El pasado 28 de marzo una tragedia sacudió a Latinoamérica: 40 migrantes murieron en un centro de detenciones en Ciudad Juárez, frontera entre México y Estados Unidos. El dolor recorrió el continente, mientras el gobierno de López Obrador prometía investigar
La venezolana Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para América Latina, y el abogado Carlos Lusverti, coordinador general de Amnistía Internacional en Venezuela lo advienten: otra tragedia puede ocurrir si el gobierno mexicano no implementa cambios estructurales y apegados a la defensa de los derechos humanos.
«Este terrible evento no es una casualidad sino el resultado de políticas migratorias reñidas con los derechos humanos y plagadas de corrupción en impunidad. Las autoridades mexicanas tienen la obligación de prevenir tragedias como esta y de actuar diligentemente para evitar consecuencias fatales», manifestó Lusverti.
Los expertos coincidieron en que las políticas de los gobiernos de México y Estados Unidos —y, en algunos casos, Canadá— están basadas en la militarización. También, en el uso generalizado de la detención por motivos de inmigración, expulsiones aceleradas y criminalización de defensores de los derechos de las personas migrantes.
Migrantes encendieron velas durante una vigilia fuera de las instalaciones del centro donde ocurrió el incendio, en Ciudad Juárez | Foto AFP
«Por una parte, tenemos a Estados Unidos, que es el destino para la mayoría. Allí cerraron la puerta al derecho de solicitar asilo y han tomado medidas contra las personas de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. Por otra parte, está México, que acepta terminar implementando el muro que soñaba Donald Trump», dijo Jiménez.
¿Los dejaron morir?
La tragedia en Ciudad Juárez se pudo haber evitado.
Un video difundido en las redes sociales evidenció que hubo negligencia por parte de los custodios. Mientras se propagaban las llamas —que se iniciaron luego de que un migrante prendió fuego a unos colchones durante una posible protesta contra la deportación, según la información oficial—, los oficiales no abrieron las rejas para que pudieran salir las personas detenidas, que estaban recluidas en condiciones precarias y de hacinamiento.
Tanto WOLA como Amnistía Internacional exigen que se determinen las responsabilidades.
La presidenta del centro de estudios recordó que en México han ocurrido hechos graves y que por años migrantes y refugiados así como organismos internacionales y de la sociedad civil han denunciado la violación reiterada de los derechos humanos, tanto de quienes cruzan hacia Estados Unidos como de quienes deciden quedarse en México.
Amnistía Internacional, subrayó Lusverti, ha denunciado abusos policiales, tortura y otros malos tratos infligidos en los centros de detención de extranjeros en México y países de la región, como una muestra de que las autoridades aplican políticas regresivas que menoscababan los derechos de los refugiados y migrantes, en contravención de sus obligaciones conforme al derecho internacional.
«Pedimos a los gobiernos de la región que pongan fin a la detención arbitraria de personas refugiadas y migrantes por razón de su situación migratoria, y deben protegerlas frente a la devolución y las expulsiones masivas, y garantizar la atención de las necesidades básicas de protección de las personas migrantes y refugiadas», instó Lusverti.
