Un nuevo proyecto de Ley de Migración abre la puerta al Gobierno cubano para despojar de la ciudadanía a quienes disienten del sistema, siguiendo el modelo de países como Nicaragua, donde cientos de opositores políticos a Daniel Ortega han sido privados de su nacionalidad. El documento, publicado esta semana por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y que ha causado polémica, dice que los cubanos “no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas”, entre las que están “alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país, o desde el extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba”.
Ahora estaría en manos del presidente y del Ministerio de Interior de Cuba (Minint) la decisión de quién puede estar privado o no de su condición de ciudadano, ya que “son las autoridades en materia de ciudadanía, competentes para resolver los expedientes administrativos sobre adquisición, pérdida, privación, renuncia y recuperación de la ciudadanía cubana”. De ser así, el gobernante Miguel Díaz-Canel estaría facultado y amparado ante la ley para decidir quién mantiene o no el estatus de ciudadano cubano, algo que podría perjudicar particularmente a muchos de los que disienten por motivos políticos, y que integran una larga lista activistas, periodistas, artistas o personal médico o deportivo, entre otros.
La propuesta legislativa, cuyo borrador ya ha sido publicado pero que está pendiente de ser aprobada, pone sobre la mesa otra posibilidad hasta ahora negada a los cubanos: la de renunciar a la ciudadanía. Hasta hoy, los cubanos que poseen ciudadanías extranjeras están prohibidos de entrar al país con otro pasaporte que no sea el cubano, por lo que, de ser posible, se haría realidad el reclamo de muchos en el exterior. No obstante, el documento aclara que quienes opten por esta decisión “no pueden identificarse en Cuba como ciudadanos cubanos, y a los efectos de la entrada y salida al país están sujetos a la presentación del pasaporte extranjero correspondiente, exigencia de visado y los documentos de viaje que correspondan”. Ante las dudas y temores de muchos, directivos del servicio de Inmigración y Extranjería del MININT insistieron en la Televisión Nacional que “el principio establece que los cubanos no pierden la ciudadanía cubana por tener otra. No se va a tomar ninguna medida en el país en relación con eso”.
La futura Ley de inmigración cubana aviva el debate en varios sentidos: ¿en realidad beneficia o perjudica a los cubanos?; ¿quién podrá ser despojado de su condición de ciudadano?; ¿se vienen más restricciones de derechos? Estas son algunas preguntas sobre la mesa en el espacio público. Lo que es indudable, en medio de la mayor crisis migratoria en la historia de la isla, que alcanza la cifra de más de medio millón de cubanos en los últimos tres años, es que el Gobierno quiere empezar a fiscalizar su diáspora. “Ha llegado el momento para determinar dónde residen los cubanos”, dijo a la prensa oficial un alto funcionario del MININT sobre una ley que busca “regular un sistema migratorio actualizado”, pero que hasta hoy se hace confusa incluso para los expertos.
Aunque la nueva ley sigue haciendo una clara distinción entre los cubanos que viven dentro de Cuba y los que viven en el extranjero, el documento insiste en que busca “un tratamiento a los cubanos [residentes en el exterior] cuando se encuentran en el territorio nacional similar al de los cubanos residentes”. Es una manera a la que podría estar acudiendo el Gobierno para acercar al país a su diáspora, por tantos años vilipendiada, pero que ha sido un importante emisor de remesas y podría jugar un papel decisivo en el impulso del sector privado, el último reducto del país para salvar la economía, que vive una fuerte crisis.
Para algunos cubanos fuera de la isla, sin embargo, la ley también supone un respiro. En 2020, ante las restricciones en los aeropuertos de todo el mundo por la crisis de coronavirus, el Gobierno de Cuba puso en pausa una ley que despojaba de su condición de residente cubano a cualquier ciudadano que permaneciera en el exterior por más de dos años. Si un cubano demoraba más de ese tiempo en regresar al país, perdía automáticamente su estatus de residente, lo que suponía la pérdida de varias garantías como la obligación del Estado de proporcionarle atención médica o educación gratuitas, o el derecho al sufragio electoral, o la posibilidad de tener patrimonio en el país. Esta nueva ley, a primera vista, beneficiaría a aquellos que alarguen su estancia, suprimiendo “el tiempo de estancia de 24 meses en el exterior y la designación de migrante por esta razón, a partir de la nueva definición de residencia efectiva migratoria”. Por años, miles de cubanos perdieron su estatus de residente y fueron a ocupar la condición de “emigrados”, un hueco en el que caían todos los que estuvieran fuera por más de dos años y que se extingue con la nueva ley.
El derecho a propiedad, tantas veces puesto en riesgo, es otro tema que preocupa a los cubanos y puede dejar de ser una amenaza, como sí lo ha sido en épocas pasadas. Familias enteras, por años, perdieron tierras, casas, autos y otras propiedades al permanecer fuera del país por más tiempo del autorizado. Según puede verse en la futura ley, los cubanos podrán heredar y tener propiedades en la isla, siempre que cumplan con lo establecido. Pero qué beneficios reales tendrán, o cómo perjudica a los ciudadanos cubanos esta ley, es algo que muchos no se atreven a asegurar hasta que se ofrezcan más detalles.
