El escándalo de corrupción que sacude desde hace semanas a la Unión Europea (UE) con varios eurodiputados socialistas detenidos, el llamado ‘Catargate’, se agravó con la aparición en escena de otro actor, Marruecos, un país con muchos intereses en Bruselas.
Abderrahim Atmoun, embajador del reino alauita en Polonia, es el principal sospechoso. Su nombre aparece en la orden de arresto enviada por Bélgica a Italia en la que solicitaba la entrega de la esposa e hija de uno de los detenidos, el exeurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri.
Se sospecha que ambas recogieron «regalos» en la legación diplomática marroquí en Varsovia a cambio de alabar y favorecer a su país en las decisiones comunitarias.
Exlíder sindical y fundador de Fight Impunity, Panzeri fue detenido después de que la Policía hallara 700.000 euros en metálico en su casa. En sus años de eurodiputado (2004-2019) mantuvo una estrecha relación con las altas esferas del poder marroquí.
«Red de sobornos»
El diario belga Le Soir informó que Atmoun forma parte de una red de sobornos en la que también estarían implicados dos agentes del servicio de espionaje marroquí en el exterior. Según el rotativo, Atmoun y Panzeri se describen como «buenos amigos».
Rabat cuenta con un lobby muy poderoso en Bruselas, habida cuenta de lo que se juega en varios frentes: los acuerdos de pesca con la Unión Europea (UE), las disputas alrededor del estatus del Sáhara Occidental, la cuestión migratoria, las relaciones con España o la colaboración europea en materia de seguridad y en la lucha antiterrorista.
Varios eurodiputados han revelado estos días a la prensa detalles sobre cómo actúan los lobbies, entre ellos el marroquí, en Bruselas.
«Nada de esto es nuevo para quienes andamos por el Parlamento Europeo. Es un comentario generalizado que, durante las sesiones plenarias, la embajada marroquí tiene prácticamente una oficina permanente en el bar de eurodiputados. La cuestión es qué consecuencias tiene esto», escribió en Twitter el eurodiputado izquierdista Miguel Urbán, de Anticapitalistas.
Y añadió: «Durante años los socialistas han bloqueado sistemáticamente cualquier debate o resolución en el pleno de Estrasburgo que critique abiertamente a Marruecos o denuncie la situación en el Sáhara ocupado.»
Urbán explicó en un artículo en la revista Viento Sur que «en el actual contexto de crisis de legitimidad y gobernanza global de los organismos multilaterales» las decisiones sobre cuestiones internacionales «han ido adquiriendo un importante impacto en terceros países».
«Esto ha atraído el interés de numerosas dictaduras, con mucho dinero y pocos escrúpulos, para intentar utilizar el Parlamento y a los y las eurodiputadas para lavar su imagen pública internacional o, al menos, para mitigar cualquier crítica que pudiese salir de la Eurocámara», apuntó.
«Influenciar y sobornar»
En declaraciones a RFI, la exeurodiputada portuguesa Ana Gomes dijo que Marruecos «era uno de los países que siempre trataba de influenciar y de sobornar a diputados».
La conexión marroquí se suma a la trama principal del ‘Catargate’, ya considerado uno de los mayores casos de corrupción en la historia de las instituciones comunitarias, en el que el pequeño emirato habría pagado importantes sumas de dinero y regalos a eurodiputados del Parlamento Europeo, asesores y lobistas para que ‘vendieran’ una buena imagen del país del Golfo organizador del Mundial de Fútbol.
Por ahora, la investigación judicial de las autoridades belgas se ha saldado con varios detenidos, algunos de los cuales ya fueron liberados, ha incautado más de 1,5 millones de euros en efectivo y ha dejado una enorme mancha en la imagen de la UE, que suele jactarse de estar libre de corruptelas.
Catar ha negado ante el representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, las «engañosas filtraciones mediáticas» de la trama. Rabat no se ha pronunciado.
Viernes negro
La trama estalló el pasado viernes 9 de diciembre, cuando los medios belgas Le Soir y Knack filtraban la información de que las autoridades belgas desplegaron una operación contra legisladores europeos que se saldó con seis detenidos y una decena de registros en varios despachos y otros lugares.
Después, en un comunicado, la Fiscalía belga confirmó que desde meses atrás las autoridades policiales «sospechan que un país del Golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo, y lo hace mediante sumas considerables de dinero u ofreciendo importantes regalos a personas con una posición política y/o estratégica significativa en el seno de la Eurocámara».
Todos los focos cayeron sobre la eurodiputada griega Eva Kaili, de 44 años, una expresentadora de televisión que forma parte del Europarlamento desde 2014 con el Partido Socialista Europeo (PSE).
Ese día fue detenida y terminó acusada por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y participación en organización criminal. No pudo beneficiarse de la inmunidad parlamentaria, porque fue detenida en flagrancia en su domicilio, donde los investigadores hallaron bolsas llenas con cientos de miles de euros. Su padre, Alexandros Kailis, también fue arrestado mientras trataba de huir de un hotel en Bruselas con 600.000 euros en un maletín. Poco después fue liberado.
La eurodiputada se mostró a favor de liberalizar los visados entre Catar y la UE y alabó las condiciones laborales en el pequeño emirato pese a que, según reportes de prensa, varios miles de trabajadores murieron en las obras de construcción de los estadios y otras infraestructuras edificadas para el Mundial de Fútbol.
Fue destituida de todos sus cargos y del partido, y, aunque se declaró «inocente», la Justicia belga prorrogó su detención preventiva al menos un mes más.
Otros detenidos
Junto a ella también sigue detenido su pareja, Francesco Giorgi, un asistente parlamentario y consejero de la ONG Fight Impunity, dedicada a combatir la impunidad en las violaciones de los derechos humanos y cuya sede también fue registrada.
Giorgi, de 35 años y que tiene una hija con Kaili, habría confesado ser parte del ‘Catargate’, según documentos revelados por la prensa belga e italiana y que indican que señaló como cerebro de la trama a Panzeri, del que fue asistente por más de 10 años.
Exlíder sindical y fundador de Fight Impunity, este socialdemócrata italiano fue detenido después de que la Policía hallara 700.000 euros en metálico. Sigue preso.
Giorgi también habría inculpado a otros dos eurodiputados que por ahora no están imputados, el italiano Andrea Cozzolino, para el que trabajaba como asistente y que es actual presidente de la Delegación para las Relaciones con el Magreb, y el belga Marc Tarabella.
También fueron imputados el lobista italiano Niccolo Figa-Talamanda, secretario general de la ONG No peace Without Justice, que comparte sede social con Fight Impunity, y Luca Visentini, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Figa-Talamanda fue liberado, pero obligado a llevar brazalete electrónico, y el sindicalista quedó en libertad condicional.
