La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, tiene como objetivo aprobar una ley de Ciudades Comunales. Según los expertos es un intento de eliminar competencias y autonomía en los municipios y gobernaciones que se renovarán en noviembre próximo.
Nicolás Maduro aseguró el 7 de junio, que la ley, que no tiene fecha de aprobación, abre la «construcción a una democracia inclusiva, participativa, protagónica y directa».
Pero 123 ONG venezolanas emitieron un comunicado el 28 de junio. Denunciaron que el proyecto representa «una grave amenaza contra el Estado democrático». Esto porque la Constitución no contempla como parte de la división político territorial la figura de «comunas» o «ciudades comunales».
«Cualquier división político-territorial del país que establezca figuras no contempladas en el artículo 16 de la Constitución es inconstitucional, representando una grave amenaza contra el Estado democrático, social de derecho y de justicia aprobado por los venezolanos en 1999. Lo suplanta por la vía de los hechos en un ‘Estado comunal», explicaron.
Estado paralelo con las ciudades comunales
Juan Manuel Raffalli, abogado en derecho constitucional, y Mirla Pérez, investigadora y miembro del Centro de Estudios Populares Alejandro Moreno, coinciden en que, con este proyecto de ley, se creará un «Estado paralelo», porque modificará la división político territorial vigente.
Raffalli explicó a Efe que, aunque en la Constitución existe la figura de comunidades, es distinto a convertirlas en comunas y darles poder público con competencias funcionales, presupuesto y autogobierno.
El abogado catalogó la ley de inconstitucional y señaló que no basta con hacer un referendo «para tratar de obviar el proceso natural de cambio constitucional».
«El cambio es de una envergadura tal (que) estás cambiando la distribución político territorial y todo el esquema del poder público, con lo cual probablemente sea una cirugía muchísimo mayor que una simple reforma constitucional. Cuidado, y supondría una nueva Constitución», advirtió.
Pero aunque estas modificaciones no se han hecho, Mirla Pérez señaló a Efe que el «Estado comunal» se ha estado implementando en Venezuela por la vía de los hechos.
Agregó que el pacto social que está funcionando es el del Plan de la Patria (proyecto de Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y Maduro) y ahí «sí hay un desmontaje de toda la estructura republicana tal como la conocemos (con) el Estado descentralizado».
Incluso señaló que, según investigaciones del Centro de Estudios Populares, las ciudades comunales ya se están implementando en varias zonas.
«La ley de las ciudades comunales es una ley bastante articulada que pretende dar orden jurídico a lo que viene ocurriendo por vía pragmática», explicó.
Igualmente, Raffalli expuso que las ciudades comunales son espacios para «construir el socialismo», lo que quiere decir que los que no compartan esa idea «y no se dejen tutelar por el Ministerio de las Comunas (…) no tienen cabida allí».
Efectos en municipios
El proyecto de ley afecta de forma directa a los municipios y las gobernaciones. Raffalli aseguró que hay, al menos, 41 artículos dedicados a explicar «cómo se le sacan las competencias a las alcaldías y a las gobernaciones para dárselas a las ciudades comunales».
El artículo 56 de la legislación establece que los entes del poder público deben impulsar una transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos.
El siguiente artículo expone que podrán ser transferidas a las ciudades comunales competencias específicas de servicios, obras y empresas públicas.
Para Pérez, los ayuntamientos y gobernaciones pueden desaparecer paulatinamente una vez se apruebe la ley.
«Quizás en un primer momento se planteará un mecanismo de intermediación que vaya pasando poderes del municipal al comunal, pero el proyecto final es el desmantelamiento total», sostuvo.
«¿Qué pasa si ellos (chavismo) ganan? Tienen el territorio allanado para poder hacer el cambio (…) con el consenso de las autoridades de esos municipios y de esos estados», apuntó Pérez.
En opinión de Raffalli, este proyecto en un año electoral intenta desestimular el voto.
«Creo que lo que pretenden es decirle al elector: no, es que van a nombrar a un protector, es que voy a nombrar un poder comunal paralelo, que no te va a dejar hacer nada de lo que pretendes», explicó.
Además, consideró que la respuesta debe ser la contraria y que los ciudadanos deben salir masivamente a votar para que, más allá de elegir un alcalde o un gobernador, defiendan estos cargos y sus competencias.
Sin embargo, Pérez dijo que enfrentarse a unas elecciones es «avalar el proceso que el régimen quiere, en el sentido que le va a dar legalidad a su proyecto».
La investigadora consideró que los dirigentes políticos deben evaluar y tener conciencia sobre el proyecto de ley y, más allá de participar o no en los comicios, pensar en el día después y lo que vendrá.
