facultó a fiscalizar las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en Nicaragua. La ley incorporó un nuevo capítulo en el que se crea un Registro de Actividad Cinematográfica Audiovisual, en el que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la actividad cinematográfica y audiovisual, se deberán inscribir.
Ese ente autónomo “podrá prohibir el desarrollo, exhibición pública, comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como en el decomiso de los mismos, en caso que no cumplan con esa ley, de acuerdo con la legislación”. Es decir, insisten los cinematógrafos, una mordaza a la libertad creadora en un contexto donde se han publicado una serie de documentales sobre la represión, la persecución y el exilio provocado por los Ortega-Murillo. También algunos periodistas han logrado burlar el cordón migratorio que impide el ingreso a Nicaragua y publicar historias sobre la persecución de las voces disidentes, a falta de reporteros nacionales que se han exiliado o trabajan muy bajo perfil para evitar ser apresados.
“De cierta manera restringir algunos equipos ya se hacía de facto”, afirma Herrera. “En el comunicado de la DGA citan una ley aduanera que fue publicada en el año 2000, pero lo que pasa es que no siempre la aplicaban. Obviamente en estos tiempos hay mayor interés en esto, incluso para controlar también a los nacionales… Entonces, vemos que utilizan leyes que tienen otros propósitos para tomar decisiones políticas. En otros países no se necesita este tipo de procesos para poder ingresar con un equipo fotográfico o cinematográfico. Con que se vea que el equipo está en uso y explicas que sos fotógrafo o periodista es suficiente”, explica el fotorreportero.
