La Organización de las Naciones Unidas (ONU) gestionó 65,9 millones de dólares para luchar contra el hambre en Venezuela en 2022, según el informe anual del organismo difundido este lunes, en el que, además, detalla los aportes hechos a sectores como la salud y la educación.
El documento, que rinde cuenta del marco de cooperación entre la ONU y el Estado venezolano, muestra los resultados alcanzados el año pasado a través del trabajo humanitario y del apoyo a mecanismos para el desarrollo.
Para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número dos, que llama a los países a poner fin al hambre en el año 2030, la ONU “ejecutó” 65,96 millones de dólares en 2022 a través de 46 proyectos, señala el escrito, en el que no se explica la procedencia de los fondos.
Asimismo, se invirtieron 49,3 millones de dólares en el área de salud y bienestar y 47,7 millones en educación, entre otras cantidades menores para un total de 187,5 millones de dólares “ejecutados por la ONU con base en lo reportado” en el marco de cooperación.
La organización considera que en 2022 hizo tres “grandes aportes” para el logro de los ODS en el país: “llegar a las personas más vulnerables” con algún tipo de asistencia, apoyar la recuperación socioeconómica -luego de ocho años de contracción- y “contribuir al diálogo social y abordar los derechos humanos”.
El año pasado, la ONU recibió 309,6 millones de dólares para la ayuda humanitaria en Venezuela, lo que representa el 38,9 % de los fondos que requirió y con lo que alcanzaron a 2.800.000 personas con necesidades urgentes.
En otro orden, hace dos semanas, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) le exigió al régimen de Nicolás Maduro combatir la trata de personas y la violencia de género en Venezuela.
Tras examinar al Estado durante su último periodo de sesiones, el órgano de Naciones Unidas publicó sus conclusiones sobre el país caribeño; y manifestó su “preocupación por la falta de una ley específica y exhaustiva sobre la trata de personas y por el retraso en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas”.
Además, recomendó combatir el reclutamiento forzoso, y la trata de mujeres y niñas por grupos armados irregulares, en particular en el contexto del arco minero del Orinoco, y a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia, e investigar todas las denuncias de formas contemporáneas de esclavitud.
En este sentido, pidió a Venezuela que “elabore un protocolo para la pronta identificación y remisión de las mujeres y niñas víctimas de trata a los servicios apropiados, especialmente en las zonas fronterizas”.
También solicitó a las autoridades que asignen “fondos suficientes para garantizar servicios de apoyo adecuados a las víctimas de trata, incluidos refugios, asesoramiento psicosocial, programas de reintegración y acceso efectivo a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado para quienes pudieran necesitar protección internacional”.
