Una de las principales causas de la desigualdad social en Venezuela es sin lugar a dudas la estructura económica del país, debido a la fuerza dominante de la industria petrolera que durante décadas, ha venido reproduciendo la vulnerabilidad debido a las fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo.
Este hecho ha favorecido la concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite millonaria, mientras que la mayoría de la población es relegada a la pobreza.
La desigualdad social es un problema de larga data en Venezuela, pero se ha acentuado particularmente en el siglo XXI, debido a las políticas “socialistas” que los últimos gobiernos se han empeñado en sostener.
El mal manejo de los recursos de los últimos gobiernos está plagado de señalamientos de corrupción, con muchos funcionarios acusados de malversar fondos públicos en beneficio propio, hecho que ha minado la confianza pública en los poderes e instituciones y ha ampliado aún más la brecha entre ricos muy ricos y los simplemente pobres.
Nuestro país es catalogado como uno de los más desiguales de América Latina y del mundo, donde la concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite contrasta dramáticamente con la pobreza extrema que afecta a la mayoría de la población.
En 2024, la pobreza en Venezuela es una realidad omnipresente que afecta a casi toda la población. Según el último informe de HumVenezuela, aproximadamente el 94.4% de los venezolanos no tiene ingresos suficientes para cubrir la Canasta Básica de alimentos y servicios, lo que los sitúa dentro del umbral de la pobreza.
Además, el 69.6% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional, lo que implica carencias severas en múltiples aspectos como salud, educación y acceso a servicios básicos.
La pobreza extrema también es un problema crítico, según los estudios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), un 75% de los venezolanos vive en esta condición.
Estas cifras reflejan que la mayoría de la población sobrevive con ingresos que oscilan entre 4$ a 5$ al día, una situación que ha forzado a muchos a recurrir a trabajos informales o peligrosos para subsistir.
Mientras la mayoría de la población lucha por sobrevivir, una pequeña élite ha acumulado una porción significativa de la riqueza del país, debido a la falta de transparencia y la corrupción en el manejo de los recursos naturales, especialmente en la industria petrolera y minerales preciosos.
Esta élite, vinculada en gran medida al gobierno y a sectores empresariales favorecidos, controla gran parte del capital financiero y de los bienes de alta gama en el país.
La disparidad en la distribución de la riqueza genera tensiones sociales significativas y han exacerbado la crisis humanitaria. La falta de acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y atención médica adecuada afecta desproporcionadamente a las comunidades más pobres.
En 2023, según El Diario, se reportó que el 68.2% de la población sufrió deficiencias en estos servicios esenciales.
La desigualdad también se manifiesta en el ámbito educativo y laboral. Las oportunidades de empleo son limitadas y mal remuneradas, la deserción escolar y la fuga de profesionales, perpetuará el ciclo de pobreza entre las nuevas generaciones si no nos esforzamos por generar un verdadero cambio en la administración del país.
La fuerza de la gravedad tira hacia abajo demostrando en cifras los efectos de la desigualdad, las cuales no se pueden tapar con “encuestas electorales”.
La pobreza multidimensional, el malestar social y el deterioro de los servicios públicos requieren reformas integrales dirigidas a promover una mayor igualdad económica y social, mejorar los servicios públicos, abordar la corrupción y la mala gestión de los últimos gobiernos.
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Lidis Méndez es politóloga / Secretaria de Organización en Unidad Visión Venezuela / Articulista de opinión
