Ya apareció Ricardo Prada Vásquez, y apareció en el lugar al que nadie quiere que lo envíen. El venezolano de 32 años, a quien familiares y amigos buscaban desde hace días, está en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña a la que el Gobierno de Donald Trump mandó unos 252 migrantes venezolanos acusados de criminales.
El País de España | Carla Gloria Colomé
“Me dicen que también apareció en El Salvador y relacionado con el Tren de Aragua”, confirma un amigo suyo en Estados Unidos que prefiere no identificarse por temor a que le suceda lo mismo. El nombre de Prada no está ni en los registros de los centros de detención estadounidenses ni en el sistema de localización de detenidos de ICE, tampoco en las listas que publicaron los medios días después de que tres aviones despegaran desde Texas y aterrizaran en Centroamérica con cientos de reclusos a bordo. Sin ningún rastro de Prada, sin que hasta ahora se supiera si estaba vivo o muerto, se abre el interrogante de si en realidad hay muchas más personas deportadas que las que el Gobierno ha estado dispuesto a admitir.
Gris Vogt, una estadounidense de origen mexicano que está en contacto con familiares de Prada y que, a través de su cuenta de Tik Tok da voz a personas enviadas al CECOT, confirmó el hallazgo del hombre a EL PAÍS “Desde el 14 de marzo la familia no sabía nada de Ricardo, y tenían mucho miedo a hablar. Pero no es el único caso, hay mucha gente buscando todavía a sus familiares”, añade.
Este martes, cuando el caso de un detenido por ICE desaparecido saltó a la prensa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció públicamente en la red social X que el joven “fue expulsado” a El Salvador el 15 de marzo, el mismo día que se enviaron a los primeros 238 detenidos. La información del Departamento, a modo de respuesta a un artículo publicado por The New York Times, tilda de “falsa la publicación y asegura que, tras la detención de Prada y una posterior investigación, llegaron a la concusión de que “era una amenaza para la seguridad pública por ser miembro confirmado de TdA (Tren de Aragua) y violar sus condiciones de admisión”.
El 15 de enero, a cinco días de que Trump llegara a la Casa Blanca, Prada —un repartidor de comida a domicilio en Detroit, Míchigan, que había entrado a Estados Unidos legalmente en noviembre de 2024 a través de la aplicación CBP One— fue detenido cuando se dirigía a entregar un pedido de McDonald’s. Por equivocación, cruzó el puente colgante Ambassador, que se alza unos 118 metros sobre el río Detroit y que une a esa ciudad estadounidense con Windsor, en la provincia canadiense de Ontario.
Cuando intentó volver a entrar a los Estados Unidos, Prada, padre de un niño de cuatro años, fue detenido por las autoridades. Primero se supo que el venezolano estaba en el centro penitenciario del condado de Calhoun, al oeste de Míchigan. Luego, que había sido trasladado a un centro de detención de ICE en Ohio. Más tarde, al centro de detención de El Valle, en Texas, el mismo lugar desde el que partieron los vuelos de deportados que Trump gestiona desde inicios de su segunda presidencia.
Desde el 27 de febrero, día en que le dieron una orden de deportación, Prada sabía que probablemente sería expulsado del país, pero siempre creyó que iba a llegar a Caracas, lo mismo que pensaron decenas de otros detenidos que, sin que nadie les notificara, en realidad aterrizaron en el país de Nayib Bukele. Los familiares han denunciado la poca transparencia o la falta de comunicación con los detenidos y algunos solo supieron que sus hijos o hermanos estaban en el CECOT por los tatuajes o rasgos físicos que pudieron divisar en las imágenes difundidas desde la prisión. Días después, los medios de comunicación hicieron públicas las listas de los deportados a El Salvador. La gente que buscaba a Prada nunca lo vio en los videos, ni en ningún registro que les devolviera información sobre su estancia.
Pero él no es el único recluso del que se desconoce su paradero. Gris Vogt asegura que ha ayudado a otras madres venezolanas y salvadoreñas a localizar a sus hijos en cárceles de Nueva York o Baltimore, tras semanas sin saber absolutamente nada de ellos. Neiyerver Adrian Leon Rengel, un barbero venezolano de 27 años que fue detenido el pasado 13 de marzo en Dallas, es otro de los nombres que nunca aparecieron en la famosa lista de deportados. Sus familiares supieron por una publicación en Instagram que había sido detenido por ICE. Cuando el 16 de marzo llamaron al centro de Hidalgo, donde se encontraba, las autoridades comunicaron que lo habían trasladado. No fue hasta el 24 de marzo que la agencia federal les confirmó que había sido deportado a su país de origen, El Salvador.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), organización que investiga estas deportaciones y también ha registrado otros casos de deportados cuyos nombres no aparecen en ninguna lista, asegura a EL PAÍS que estas deportaciones no solo violan el debido proceso, sino que son “desapariciones forzadas”. “Desde el punto de vista del derecho internacional, eso es un delito, una violación de derechos humanos grave”, sostiene.
Según Pappier, resulta inconcebible que hasta hoy el Gobierno no haya emitido una lista oficial de nombres de deportados, más allá de la revelada por la prensa. También apunta que, solo hasta que Bukele propuso a su homólogo Nicolás Maduro intercambiar detenidos por presos políticos, se supo que en realidad había en total 252 venezolanos deportados en El Salvador.
Un primer vuelo de deportados partió el 15 de marzo con 238 reclusos. El 31 de marzo, el Departamento de Estado comunicó que otros 17 presuntos pandilleros habían sido deportados al país centroamericano. Y el 13 de abril, el ministro de Seguridad de El Salvador dijo que habían recibido a otras 10 personas provenientes de Guantánamo. De algunos de ellos, los familiares no tienen noticias hasta hoy. “Los familiares no tienen porqué estar dependiendo del trabajo de periodistas para descubrir dónde están sus seres queridos”, afirma Pappier. “Hay una obligación del Estado de dar a conocer el paradero de estas personas. Esto es de una gran crueldad y genera un sufrimiento brutal en los familiares”.
