Bruselas reforma Eurojust, la agencia europea judicial, para que este organismo recoja, analice y preserve audios, vídeos, fotos o imágenes de satélite con vistas a un futuro juicio.
La Comisión Europea ha dado otro paso este lunes para evitar que los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania queden impunes. El organismo presidido por Ursula von der Leyen ha aprobado un proyecto de reforma de Eurojust, la agencia de cooperación judicial europea, para permitir que ese organismo asuma la custodia legal de las pruebas recabadas sobre el terreno y cuya seguridad e integridad no están garantizadas si permanecen en zona de guerra. El cambio, que debe ser aprobado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo para que entre en vigor, convertirá a Eurojust en un búnker centralizado de datos y documentos para ser compartidos con la justicia internacional, la de Ucrania o la de otros países, en caso de que decidan imputar a mandos o tropas del Ejército ruso.
Eurojust pasará así de ser un mero apoyo para las investigaciones en curso por parte de las autoridades ucranias y de varios países europeos, a convertirse en el almacén central de todas las pruebas recabadas sobre el terreno. La reforma del reglamento de Eurojust permitirá a la agencia recoger, analizar y preservar pruebas relacionadas con crímenes internacionales. El mandato abarcará la custodia de todo tipo de fuentes, desde documentos, vídeos o fotografías a imágenes tomadas por satélites.
En el caso de Ucrania, el almacenamiento seguro de todas esas pruebas supone un importante esfuerzo económico y logístico, probablemente inviable para un país en plena guerra contra la invasión rusa. El número de crímenes presuntamente cometidos también parece hacer imprescindible la ayuda internacional.
La propuesta de la Comisión prevé una financiación adicional para Eurojust de 15 millones de euros para el periodo 2022-2027, incluidos medio millón de euros anuales para la gestión de los datos y del archivo. En términos de recursos humanos, Bruselas calcula que se necesitarán 16 empleados de alta cualificación y a tiempo completo para hacerse cargo de esa base de pruebas. Los perfiles laborales necesarios incluyen expertos en cooperación judicial, juristas con formación lingüística, expertos legales, técnicos informáticos y oficiales de enlace con el Tribunal Penal Internacional (TPI), y con las organizaciones de la sociedad civil.
Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión del área de Justicia, considera imprescindible reforzar el mandato y la estructura de Eurojust “a fin de garantizar que dispone de los instrumentos necesarios para afrontar la magnitud de las atrocidades cometidas en Ucrania”. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha señalado que “desde el comienzo de la invasión rusa, el mundo ha sido testigo de las atrocidades cometidas en Bucha, Kramatorsk y otras ciudades ucranias; los responsables de estos crímenes de guerra deben rendir cuentas de sus actos”.
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