Un reporte confidencial de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina revela millonarios movimientos de dinero desde y hacia el exterior de la firma argentina Ex Clé, encargada de proveer la plataforma tecnológica de votación en las elecciones sospechadas de fraudulentas en Venezuela. La detección de operaciones por montos “significativos” que salieron de Venezuela y pasaron por cuentas de la firma en bancos de Uruguay y Estados Unidos, encendieron las alertas de la Unidad Antilavado local. La firma es la dueña de las máquinas de votación y del software del escrutinio electrónico, que quedó bajo sospecha, luego de que el actual mandatario Nicolás Maduro se declarara ganador, sin haber mostrado ningún acta oficial que avalara esa proclamación, por un supuesto hackeo al sistema.
El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) – al que tuvo acceso Infobae – es de 2019 y enumera los contratos de la empresa prestadora de servicios informáticos en Venezuela, así como los negocios que hizo con organismos nacionales y provinciales de Argentina. Entre ellos, se destacan las contrataciones con el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño, su principal cliente y el ente encargado de los procesos electorales en Venezuela. El organismo concentró los cuestionamientos de fraude en las elecciones del 28 de julio pasado.
En el documento confidencial de la UIF se advierte sobre “la triangulación de fondos (por parte de EX Clé) a través de terceros países sin justificación económica aparente” y “las transferencias al exterior cuyos destinos podrían resultar cuestionables”. Se suman “los antecedentes negativos que registran algunos de los funcionarios (venezolanos) firmantes de los contratos”, y el hecho de que gran parte de las contrataciones efectuadas por el Estado venezolano “se realizaron de manera directa, a pesar de los montos involucrados y de la relevancia de los servicios contratados”. Y a esto se agregan “las presunciones sembradas en relación a la transparencia en el desarrollo de las elecciones regionales venezolanas de 2017″, todo lo cual “permite considerar a la operatoria de Ex Clé como sospechosa en los términos de la Ley Nº 25.246″ de lavado de dinero.
El ROS forma parte de una filtración anónima de documentos de la UIF argentina que dieron origen a una investigación periodística liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y de la que participó Infobae. La serie de notas reveló los negocios de empresarios argentinos con el gobierno chavista, mediante el fideicomiso bilateral entre ambos países firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, con sobreprecios que encubrieron el pago de sobornos a funcionarios venezolanos.
La firma fue creada en 1998 en nuestro país por los hermanos Guillermo y Eduardo San Agustín, como presidente y vice, hoy de 49 y 52 años respectivamente. Guillermo continúa como presidente de la firma, mientras que Eduardo pasó a desempeñarse a poco de crearse la empresa como director suplente, cargo al que renunció en 2021 y fue reemplazado por Germán Fernández Navarro.
Ex Clé se dedica al desarrollo de de software y venta de equipos, y presta servicios de biometría, financieros digitales, de automatización electoral, y de digitalización de documentos. Sus principales clientes fueron y siguen siendo organismos gubernamentales de Venezuela y Argentina. Con una treintena de empleados informados, su sede está ubicada en el quinto piso de un edificio de la calle Paraguay Nro 1896, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según informa en su web, posee oficinas en el Municipio Sucre, en Caracas (Venezuela), y en el Barrio Carmelitas, en Asunción (Paraguay).
Negocios y elecciones en Venezuela
Ex Clé abrió en 2004 su primera oficina en Venezuela y, en 2009, fue contratada por la alcaldía del Municipio Libertador, en Caracas, para implementar el sistema de recaudación de impuestos.
En 2011, Ex Clé fue contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para implementar un sistema de autenticación biométrica de identidad de los electores, a los fines de actualizar la plataforma automatizada del voto de cara a las elecciones del año siguiente en Venezuela. Implicó la validación de identidad de 19 millones de electores y el monto del contrato ascendió a USD 11,1 millones, que debían pagarse “en un banco internacional de primera línea”. Fue el comienzo de una serie de fructíferos negocios con ese organismo electoral, que le implicaría a la empresa y a dos de sus directivos ser sancionados por Estados Unidos en 2020, “por el apoyo prestado al régimen ilegítimo de Maduro durante las elecciones fraudulentas” del 6 de diciembre de ese año.
El sistema se usó por primera vez en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 en Venezuela, las últimas en las que participó el fallecido presidente Hugo Chávez, que resultó vencedor. Volvió a ser utilizado en los comicios de abril del año siguiente, que dieron ganador a Maduro frente a Henrique Capriles.
En 2014, Ex Clé firmó un nuevo contrato para el “Proyecto de Plataforma Integrada de Autenticación de Ciudadanos (PIAC)”, por otros USD 1.176.000. Dos años más tarde, la firma fue contratada por la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, también dependiente del CNE, lo que le permitió cobrar otros USD 286.700 por el mismo servicio de “verificación biométrica y soporte técnico” de esa plataforma. Según el documento de la UIF, las contrataciones de Ex Clé con el Consejo Nacional Electoral detalladas sumaban, hasta el 2016, USD 21.443.540.
La expansión de sus negocios con el régimen chavista hizo que la empresa constituyera en mayo de 2016 una filial en Venezuela denominada Ex Clé Soluciones Biométricas CA. Sus accionistas fueron el presidente de la firma en Argentina, Guillermo San Agustín, dueño del 99%, y el venezolano Marcos Javier Machado Requena, propietario del 1% restante. Ya instalada en el país caribeño, la firma creó BioPos, un sistema para pagar con la huella dactilar en comercios de Venezuela.
En los comicios regionales de octubre de 2017, denunciados por la oposición venezolana como “fraudulentos”, Ex Clé reemplazó a la firma británica Smartmatic como proveedora de las máquinas de votación y la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral. Hasta ese momento, Smartmatic se encargaba del software y el hardware de votación, y Ex Clé de la identificación biométrica para la verificación de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio.
Luego de las elecciones previas de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Smartmatic había denunciado la manipulación de los resultados por parte del gobierno venezolano, a partir de detectar una diferencia de más de 1 millón de votos entre lo anunciado por el CNE y lo que arrojó el sistema de la firma, por lo que rompió la relación contractual con el régimen chavista.
Según el reporte de la Unidad Antilavado argentina, solo en 2017, Ex Clé cobró del Consejo Nacional Electoral venezolano cuatro órdenes de servicio por 70 millones de euros. “Por un lado resulta llamativo la moneda fijada en tales contratos, ya que usualmente en ese tipo de transacciones se fija como moneda de pago el dólar estadounidense. De hecho, todos los contratos anteriores suscriptos por la firma con organismos públicos venezolanos, incluyendo al propio CNE (con quien se vincula desde 2011), fueron en dólares”, advierte el informe de la UIF de 25 páginas. Dos de esas órdenes Ex Clé las cobró en una cuenta en el Banco Bandes Uruguay SA, en Montevideo.
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