La Unión Europea (UE) se prepara para adoptar la próxima semana sanciones contra altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela en respuesta a las últimas decisiones del régimen de renovar, por medio de una sentencia judicial, el órgano electoral venezolano a solo meses del llamado a elecciones para escoger a los diputados al Parlamento, revelaron a DIARIO LAS AMÉRICAS en exclusiva, fuentes conocedoras del tema.
Por FRANK LÓPEZ BALLESTEROS / diariolasamericas.com
Los europeos no ocultan su frustración al ver que sus esfuerzos por promover un diálogo que permita destrabar la crisis que afecta al país sudamericano se pierden en el camino, conforme Maduro arrecia su política de control y represión, y Estados Unidos endurece su postura para acelerar la caída del régimen, pero la situación permanece en un punto muerto.
Las sanciones serán aprobadas contra al menos una decena de funcionarios e implicará la prohibición de viajar a los países de la UE, la inmovilización de bienes y congelamiento de cuentas, detallaron las fuentes a DIARIO LAS AMÉRICAS.
Este grupo se sumará a las 25 incluidos desde 2017 en una lista de sancionados que ocupan cargos oficiales y fueron responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia en Venezuela, detalló una de las fuentes bajo condición de reservar su identidad por la sensibilidad de las discusiones.
El anuncio de las restricciones llegaría esta última semana de junio, aunque puede retrasarse hasta el 17 y 18 de julio cuando se celebre el Consejo Europeo extraordinario.
No ha sido un asunto sencillo para algunos gobiernos europeos y sus ministros de exteriores lograr que la UE avance en la imposición de sanciones contra jerarcas del chavismo o el Estado venezolano, como vienen insistiendo en los últimos meses, reveló una de las fuentes. Los representantes de la política exterior del bloque querían dar una oportunidad al diálogo en Caracas, pero ese propósito no se ha materializado.
El 13 de noviembre de 2017, el Consejo de la UE adoptó medidas restrictivas en vista del continuo deterioro de la democracia en Venezuela y el empeoramiento de la crisis en ese país.
En noviembre de 2019 la UE de los 28, con Reino Unido aún en el bloque, prorrogó las medidas restrictivas que aplicó contra Venezuela por un año, hasta el 14 de noviembre de 2020. Entre las sanciones se incluyó el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como restricciones a personalidades del régimen.
Entre las figuras del chavismo sancionadas por Bruselas se encuentran el presidente del Supremo chavista, Maikel Moreno, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tareck William Saab y la ahora expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.
Este lunes, 29 de junio, se reúne en Bruselas el Grupo de Trabajo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX) de la UE, que se ocupa de cuestiones legales, financieras e institucionales de la política internacional del bloque, entre ellas, lo relacionado al régimen de sanciones. La situación de Venezuela está en la lista del debate que tendrá lugar.
Presión a la vista
El alto representante de la UE para la Política Exterior, el español Josep Borrell, ha criticado en los últimos meses la postura de Maduro para impedir negociaciones creíbles que conduzcan a unas elecciones libres y limpias para solucionar la crisis política e institucional de Venezuela, la cual se ve reflejada en el éxodo de casi cinco millones de venezolanos a lo largo de América del Sur y Europa.
El 10 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -controlado por jueces adeptos a Maduro- emitió una sentencia por la que concedía al Comité de Postulaciones Electorales establecido en noviembre de 2019 un plazo de 72 horas para consignar el listado de candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El 12 de junio, a pesar del rechazo de la oposición liderada por Juan Guaidó, el TSJ designó a los rectores del ente electoral. Tres días más tarde, el máximo tribunal suspendió la actual Dirección Nacional del histórico partido Acción Democrática, uno de los principales movimientos opositores del país y miembro del grupo opositor G4, nombrando una Mesa Directiva paralela.
En un comunicado en nombre de los 27 miembros de la Unión Europea, Borrell advirtió que “estas decisiones reducen al mínimo el espacio democrático en el país y crean nuevos obstáculos a la resolución de la profunda crisis política de Venezuela”.
Bruselas trata de mantenerse activa en la crisis venezolana buscando a través de diferentes mecanismos ser un puente de contacto directo con el régimen de Maduro.
De hecho, altos funcionarios de Venezuela han sostenido conversaciones informales en las últimas semanas con representantes de la política exterior europea y diplomáticos de alto nivel para discutir temas migratorios y el polémico congelamiento de fondos estatales venezolanos.
El acceso a los fondos embargados a Venezuela en el extranjero es el tema que más espacio ocupa en la agenda de discusiones de los funcionarios de Maduro ante Europa, sin que encuentren un respaldo por parte de alguno de los países del bloque, dijo una de las fuentes.
La Unión Europea respaldó el “Marco de Transición Democrática de Venezuela” propuesto en marzo pasado por Estados Unidos que contempla el retorno de la democracia en el país a través de un gobierno de transición que incluya figuras vinculadas a Maduro y el líder opositor Juan Guaidó con miras a unas elecciones libres y justas.
Como indicó el enviado de EEUU para Venezuela en el Departamento de Estado, Elliott Abrams, “este plan propone que tanto Maduro, el antiguo presidente que se ha aferrado al poder, como Juan Guaidó, el presidente interino, se hagan a un lado de modo que miembros elegidos en la Asamblea Nacional de ambas partes puedan crear un Consejo de Estado que sirva como gobierno de transición, que organice elecciones presidenciales libres y justas”.
Para los europeos “esta propuesta está en la misma línea que la de la UE, que aboga por una solución pacífica a la crisis por medio de una negociación que dé lugar a un gobierno democrático, que resulta más necesario que nunca en este momento. También observamos con interés el nuevo enfoque en torno a las sanciones de EEUU que se detallan en el plan”, dijo Borrell en un comunicado.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, precisaba que las sanciones se levantarían solo después de que este gobierno de transición fuese establecido y las fuerzas de seguridad extranjeras salieran de Venezuela, en referencia velada a Cuba, citó la agencia Efe.
Los ministros de exteriores europeos, así como funcionarios estadounidenses, reiteran que las sanciones pueden revertirse dependiendo de la evolución de la situación en Venezuela, en particular la celebración de negociaciones creíbles y elecciones. Pero la Casa Blanca va más allá al demandar la renuncia de Maduro.
