Seis dirigentes políticos opositores cumplen ya 100 días asilados en la embajada de Argentina en Caracas acusados de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Cinco de ellos eran integrantes del comando de campaña de Edmundo González Urrutia, el candidato de consenso de la oposición ungido por María Corina Machado que amenaza la continuidad del chavismo en el poder después de 25 años lo que se conoce como la revolución bolivariana, el movimiento político ideado de por Hugo Chávez. Y no eran cualquiera dentro del comando: en rigor se trataba del equipo político entero, el cerebro de la campaña.
Se trata de Magalli Meda, la jefa de ese bloque; Claudia Macero, responsable nacional de comunicaciones; Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales; Omar González, jefe de campaña del estado Anzoátegui; y Humberto Villalobos, jefe de logística electoral. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, los acusó hace muy poco (en particular a Meda y a Villalobos) de estar orquestando hechos violentos desde la embajada para el día de las elecciones, este próximo 28 de julio, presumiblemente, de acuerdo con lo que dijo, organizando motorizados para asediar los espacios urbanos “donde vota la derecha”. Ese modus operandi, en realidad, se ha convertido un clásico en los procedimientos chavistas cuando hay tensión política en el país.
Todas estas personas son miembros de la dirección nacional del partido Vente Venezuela y colaboradores directos de Machado, fundadora de la organización y líder de la oposición venezolana. En esta misma arremetida que llevó a estos políticos a pedir asilo diplomático fueron detenidos, en plena calle y ahora están presos, Henri Alviarez, coordinador nacional de organización, y Dinora Hernández, secretaria política nacional de Vente Venezuela.
Algunos de estos dirigentes ya habían estado asilados temporalmente en la embajada de los Países Bajos con acusaciones similares, poco después de finalizadas las elecciones primarias organizadas por la oposición el pasado 22 de octubre, que tuvieron éxito político y que fueron desconocidas inmediatamente por la legalidad revolucionaria.
En algún momento, en el marco de las negociaciones con mediación internacional, el chavismo se replegó en el procedimiento. En materia represiva, las cosas se han precipitado gravemente a partir del mes de enero en Venezuela. Junto a ellos, acusado también por la Fiscalía, está en la embajada argentina Fernando Martínez Mottola, un político sin militancia partidista que no pertenece al Comando con Venezuela, pero es un dirigente fundamental de la Plataforma Unitaria en temas organizativos y la gestación de acuerdos entre tendencias.
En el tiempo reciente, Martínez Mottola ha trabajado activamente, junto a delegaciones opositoras y chavistas, en la organización y los términos del diálogo político auspiciado por el Gobierno de Noruega. Luego de tener un papel listo para firmar una medida de gracia, el Gobierno de Nicolás Maduro les ha negado rotundamente el salvoconducto. En medio de una enorme incertidumbre personal, en algunos casos con familiares viviendo fuera de Caracas, la administración de Javier Milei los atiende en calidad de huéspedes.
Afirman que se enteraron de su situación por la televisión, una vez que el fiscal general, Tarek William Saab, los responsabilizara en marzo pasado de formar parte de una conspiración para derrocar al Gobierno, generar violencia en el país y atentar contra la vida de Maduro. Mientras esto sucedía con ellos, tiempo después también han sido acusados de delitos similares, y llevados inmediatamente a prisión, coordinadores regionales de Vente Venezuela en los estados Vargas, Trujillo, Barinas y Yaracuy. En total, 46 políticos y activistas opositores, algunos sin militancia partidista, han sido llevados a la cárcel desde finales del año pasado.
Dentro de la embajada, estos dirigentes están inmersos en sus responsabilidades políticas, en medio de importantes limitaciones en materia de servicios públicos. Alterar la rutina sin invadir los espacios ajenos, es, afirman, uno de los retos fundamentales de un momento personal exigente. Sus abogados no tenían claro, al principio, los términos de la acusación, que terminaron siendo los mismos que se le formulan a casi todos los dirigentes opositores: instigación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir. También, terrorismo y legitimación de capitales.
La decisión de otorgar el salvoconducto a estos políticos estaba tomada, de acuerdo a lo que informa la defensa, pero ella traía consigo una cláusula en la cual se establecía que ninguno de ellos podría hacer activismo político en el exilio, y estaban en la obligación de colaborar con la justicia venezolana, a la cual estos no quisieron avenirse.
La campaña electoral venezolana transcurre sin incidentes graves en materia de violencia, pero en medio de un entorno muy asimétrico para la promoción de mensajes, disposición de espacios públicos, recursos, y uso de la ley, todos ampliamente favorables a Maduro, el presidente-candidato, quien controla cómodamente los resortes del poder en el país, hace mítines políticos en actos militares, y pudo presentar, plácidamente, a los miembros de su comando de campaña en una transmisión televisiva.
La campaña de la oposición, casi inexistente en materia de promoción electoral, sin presencia en los medios, sin afiches, pegatinas, ni pinturas en las calles, descansa en una intensa promoción de giras por pueblos y ciudades medianas que adelanta Machado junto a González Urrutia, con un claro veto a la capital. Los videos en las redes sociales de sus mitines se viralizan con gran rapidez. De acuerdo a lo que informan al menos cuatro de las firmas encuestadoras más reconocidas del país, González Urrutia tiene una clara ventaja sobre Maduro en intención de voto, promediando un 50% frente al 26 de su rival.
