Ha sido un verano difícil para Venezuela. De por sí debilitado y en plena batalla con un confinamiento riguroso, ese país ahora experimenta además un desastre ambiental de enormes proporciones. En julio, una refinería estatal fue el origen de un considerable derrame petrolero que ha afectado el Parque Nacional Morrocoy, uno de los más biodiversos del país. Por si fuera poco, Venezuela también ha tenido que lidiar con una nueva crisis política. El gobierno asumió el control de la junta ejecutiva de varios partidos de oposición, lo que, en esencia, equivale a haberlos cancelado.
Por: Javier Corrales / New York Times
Estas catástrofes en realidad son dos caras de la misma moneda. El creciente autoritarismo en Venezuela causó el deterioro de la gestión petrolera, que a su vez ha producido un deterioro ambiental. Encima, la mala gestión petrolera ha acentuado el carácter autócrata del régimen, lo que a su vez está causando el deterioro de la oposición.
Los expertos por lo regular debaten si la buena fortuna del sector petrolero contribuye al surgimiento del autoritarismo. Según esta hipótesis, las grandes cantidades de dinero que atrae el petróleo le permiten al gobierno brinde un auge en el consumo del público en lugar de garantizar derechos políticos y también destinar un financiamiento generoso a fuerzas represivas para mantener el orden. Sin embargo, el caso de Venezuela parece demostrar que el deterioro del sector petrolero puede ser, además, al mismo tiempo causa y efecto de un autoritarismo recalcitrante.
Venezuela solía ser uno de los productores de petróleo más competitivos del mundo. Por desgracia, la industria se fue desgastando en las dos décadas pasadas, primero bajo el mando de Hugo Chávez y ahora de su sucesor, Nicolás Maduro. En términos de reservas demostradas, es posible que Venezuela tenga más petróleo que Arabia Saudita. No obstante, en el área de producción la industria petrolera venezolana se ha ido a pique; basta señalar que la producción petrolera se encuentra al nivel más bajo en 77 años.
Chávez erosionó el sistema de controles tanto dentro como fuera de la petrolera estatal y la convirtió en su cajero personal. Se remplazaron ingenieros petroleros con miembros fieles al partido. Dejaron de aplicarse protocolos de inversión. Se ignoraron los estándares de seguridad. Lo único que importaba era que la petrolera atrajera dólares para financiar las elecciones del partido gobernante.
En consecuencia, la producción decayó entre 2003 y 2014, justo en una época de bonanza para los precios del petróleo. Ninguna nación petrolera con mercados abiertos vivió esta extraña situación. Aunque muchos opinan que se debió a las sanciones impuestas por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, existen abundantes pruebas de que el derrumbe se fabricó en Venezuela y antes del mandato de Trump.
El colapso petrolero de Venezuela ha tenido un enorme costo ambiental. La corrupción, la falta de inversión y los controles débiles llevaron al colapso económico de la empresa petrolera estatal. También son responsables del aumento de accidentes y derrames petroleros de la petrolera. Según un informe, el país produjo 46.820 derrames tóxicos entre 2010 y 2018, que vertieron un total de 856.000 barriles de petróleo al medioambiente. Entre julio y agosto de este año, se calcula que unos 26.000 barriles de petróleo afectaron hasta 350 kilómetros de costa. Se trata del segundo derrame de mayor importancia este año. Por si fuera poco, hace unos días se dieron a conocer reportes sobre un enorme buque cisterna anclado en aguas venezolanas, el FSO Nabarima, que está a punto de hundirse por falta de mantenimiento adecuado. Si este buque petrolero se hunde, el derrame causado podría ser cinco veces mayor que el derrame del Exxon Valdez en 1989.
El derrumbe de los precios del petróleo desde mediados de 2014 hasta principios de 2016 también agravó una crisis económica sin precedentes, que abrumó al gobierno de Maduro. Como la producción ya era notoriamente baja en 2015, la economía de Venezuela se hundió más que otros petro-Estados. La economía nacional se ha seguido contrayendo cada año desde entonces, causando una crisis humanitaria y de refugiados comparable a la experimentada en Siria, un país afligido por la guerra.
Esta crisis petrolera también ha provocado un endurecimiento del autoritarismo. En circunstancias normales, una crisis económica como la que sufre Venezuela habría dado pie a alguna de estas dos consecuencias en el ámbito político: un cambio de política públicas o un cambio de gobierno. En Venezuela, en cambio, ha producido más represión.
Para los partidos gobernantes, un cambio en las políticas públicas por lo regular tiene sentido si les interesa mantener su competitividad electoral. El problema es que desde mediados de la década de los 2000, al partido gobernante de Venezuela dejó de interesarle la competencia justa. Lo único que le interesa es no abandonar el poder.
Así que en lugar de hacer correcciones a sus políticas, Maduro ha recurrido a la minería no regulada del oro (también con un costo funesto para el ambiente y la seguridad humana), la represión de las protestas ciudadanas y a trucos electorales, lo cual nos lleva a la nacionalización de los partidos opositores este verano.
Conforme a las disposiciones de la constitución de Venezuela, Maduro debe programar elecciones legislativas este año. El gobierno sabe que no puede ganar, en esa elección compitiendo libremente, así que optó por cambiar las normas electorales. Expandió el número de curules en la Asamblea Nacional de 167 a 277 para diluir el poder de los poderosos partidos opositores. Se ha negado a designar autoridades electorales imparciales y remplazó la dirigencia de los partidos de oposición con personas dispuestas a acatar sus normas. Maduro perdonó a más de 100 presos políticos, lo cual es una concesión graciosa, pero ha mantenido las irregularidades en su lugar. Estas medidas tienen consecuencias más allá de crear más barreras para la oposición. En efecto, han dividido a los partidos en dos bandos: uno de ellos espera competir en las elecciones a pesar de las desigualdades y otro planea convocar la abstención.
Estados Unidos argumenta, con toda razón, que las elecciones están amañadas y parece alentar a la oposición a abstenerse de votar en vez de crear un frente electoral unido. El problema es que la abstención es justo lo que quiere el gobierno. Sin proponérselo, Estados Unidos quizá esté ayudando al gobierno a debilitar a la oposición, que antes tenía un gran poder electoral.
Estados Unidos también ha influido en el derrame petrolero. Si bien el derrame ocurrió debido al declive de la industria, el hecho de que siga en marcha sí tiene cierta conexión con el embargo. A Venezuela se le impide por ahora emplear refinerías de Estados Unidos para procesar su petróleo y transformarlo en gasolina. Esta es una de las razones por las que el gobierno no ha cerrado la refinería dañada: es la única del país que produce gasolina. Por eso ha continuado la fuga y el petróleo ahora afecta ríos y lagos.
Es fácil señalar factores como la limitada visión de la oposición y las respuestas contradictorias de Estados Unidos como responsables de que Venezuela haya caído en un autoritarismo incompetente y mezquino. Claro que esos factores están presentes, pero no son los principales impulsores. El motivo de fondo para el descenso de Venezuela hacia el autoritarismo es el mismo que el del derrame petrolero de julio. Un petro-Estado que perdió todo interés en la rendición de cuentas.
La lección es clara. La responsabilidad política, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental constituyen un triplete fundamental en la época moderna. Si se pierde el primer elemento, los demás desaparecen también.
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