La Misión de Observación Electoral y políticos de diferentes partidos rechazan el comportamiento “delictivo” de algunos empresarios y piden a la Fiscalía que se investigue.
El ambiente político está caldeado en Colombia. A menos de dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, arrecían los ataques y denuncias en una campaña que se inclina a la polarización, principalmente entre los campos de los dos candidatos que encabezan las encuestas, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. En ese contexto enrarecido, han emergido casos de empresarios que han ejercido presiones indebidas sobre sus trabajadores para que se abstengan de votar por el aspirante de izquierdas, un comportamiento que la Misión de Observación Electoral ha calificado como “delictivo”.
El ejemplo más notorio ha sido el de Sergio Araújo Castro, uno de los fundadores del Centro Democrático, el actual partido de Gobierno, junto al expresidente Álvaro Uribe. El político desató una acalorada discusión esta semana al asegurar en redes sociales que se propone despedir a los trabajadores de sus empresas que apoyan al candidato presidencial del Pacto Histórico, la variopinta coalición de izquierdas que ya obtuvo la mayor bancada en el Congreso en las legislativas de marzo. “Un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”, escribió.
Diversas voces, desde distintas orillas, rechazaron vehementemente la amenaza de Araújo –con la excepción de algunos sectores del Centro Democrático–. Para empezar, muchos señalaron que esa conducta muy probablemente constituye el delito de constreñimiento al elector, contemplado en el código penal colombiano. Aunque es por mucho el episodio más controversial, no ha sido el único. Entre otros, se ha conocido el caso del gerente de una cooperativa que produce lácteos que envío una carta en la que, sin mencionarlo, usaba frases y colores de la campaña de Fico Gutiérrez, el candidato de la coalición de derechas, apoyado por el uribismo. O el discurso de un gerente de una empresa de cueros que le dibuja a sus empleados un escenario catastrófico en caso de que Petro sea presidente.
La Misión de Observación Electoral ha rechazado esos episodios, sin dar nombres propios, y ha pedido a las autoridades las investigaciones y sanciones respectivas. Entre los reportes que ha recibido, la MOE señala que se han presentado casos de empresas que comunican a sus empleados que “de ganar cierto candidato” cerrarán las instalaciones y perderán su puesto, lo que “representa un delito electoral en torno al derecho al voto libre”. También se han presentado casos de empleadores que, en contra de la reglamentación, no quieren permitir que sus trabajadores vayan a votar el día de elecciones, y otros que están organizando eventos de proselitismo político en favor de algún candidato en los lugares de trabajo.
La posibilidad de una llegada de Petro a la Casa de Nariño, en lo que sería el primer gobierno marcadamente de izquierda en la historia de Colombia, pone nerviosos a algunos sectores empresariales. El exalcalde de Bogotá, entre otras, defiende cobrar más impuestos a las personas de mayores ingresos para combatir la desigualdad y quiere distanciar al país del modelo extractivo de los combustibles fósiles. Aunque no es homogéneo, el empresariado colombiano históricamente no ha tomado partido en las presidenciales, al menos no decididamente, aunque esa tradición ya estuvo en entredicho hace cuatro años de cara a la segunda vuelta que enfrentó a Petro con el presidente Iván Duque. Entonces, el Consejo Gremial Nacional de Colombia (CGN) por primera vez apoyó un candidato al decantarse por Duque.
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