El mundo es hoy día más pequeño y más estrecho para Nicolás Maduro. El informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación, comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló directamente y sin cortapisas al jefe revolucionario como inductor y/o contribuyente en delitos de lesa humanidad, que van desde las ejecuciones extrasumariales hasta las torturas y detenciones ilegales .
“Estaban al tanto de los crímenes (Maduro y los ministros Néstor Reverol y Vladimir Padrino López), dieron órdenes, coordinaron actividades y proveyeron recursos para ejecutar planes bajo los cuales los crímenes fueron cometidos”, relató el informe.
“Estamos ante un hecho histórico y trascendental, un caso inédito. Y pudiera ser un antes y un después si lo utilizamos para movilizar a los organismos internacionales y hacemos valer el informe. Es un emplazamiento directo a los estados de la ONU, a jueces y fiscales, no solo a la Corte Penal Internacional (CPI), para que actúen. Lo nunca visto”, dijo la fiscal Luisa Ortega Díaz al diario argentino La Nación, desde su exilio en Colombia.
Ya hace tres años quien dirigiera el Ministerio Público con Hugo Chávez y con Maduro presentó ante la CPI las pruebas de los casi 8.000 homicidios a manos de agentes de la seguridad del Estado cometidos en 2016 y parte de 2017.
En esta ocasión, la repercusión de la acusación contra Maduro y sus dos generales favoritos, Padrino López (ministro de Defensa y el más poderoso entre los militares) y Reverol (ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz), va mucho más allá de la CPI y su polémica fiscal.
Ortega encontró un paralelismo con la acción judicial llevada a cabo por el antiguo “superjuez” español Baltasar Garzón, quien en 1998 ordenó detener en Londres al exdictador Augusto Pinochet, por los delitos de genocidio, torturas, desaparición y terrorismo internacional.
Pinochet se encontraba entonces en Londres para someterse a una operación discal, lo que aprovechó el juez de la Audiencia Nacional para reclamar su detención, comenzando un litigio que durante meses mantuvo pendiente al mundo. El chileno regresó a su país en marzo de 2000, pero la atrevida acción del juez dejó jurisprudencia en el camino. Ironías de la vida, Garzón es actualmente el abogado defensor del millonario colombiano Alex Saab, testaferro de Maduro, quien lucha en una cárcel de Cabo Verde para no ser extraditado a Estados Unidos, que además acaba de congelarle 700 millones de dólares.
La gran diferencia, añadió Ortega, es que se está ante hechos que en Venezuela siguen ocurriendo y van en aumento. “Es una política de Estado”, subrayó.
“La Misión de Determinación de Hechos recomienda a países miembros de esa organización que consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra individuos responsables por violaciones y delitos señalados en el informe, de conformidad con su legislación”, explica el internacionalista Mariano de Alba.
Solo un ramillete de países, hasta ahora, han aplicado el principio de jurisdicción internacional. “Buscando juzgar crímenes graves cometidos fuera de su territorio y que podrían acoger la recomendación”, añade De Alba. Y los cita: Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Bélgica e Israel.
“El informe además es un insumo importante para la investigación preliminar que adelanta la CPI. No es vinculante para su Fiscalía, pero sí tiene un gran valor y es un documento que muy probablemente tendrá un peso superior a cualquier otra comunicación que ha recibido la Fiscalía”, dice el internacionalista venezolano.
En su primera reacción, Estados Unidos demostró su entusiasmo ante la contundencia de un informe que desnuda el imperio de terror construido por el chavismo para mantenerse en el poder: “No estamos acostumbrados a ver un informe tan fuerte viniendo desde la ONU. Extraordinario”, señaló Elliott Abrams, enviado especial de Washington para Venezuela.
Fueron los propios agentes quienes descubrieron la implicación directa de Maduro en los crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), un exempleado reveló que quienes señalaban a los perseguidos eran el propio Maduro y Diosdado Cabello, número dos del chavismo.
¿Qué viene ahora? “Si la justicia venezolana (imposible) no investiga los delitos, la CPI y países con jurisdicción universal determinarán si ellos juzgan a los responsables”, respondió Francisco Cox, uno de los tres miembros de la Misión de la ONU.
La detención de Saab durante una escala en Cabo Verde prendió la alerta roja entre los jerarcas chavistas, que han reducido al mínimo sus viajes. Incluido Maduro, que ni siquiera ha regresado a Cuba, isla a la que acude cada poco tiempo para conversar con Raúl Castro y con el presidente, Miguel Díaz-Canel. La sombra de Pinochet es hoy mucho más alargada.
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