«Nunca en la vida me habían pagado tanta plata como en esta cruzada contra el fascismo», confesó un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a sus más cercanos. La satisfacción reina entre los agentes revolucionarios ante las suculentas recompensas aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro a quienes luchan contra la «secta satánica» que ha tratado de imponer un «cyber golpe de Estado», según la narrativa bolivariana.
El chavismo ha puesto en marcha un sistema de dádivas para recompensar a la maquinaria de la represión que tiene como objetivo aterrorizar a la sociedad venezolana para que deje de protestar por el megafraude electoral del 28J, el mayor en la Historia de América Latina. Todos quienes participan en la persecución y detención de dirigentes opositores, activistas de la sociedad civil y ciudadanos que participaron en la defensa del voto tienen una diana chavista sobre sus cabezas.
Hasta el momento, el Foro Penal ha comprobado y certificado 1.500 detenciones de las 2.500 adelantadas por Nicolás Maduro, aunque dirigentes y organizaciones regionales consultados por EL MUNDO aseguran que son más. Sólo en Trujillo, emblemático estado de la Venezuela profunda, otrora revolucionario y de los primeros en acoger de forma multitudinaria a la caravana de la libertad de María Corina Machado, los seis centros de detención habilitados para el plan terror del gobierno albergan a cientos de presos, en torno a 800 según distintas fuentes consultadas.
En el principio de la cadena represiva aparecen los dirigentes y militantes revolucionarios, desde los jefes comunales hasta los famosos «patriotas cooperantes» que tanto cita Diosdado Cabello, número dos de la revolución. Ellos son los encargados de transmitir la información detallada de las víctimas elegidas a los cuerpos de seguridad: nombre, domicilio, teléfono, familiares cercanos y los lugares habituales a los que acude. Se manejan listados con esos nombres, nada de órdenes de detención, que se forjarán después de cada captura. Si una vez transmitida la información se logra secuestrar a esa persona, quienes han suministrado la información recibirán 100 dólares en efectivo. Los encargados de suministrar el dinero en el interior del país son los jefes de partido en cada estado.
La detención ilegal recae en distintas fuerzas, desde la policía política del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que tiene al mando al famoso mayor general Iván Hernández Dala, quien también comanda la Guardia de Honor Presidencial. Protagonismo compartido con la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana, conformada en parte por los restos de las FAES, las «brigadas de extermino» como las calificó Naciones Unidas.
Según los testimonios recabados por EL MUNDO, los delatores civiles del chavismo transmiten su información a estos cuerpos, que se ponen manos a la obra. En la DIP cuentan con alrededor de una docena de brigadas y un comando central para los estados de la Venezuela profunda. Y cada brigada dispone de al menos ocho funcionarios de operaciones especiales. Ellos son los encargados de irrumpir ilegalmente en hogares o escondrijos para llevarse detenidos a los señalados previamente. Si la captura es exitosa, cada miembro de la brigada recibirá 100 dólares por detenido. Se pagan en forma de bono económico directamente en la nómina del funcionario.
No es el único incentivo: todos ellos también buscan el ascenso a través de un sistema de ticketes, al llegar a 15 ascienden automáticamente de rango. Y además si consiguen alcanzar la meta impuesta por sus jefes, se benefician con una semana de vacaciones.
Parte del trabajo de los agentes consiste también en «convencer» a los detenidos para que graben un vídeo acusatorio contra dirigentes opositores, una costumbre arraigada desde hace años en los organismos de Inteligencia.
Más allá de los pagos del Estado, los agentes hacen sus propios negocios y estiran sus ingresos con las conocidas matracas, extorsiones a los ciudadanos por cualquier motivo, en este caso para conseguir la libertad. Familiares y organismos de derechos humanos ya han denunciado distintos casos en la crisis actual. El menú es muy distinto en las grandes ciudades, en donde la extorsión varía entre 1.000 y 5.000 dólares a los pueblos de la Venezuela profunda, donde ya se han pagado 800 y 1.000 dólares por la libertad. «Si nos colabora se va», es la propuesta que se realiza a las madres de los presos.
«Estamos en el momento de la máxima tolerancia a la extorsión de los funcionarios como contraprestación por su silencio. El triunfo de Nicolás Maduro es una mentira sostenida ahora por 3.3 millones de personas, que en su gran mayoría sabe perfectamente lo que sucedió. Si la extorsión contra detenidos se ha vuelto masiva en este momento es porque, entre otras cosas, el gobierno está pagando de esa manera, dejando hacer, a los funcionarios por sostener una mentira de esas magnitudes. Y no sólo con dinero, muchas de las delaciones y las sanciones consecuentes son por rencillas personales a nivel comunitario», detalla para EL MUNDO el sociólogo Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.
«Ha fracasado el odio, ha fracasado el fascismo, tenemos que consolidar la victoria. Jamás de los jamases el fascismo llegará al poder, que lo sepan los nacidos y los que están por nacer: nacimos para derrotar al fascismo», animó ayer el «presidente pueblo» a sus huestes para continuar con las operaciones de «terrorismo de Estado», tal y como lo ha definido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los militares también se benefician de las recompensas aplicadas por la revolución, a lo que suman además un efecto aspiracional: en la cadena de mando todos conocen que los 2.000 generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la GNB forman parte activa del esquema de corrupción impuesto por el chavismo. Pese a las sanciones, la máquina de producir dinero no ha parado: el desfalco del cuarto de siglo de la revolución bolivariana supera los 500.000 millones de dólares.
Coroneles y tenientes coroneles forman parte de los tribunales militares que se están constituyendo en paralelo a la corte judicial antiterrorista de Caracas. El sueño de todos ellos, esa es la promesa, en pasar a formar parte del pequeño ejército de generales ascendidos por Maduro, más que en Europa y Estados Unidos juntos.
Las audiencias telemáticas ya han enviado a cientos de jóvenes a prisiones como Yare 3, Tocuyito y Tocorón. En estas dos últimas se sacaron a los presos en operaciones previas, incluso de Tocorón se escapó el famoso Niño Guerrero, líder de la megabanda transnacional El Tren de Aragua, que desde ese penal se extendió por todo el continente.
La cifra de prisioneros políticos previa al 28J llegaba a los 305, según el Foro Penal, ya incluidas las detenciones de la campaña, sobre todo dirigentes vinculados al comando opositor y a María Corina Machado. Tras el zafarrancho de combate ordenado por Maduro está cifra no sólo se multiplicará, también superará con creces a las otra dictaduras del continente: 1.119 en Cuba, según Prisoners Defenders, y 150 en Nicaragua tras varias operaciones de destierro a Estados Unidos y el Vaticano.
