Los resultados del proceso de renovación del “Poder Moral” en Venezuela, donde fueron ratificados los funcionarios Tarek William Saab, Alfredo Ruiz y Gustavo Vizcaíno «es una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en general, para las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela», alertaron ONG pertenecientes a Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento.
A través de un comunicado, aseguraron que durante la gestión de Tarek William Saab en la Fiscalía y de Ruiz en la Defensoría «han ocurrido graves violaciones de derechos humanos en el país».
Dichas actuaciones que «ha incluido la comisión de crímenes contra la humanidad, estimularon la apertura de una investigación sobre Venezuela por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional«.
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento alertó que el nombramiento y ratificación de estos funcionarios en sus puestos «constituye un preocupante aval a la impunidad y el reconocimiento gubernamental que, lejos de evitar su repetición, el Estado venezolano está dispuesto a mantenerlos en el futuro«.
COMUNICADO ÍNTEGRO:
Los resultados del proceso de renovación del llamado “Poder Moral” en Venezuela, donde fueron ratificados los funcionarios Tarek William Saab para la Fiscalía General de la República, Alfredo Ruiz para la Defensoría del Pueblo y fue designado el ciudadano Gustavo Vizcaíno para el cargo de Contralor General de la República es una mala señal para las víctimas de violaciones de derechos humanos y, en general, para las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela
Luego de la destitución en el Ministerio Público de Luisa Ortega Díaz por la irregular Asamblea Nacional Constituyente, en julio de 2017, este ente paralelo designó de forma ilegal a Tarek William Saab como Fiscal General de la República. Luego de siete años, la gestión de Saab ha sido distinguida por las violaciones al debido proceso, tanto de las personas detenidas por delitos comunes como de los presos políticos venezolanos, la absoluta ausencia de independencia respecto al poder ejecutivo y el uso de recursos públicos con fines personales. Anteriormente Saab se había desempeñado como Defensor del Pueblo. Las graves omisiones de sus funciones en este cargo motivaron a que la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por sus siglas en inglés) decidiera degradar a categoría B a la Defensoría del Pueblo de Venezuela, debido a que no cumplía con su deber en defender los derechos de los venezolanos.
En septiembre del año 2021 la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela incluyó al Ministerio Público, bajo la rectoría de Saab, en un informe que concluye que, junto a los jueces y juezas, los fiscales habían desempeñado un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias, omitiendo actuar como contrapeso de otras autoridades del Estado perpetuando la impunidad de los crímenes cometidos. El organismo de Naciones Unidas también señaló que los fiscales habían recibido instrucciones directas sobre cómo investigar, lo que contó con la participación de los funcionarios a sabiendas que se cometían violaciones al debido proceso. Por ello la Misión concluyó que la Fiscalía también ha tenido una actuación clave en las detenciones arbitrarias, y se abstuvo de actuar cuando presenció, o tuvo conocimientos, de actos de tortura contra los detenidos. “En lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos –asegura la Misión-, el sistema de justicia ha jugado un rol destacado en la represión del Estado contra las opositoras y los opositores al Gobierno”.
Vale recordar que en octubre de 2023, en el marco del Examen del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre Venezuela, los Expertos cuestionaron a Saab al señalar que “jamás habían visto a un fiscal general defender de tal forma al gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia”.
Para el caso de la Defensoría del Pueblo la ratificación de Alfredo Ruiz, quien ejerce el cargo desde el año 2017, es inconstitucional, ya que el artículo 280 de la Carta Magna establece explícitamente que las designaciones para ese puesto se realizarán “por un único período de siete años”. Ruiz había sido un conocido defensor de derechos humanos, dirigiendo la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, donde hizo carrera denunciando el abuso policial y los casos de torturas contra detenidos de los sectores populares. Sin embargo su gestión, que ha transcurrido en la peor etapa para los derechos humanos en Venezuela, ha estado caracterizada por las omisiones y por el silencio, sin ningún tipo de independencia respecto a otros poderes, especialmente de las actuaciones del Ministerio Público. A pesar que por ley preside la Comisión Nacional Contra la Tortura, no se conoce que se haya iniciado investigación por alguna de las denuncias de tortura presentadas en esa institución o por denuncia pública, pues la ley le faculta para actuar por iniciativa propia. La Misión de la ONU concluyó sobre esta institución: “las acciones reportadas por la Defensoría del Pueblo en relación con el gran número de denuncias, quejas y peticiones que recibe, están muy lejos de cumplir con su función constitucional de promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos”.
Durante la gestión de Saab en la Fiscalía y de Ruiz en la Defensoría han ocurrido graves violaciones de derechos humanos en el país, que ha incluido la comisión de crímenes contra la humanidad, que estimularon la apertura de una investigación sobre Venezuela por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en una decisión inédita para América Latina.
Por último Gustavo Vizcaíno, hasta su nombramiento como Contralor General de la República, era el Director del Servicios Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), institución que sin debido proceso y notificación alguna, ha anulado el pasaporte de más de un centenar de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales, a través de lo que la Misión ha calificado como un mecanismo de represión o táctica coercitiva “suave” y que vulnera diferentes derechos de estas personas.
Otro punto a destacar es que el rol de Contralor está directamente vinculado a la rendición de cuentas, la transparencia del presupuesto público y la buena administración del Estado. El Saime, bajo la dirección de Vizcaíno, ha carecido por completo de estos principios. Su administración ha sido opaca, no hay acceso a sus presupuestos y licitaciones, no se conoce la estructura de costos de los pasaportes tarifados en $200, miles de venezolanos dentro y fuera del país siguen sin poder regularizar sus documentos de identidad, y nunca hubo explicaciones técnicas sobre la caída de la plataforma durante junio y julio de 2023, al cambiar de empresa proveedora.
Luego del desconocimiento de la voluntad popular que se manifestó en las elecciones presidenciales del pasado 28-J, estas violaciones no sólo se han mantenido, sino que se han agravado en su naturaleza y magnitud, en actuaciones estatales que fueron descritas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de “Terrorismo de Estado”. Esto, bajo la tolerancia, anuencia y complicidad de las dos principales instituciones que formalmente deberían proteger los derechos ciudadanos.
El nombramiento y ratificación de estos funcionarios en sus puestos constituye un preocupante aval a la impunidad y el reconocimiento gubernamental que, lejos de evitar su repetición, el Estado venezolano está dispuesto a mantenerlos en el futuro. Ante la imposibilidad de conseguir algún nivel de protección en las instituciones nacionales a sus derechos, la sociedad venezolana debe seguir buscando contención y disuasión en el trabajo de los organismos internacionales con mandato en la protección a los derechos humanos.
En un futuro, cuando los mecanismos de justicia transicional sean posibles para Venezuela, Tarek William Saab, Alfredo Ruiz y Gustavo Vizcaíno deberán ser investigados por su responsabilidad tanto en las violaciones de derechos humanos como en los delitos contra la humanidad ocurridos bajo su gestión.
