El carro está estacionado afuera de una casa. En el techo del vehículo hay algunos paquetes de granos, harina, pasta y otros víveres. Cerca están varias mujeres, que a simple vista parecen ser distintas, pero hay algo que tiene en común: sus esposos fueron desincorporados en enero de 2022 de la empresa Ferrominera Orinoco.
A eso le suman que varios de ellos han recibido medidas cautelares por parte de Fiscalía, entre otras, una que les impide acercarse a las instalaciones de la estatal, ubicada en Ciudad Guayana al sur del país.
Por tal motivo, fueron ellas, unas 8 mujeres, quienes se organizaron para recolectar alimentos a las afueras de la empresa en la avenida vía Caracas.
Un letrero colgado en la maleta del carro era la referencia para que los trabajadores activos se acercaran y dieran su donativo.
“Cesta de amor de los trabajadores desactivados de Ferrominera. En la unión está la fuerza”, rezaba el escrito.
“Mi esposo fue desincorporado de su puesto de trabajo el 9 de enero por haber participado en una marcha reclamando un salario digno. La empresa lo desactivó quitándole su beneficio de la bolsa de alimentos y combo de proteínas, así como parte de su sueldo. Nos organizamos, porque los trabajadores hacen una cesta de amor y porque es el sustento que llevaban los trabajadores al hogar para sus hijos”, detalló Yuriannys de González.
Confesó que su esposo mensualmente cobra 176,00 bolívares. “Lo desactivaron el 9 de enero, y se supone que una semana después de eso era la entrega del programa de la bolsa y la proteína. Él ya estaba fuera de ese beneficio tras ser desactivado”.
Con la voz entrecortada, comentó que tiene 4 hijos, todos menores de edad (dos de 9 años, 7 años y 2 años).
“Jamás me imaginé estar en una situación así. La empresa está violando los derechos de los trabajadores. Mi esposo lo está llevando con calma, porque confiamos en un Dios y es Él que nos da la fuerza y la fortaleza”.
Agradeció la colaboración que recibieron durante estos dos días por parte de los compañeros de trabajo que se sumaron a la iniciativa aportando su granito de arena.
Otro hogar, misma realidad
El caso de Hermilis García no es muy distinto al de Yuriannys. Su esposo también fue desactivado el 9 de enero. Tienen 3 hijos; el menor tiene 9 años.
“La empresa ha cometido un abuso al no solo quitarles su salario, sino también al quitarles el beneficio de los alimentos. Para él ha sido fuerte, tiene más de 10 años trabajando en la empresa y le afecta, porque él ha trabajado y luchado bastante por producir, y que lo vengan a sacar de esta manera, es difícil”.
Señaló que algunos compañeros hasta han colaborado monetariamente con él, debido a la situación que han estado pasando.
Aunque las mujeres siempre estuvieron de forma pacífica realizando la recolección de los alimentos, el lunes 27 de febrero representantes del área de patrimoniales de Ferrominera Orinoco, les pidieron que se retiraran de las instalaciones de la empresa, motivo por el cual tuvieron que usar otro punto a pocos metros de la empresa para seguir con la colecta.
Otras de las afectadas relató que su esposo cuenta con, al menos, 5 medidas cautelares por Fiscalía.
“Desconozco porqué le pusieron eso a mi esposo cuando él estaba era reclamando sus derechos”.
“Tenemos un niño de un año, y estamos buscando maneras de sobrevivir. Yo trabajo en una escuela, soy obrera y lo que gano son 7 dólares, y mi esposo por la empresa lo que gana es 250 bolívares”, relató la mujer.
Trabajador activo
En el lugar también estuvieron presentes varios trabajadores que están activos en la empresa, apoyando a las esposas de sus compañeros con la actividad de recolección de alimentos.
Uno de ellos, que por medidas de seguridad prefirió no ser identificado, le explicó al equipo de lapatilla.com que su sueldo mensual es de 300 bolívares.
“Es tremendo, no es fácil, uno tiene que inventarse algo en la calle, algo hay que hacer para sumar otra entrada de dinero. Me ha tocado de todo. Ahorita como no nos dan permisos, nos toca vender algo de lo poco que nos quedó de la empresa cuando antes era Ferrominera. Por ejemplo, yo tenía dos televisores y me tocó vender uno; tenía tres camas y me tocó vender una, y así he ido saliendo poco a poco de mis bienes”.
La realidad de este trabajador no es muy distinta a la de cualquier hogar venezolano. En su casa viven 5 personas: su papá, su mamá, su esposa y su hijo. Solo trabaja él.
“Yo tengo que pagar un alquiler, por ejemplo, porque mi aporte de vivienda no lo tengo. Pago 35 dólares mensuales, y mi sueldo quincenal es de 12 dólares. Imagínese cómo hago yo. Es terrible”.
“A veces se me pone la cuestión ruda. Hace unos días le dije al jefe, ‘deme un permiso para irme al sur unos días a ver qué hago por allá’, y su respuesta fue que yo tenía una responsabilidad que cumplir aquí. No puedes perder el día. Le imprimí mi estado de cuenta, le mostré lo que cobré, y aun así, me dijo que son instrucciones”, añadió el hombre que en mayo cumplirá 13 años trabajando en la estatal.
Las minas son una opción
Confesó que cuando salen de vacaciones lo que reciben son entre 120 y 200 dólares, lo cual no les alcanza para mucho. Por ello deben aprovechar ese tiempo “libre” o vacacional para conseguir un empleo que permita seguir llevando la comida a la mesa.
“Me tocó meterme en las minas, meterme en zonas peligrosas, incluso, hasta la vida se puede perder en esas circunstancias, porque uno ve cosas terribles allá. Por allá estuve como un mes, y al regresar pude al menos solventar algunas cosas”, añadió.
Sobre el tema laboral admite que “nos mantienen amenazados, que uno no puede decir la realidad de lo que está pasando en la empresa y lo que estamos viviendo los trabajadores”.
Los desincorporados
Algunos de los trabajadores desactivados de enero para acá por la empresa son Exddy González Perdomo, quien es técnico de grúas y GG de Operaciones; Jesús Vallera, técnico de operación ferroviarias; Frank Rodríguez, técnico de mantenimiento mecánico.
Junto a ellos también está Kendrys Hernández, quien laboraba en el área de soldadura; Jorge Cedeño, operador ferroviario; Cesár Marcano, controlador de tráfico de trenes; Anfrony Carballo, mantenimiento industrial; Víctor Suárez, mantenimiento integral.
Entre las medidas cautelares innominadas está que ninguno de ellos “así se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de CVG Ferrominera Orinoco, C.A. se abstenga de realizar acciones de fuerza y amenazas, o de cualquier medio tendiente a la perturbación, suspensión, obstaculización, interrupción o cese de las actividades administrativas y operativas de la empresa CVG Ferrominera Orinoco, C.A., y la promoción de tales iniciativas y acciones”, reza la boleta de notificación que recibieron el 11 de enero.
En el caso de ellos, la medida se dio por participar en la protesta que se desarrolló a inicios de año en el portón IV de Sidor.
“Desde el año 2018 hasta la fecha han sido colocado muchos trabajadores en condición de no requeridos. A algunos por la pandemia los mandaron para su casa, pero tras culminar la pandemia no los llamaron nuevamente. Esos compañeros le dan el 30% de su salario y, aparte de eso le quitaron el beneficio de la bolsa. Hay otros compañeros que los sacaron por botas (no había un par de botas para darles) y los mandaron para su casa hasta que la empresa les diera la indumentaria requerida para estar en dicha área de seguridad. Luego llegaron las botas y no los llamaron”, comentó Cesár Marcano, trabajador de la empresa.
Sumó que hay muchos bajo esa condición y que la data que manejan entre los trabajadores de Ciudad Bolívar, Ciudad Piar, Upata y Ciudad Guayana, es que totalizan unos 500 a 600 trabajadores que están en la condición de personal no requerido.
“Eso no existe en la ley. Supuestamente van hacer el llamado para ir reincorporando a esos trabajadores”.
