Las investigaciones por la corrupción en torno a la dictadura venezolana son innumerables. La larga lista de sancionados incluye a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández, señalados por Estados Unidos como testaferros de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Maduro.
Un informe realizado por el equipo de investigación del diario El Nacional revela la sofisticada estrategia de los hermanos Morón Hernández para evadir las pesquisas en su contra por el tráfico de oro, coltán y otros minerales valiosos.
Según el periódico venezolano, los testaferros de Nicolasito llevaron adelante una “paciente y minuciosa ‘limpieza digital”. El objetivo: hacer “desaparecer la verdad”.
La estrategia constó de dos etapas. En la primera, “desindexaron” los contenidos, y en la siguiente “aparecieron” en las redes sociales otros perfiles con los nombres homónimo a los Morón Hernández.
El posicionamiento orgánico (SEO) permitió a los testaferros instalar en esos falsos perfiles, también llamados “cibermuñecos de paja”, en los primeros resultados de los principales buscadores como Google y Bing, y otras plataformas.
“Mientras más difíciles sean de encontrar, con más certeza devienen en fantasmas y no se pueden investigar sus operaciones”, afirma el equipo de investigaciones de El Nacional.
Los principales perfiles falsos en aparecer fueron los del chef Santiago José Morón Hernández y del psicólogo Ricardo José Morón en 2019. Más adelante, crearon otras dos cuentas de Santiago José Morón Hernández: uno se presentaba como joyero y el otro como alfarero, ambos nacidos en Venezuela.
Respecto al alfarero, el perfil indica que se dedica a “hacer piezas precolombinas” y sostiene que pertenece a una familia tradicional de artesanos. Sin embargo, no provee información sobre dónde se pueden comprar sus productos.
El supuesto joyero, en tanto, afirma que tiene 30 años de trayectoria en el rubro. El Nacional, no obstante, informa que una persona colombiana que hace más de un año dejó un comentario en el blog con la intención de comprar una pieza, reveló que nunca la atendieron ni recibió respuestas.
Nicolasito fue sancionado por Estados Unidos en 2019. El entonces secretario del Tesoro Steven Mnuchin señaló que el dictador “depende de su hijo Nicolasito y de otros cercanos a su régimen autoritario para mantener el dominio de la economía y reprimir al pueblo de Venezuela”
Según detalló el Tesoro en su comunicado, Nicolasito también participó en actividades de propaganda y censura, “y se ha beneficiado de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores”. Además, indicó que a principios de 2019, Maduro Guerra estaba diseñando una estrategia para presionar a las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas para que negaran la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, calificándola como un intento de socavar la democracia venezolana: “También trabajó para aumentar la censura de la infraestructura de telecomunicaciones de Venezuela, enmarcando la censura como necesaria debido a las actividades del gobierno de Estados Unidos”.
El entramado familiar de los Morón-Hernández
Ricardo José, Santiago José y María José son los tres hijos del matrimonio de Ricardo Pastor Morón Crespo y Morela Ramona Hernández de Morón.
Ricardo Pastor, nacido en 1950, fue quien estuvo a cargo de registrar la empresa Constructora Cresmo C.A. en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado de Miranda en marzo de 1987.
Así, sus hijos figuran en múltiples oportunidades como fundadores, a pesar de tener tan sólo 6 años en el caso de María José -también conocida como Mache-; 5, en el de Ricardo José; y último Santiago José, con apenas 4.
Años más tarde, sin embargo, María José tomó las riendas de la constructora hasta que se mudó a Madrid.
Las autoridades de Estados Unidos ordenaron que los bancos implementen una serie de bloqueos sobre sus cuentas aunque se desconoce de cuánto dinero se trata. Sin embargo, algunas propiedades parecen haber sido salvadas de ello, principalmente las viviendas en Florida en las que vivían los padres que, al haber sido traspasadas a una empresa familiar que desde 2018 alternó constantemente sus dueños, para 2020 -cuando entraron en vigor las sanciones- ya estaban en mano de otros propietarios.
La lista de inmuebles es larga. En 2009 la pareja compró un estudio valuado en 400.000 dólares que, diez años más tarde, vendió casi por la misma suma, 398.000 dólares. También, adquirieron un departamento de dos habitaciones y 115 metros cuadrados estimado en 228.000 dólares que también vendieron en 2019, antes de ser sancionados.
A su vez, en 2013 se hicieron de una casa de 286 metros cuadrados y cuatro habitaciones con un precio estimado de 580.000 dólares que, en 2018, fue transferida a Holdings 17th LLC y, posteriormente, fue vendida por 556.000 dólares.
Sin embargo, las investigaciones apuntan a que más de una de estas ventas habrían sido, en realidad, auto traspasos ya que, por ejemplo, el mismo matrimonio Morón-Hernández figuraba entre los directivos de la inmobiliaria Holdings. Luego, la empresa pasó a manos de Carlos Shrek Hernández y, actualmente, está manejada por Bianca Márquez.
Los otros dos hijos Morón Hernández tomaron caminos no muy lejanos a este sector. Santiago José es abogado y Ricardo José, ingeniero civil. Éste ha trabajado, a su vez, como corredor de bolsa y agente financiero.
Se desconoce cómo se originó su amistad con Nicolás Ernesto Maduro Guerra aunque, la mayoría de las teorías apuntan a que su cercanía haya surgido a raíz de conexiones desde el estado Zulia -aunque los registros oficiales los expongan como vecinos de la urbanización Valle Abajo en la ciudad de Caracas-.
Un sinfín de contratos
En 2002, tras la huelga petrolera que estalló en el país, Ricardo José cobró gran protagonismo en la Constructora y asumió muchas responsabilidades que habían sido abandonadas por las contratistas que cesaron sus actividades para adherir al paro.
Fue entonces cuando Cresmo C.A. recibió el placet del entonces presidente, Hugo Chávez, junto con algunos contratos. A esto se sumaron proyectos y obras de Fondur, Metro de Maracaibo y Ducolsa -Desarrollos Urbanos S.A., una empresa estatal asentada en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo-.
También estuvo a cargo de la construcción y rehabilitación de distintas obras en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia.
En medio de esas adjudicaciones de proyectos, fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas en 2007.
Uno de estos proyectos causó polémica cuando a mediados de 2011 el entonces diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, denunció en el diario Versión Final que 10 de los 12 edificios que habían sido asignados a un proyecto residencial habían sido entregados sin finalizar. Entre otras carencias, les faltaban los ascensores y los servicios esenciales.
A pesar de ello, la Constructora Cresmo recibió recibió el contrato por para la construcción de una nueva cárcel en el estado Zulia, por fuera del Registro Nacional de Contratistas y sin cumplir con el sistema de asignación.
Para esa época, la ministra de Sistema Penitenciario, Iris Varela, y Francisco Arias Cárdenas, el gobernador de Zulia, fueron los encargados de presentar el proyecto como respuesta al hacinamiento carcelario que había sido criticado en múltiples oportunidades.
Cresmo recibió, para ello, 20 millones de dólares a comienzos de 2013 y comenzó de inmediato con la construcción del centro de reclusión. Incluso, Varela aseguró que el edificio estaría listo ese mismo año. Sin embargo, a los pocos meses el trabajo se paralizó debido al encarecimiento de materiales y mano de obra, según explicó la constructora.
Un año más tarde le fueron asignados otros 12,4 millones de dólares para que fuera terminado y el mismo Ricardo José dijo en febrero de 2015 que la obra terminaría meses más tarde, en noviembre.
“Trabajamos desde las 7:00 de la mañana y no tenemos hora de salida. Es un proyecto importante que construimos a todo tren. Tenemos la responsabilidad de entregar algo de calidad y debemos respetar la fecha de entrega”, declaró al diario Panorama.
Pero, como era de esperarse, en agosto la obra fue abandonada completamente, incluso habiendo cobrado por adelantado el 70% del contrato -cerca de 40 millones de dólares-. Firme en su defensa, desde Cresmo apuntaron contra los vecinos por robar piezas sanitarias y vigas de acero y los culparon, también, del derrumbe a mandarriazos de las paredes.
Entre las ruinas que permanecían en el terreno había casi 15 mil dólares plasmados en 17,5 toneladas de acero que habían sido comprados a mediados de ese año a la colombiana Steckerl Aceros.
Las obras no fueron las únicas faltas de la empresa. Los trabajadores también llevaron a cabo siete demandas por irregularidades en la cancelación de las prestaciones sociales, todas las cuales debieron ser abonadas en compensación.
Demandas en Bogotá
El escándalo traspasó la frontera de Venezuela. La ex fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció desde Madrid -donde ahora solicita asilo político- que Nicolás Maduro y Varela habían recibido un soborno por 45 millones de dólares a cambio de un contrato de construcción de un centro penitenciario.
Ricardo José, fastidiado por esta investigación que correspondía al Ministerio Público, denunció en Bogotá a la ex fiscal, a quien acusó de “haberlo calumniado”. De hecho, la Fiscalía 127 de la capital colombiana estaba dispuesta a abrir una investigación contra la ex fiscal.
“Ricardo José Morón Hernández, copropietario de la Constructora Cresmo, me denunció ante la Fiscalía de Colombia porque dije que esa empresa le entregó a Iris Varela, entonces ministra del Servicio Penitenciario, 45 millones de dólares por asignarle la construcción de un centro de reclusión en el Zulia que nunca se terminó. Me denuncia porque dije que el Ministerio Público a mi cargo investigó a los propietarios de la empresa, a Iris Varela y Nicolás Maduro Guerra. La obra nunca fue construida y el dinero no fue devuelto. Un delito grave. La investigación fue abierta en el 2016, pero no siguió desde que me vi forzada a dejar el cargo y abandonar precipitadamente el país en 2017″, comentó al respecto.
Ortega Díaz había señalado también que esta sería la punta del iceberg. Comentó que sólo en la red de corrupción asociada con la compañía multinacional brasileña Odebrecht, Venezuela había perdido más de 35.000 millones de dólares y, a su vez, Maduro había recibido multimillonarios sobornos a cambio de otorgar obras a la constructora recomendada por Luiz Inácio Lula da Silva.
Una serie de medidas legales
Aquella no fue la única acción legal tomada. En enero de 2022, Maduro asentó otra demanda, esta vez en contra de Tamara Suju, una activista por los derechos humanos y ex representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la República Checa.
Un año antes, Suju había apuntado en su cuenta de Twitter que “Nicolasito” era ahora quien encabezaba la “banda mafiosa” de su padre, el dictador Maduro, luego de que Alex Saab fuera capturado en Cabo Verde.
“La estructura de la mafia la pasaban a encabezar Maduro Guerra y los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, mano derecha del mandatario nacional, con el fin de mantener el control por las pugnas internas que hay en la banda criminal” que Nicolás Maduro encabeza y “seguir negociando lo que queda en el BCV, el oro y riquezas, petróleos, etc”, se leía en su perfil.
Estos mensajes estaban acompañados de imágenes de Nicolás Maduro, Álex Saab, los hermanos Rodríguez y Maduro Guerra junto con Santiago José Morón Hernández.
Ante esto, Nicolás Maduro aseguró que las “declaraciones falsas de Suju atentaban contra su honor y constituían afirmaciones de extrema gravedad” y le exigió a la activista que se retractara en sus dichos a fin de evitar “la vía penal y civil para solicitar una indemnización”.
Suju, sin embargo, se mantuvo firme en su postura, ratificó sus acusaciones y se negó a conciliar. “No voy a conciliar con una tiranía. No tengo nada que conciliar con quienes han hecho que Venezuela sufra la peor crisis humanitaria que ha tenido el continente americano en su historia, con quienes han asesinado, detenido, torturado y violado a venezolanos, con quienes se aprovechan de las riquezas de Venezuela para enriquecerse, corromper y financiar partidos en el exterior”, denunció.
La justicia de España dispuso el plazo de un año -que vence este mes- para que Maduro Guerra decidiera si formalizaba la demanda o una querella en contra de la denunciante por calumnias e injurias.
