El olor a podrido y costales llenos de escombros al lado de osamentas y metidos en bóvedas del cementerio del Norte de Bogotá fueron la primera alerta de que algo no estaba marchando bien con el millonario contrato que el Distrito firmó –por 41.300 millones de pesos– para el manejo y la administración de ese y de otros tres camposantos.
Reportes y fotos de residuos peligrosos cerca de las lápidas de ese lugar empezaron a ser enviados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), en alertas que también incluían irregularidades en los cementerios Central, Sur y Serafín, todos a cargo de esa entidad del Distrito.
Allí consta que funcionarios de la empresa Vanti llegaron a uno de los hornos crematorios y cortaron el gas por falta de pago. Y lo mismo ocurrió con Condensa, que frenó temporalmente el suministro de luz en el Serafín y en el del Norte.
Los problemas con las exhumaciones de cadáveres y la acumulación de basuras empezaron a poner en riesgo la prestación del servicio y la salud de empleados y dolientes sin que el contratista –la Unión Temporal Cementerios del Distrito– tomara correctivos de fondo, dicen algunas de las alertas en poder de EL TIEMPO.
Las tarjeticas y giros
Pero los documentos y alertas iban más allá. En tres de los oficios enviados a la Uaesp y al contratista, fechados en septiembre de 2022, se advierte una clara y progresiva desviación de recursos.
Aunque el Distrito habla de 5.847 millones, este diario estableció que son más de 8.636 millones de pesos, cuyo paradero la Procuraduría y la Fiscalía rastrean.
Lo que aún no entienden los investigadores es por qué las denuncias sobre el manejo irregular de estos cementerios estallaron tan solo en noviembre de 2022. Para ese momento, la interventoría (a cargo del Consorcio San Marcos 2021) ya había lanzado 27 advertencias y enviado 550 oficios y correos en los que incluso se pedía la imposición de multas y hasta el inicio del proceso de caducidad del contrato.
A mitad de ese mes, las concejales Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, y María Victoria Vargas, liberal, revelaron irregularidades y exigieron la intervención de los organismos de control.
Y hay evidencia de que en los corredores de los cuatro cementerios distritales se empezaron a repartir tarjeticas en las que se les pedía a familiares de los muertos que pagaran en efectivo o consignaran el valor de los servicios fúnebres en cuatro cuentas particulares.
En efecto, está probado que de los 10.189 millones de pesos de recaudo que se hicieron en 16 meses, solo 1.552 millones estaban en la fiducia. Así consta en informe de la interventoría.
Bienes y antecedentes
A ese desfase se unieron los señalamientos de Sergio Alexánder Herrera Venegas, un supuesto empleado de la Unión Temporal que aseguró que se había pagado una coima o comisión de 1.050 millones de pesos para que les adjudicaran el contrato en la Uaesp.
Desde noviembre pasado, el Distrito denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades en ese contrato. Y ante los nuevos señalamientos, la Uaesp solicitó esta semana que se impida la salida del país de los contratistas de la Unión Temporal y que se embarguen sus bienes, como medida cautelar.
EL TIEMPO investigó y estableció que si bien dentro del escándalo han salido a relucir los nombres de cuatro contratistas –Eder Parada Carreño, Dairo Mora Valbuena, Liliana María Mercado Lozano y Jorge Parada Barrera–, las autoridades rastrean a otros dos.
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Uno de ellos es Edson Armando García Parrado. Él es el poder bajo la sombra del Consorcio Global Fundesco, con sede en Panamá. Esa compañía es dueña del 49,5 por ciento de las acciones de la Unión Temporal Cementerios del Distrito, que un mes después de obtener el contrato cambió su nombre a Jardines de Luz y Paz.
La cabeza visible de la firma panameña es su esposa, Liliana Mercado (representante legal de la Unión Temporal), quien en 2007 testificó ante la Corte Suprema que García había sido secuestrado por las Farc siete años atrás.
A García, médico de profesión, le aparecen varias propiedades en Puerto López (Meta) y en Yopal (Casanare). EL TIEMPO estableció que autoridades verifican si en Yopal coincidió con Luz Amanda Camacho Sánchez, la renunciada directora de la Uaesp, quien fue agente especial de una empresa pública de esa ciudad, en 2015.
Camacho dice que nunca se reunió con los contratistas y que su actuación ha sido intachable.
En cuanto al exsecuestrado empresario, este diario estableció que también aparece ligado a la IPS Trascender Salud, con sede en Cartagena. El dato es clave porque investigadores verifican la autenticidad del certificado de experiencia en “cremación, inhumación subterránea y en exhumación de restos humanos” que la IPS panameña Salud de Todos le expidió al Consorcio Global Fundesco para presentárselo a la Uaesp.
El certificado de experiencia lo firma Sandra Lozano Bernal, sin identificación alguna y sin que nadie conteste el teléfono que aparece en el documento.
Los otros rastreos
También se está chequeando el récord de Edilberto Julio Padilla, representante legal de Inversiones, Proyectos y Obras Civiles S. A. S., el otro socio de Unión Temporal Cementerios del Distrito
Padilla apareció en la lista de 21 excontratistas imputados, en septiembre de 2019, por presunto detrimento patrimonial en contratos con Cardique, por más de 15.000 millones de pesos.
Investigadores buscan establecer qué pasó en ese caso con Padilla, a quien le figuran tres propiedades: una casa en el condominio Santorini de Cartagena y dos predios más en esa misma ciudad..
EL TIEMPO lo contactó para conocer su versión del tema, pero dijo que iba por carretera y al cierre de esta edición no había respondido.
También se llamó al apoderado de la Unión Temporal, Juan Pablo Sánchez Galvis, quien dijo que no estaba autorizado para hablar y que la postura de los socios se había plasmado en comunicados públicos. En estos niegan los señalamientos, el desvío de recursos y anuncian acciones legales contra funcionarios de la Uaesp.
Por su parte, la interventoría negó que compartiera oficina con el contratista que vigila, como lo señaló la concejal Lucía Bastidas. Además, revelaron que ya le enviaron a la Fiscalía un oficio en el que solicitan ser parte del proceso.
“Hemos solicitado cinco veces la caducidad de ese contrato ante el inminente riesgo de la parálisis del servicio”, explicó David Cedeño, cabeza de la interventoría.
Por ahora, la Procuraduría ejerció el poder preferente y le pidió a la Personería de Bogotá que le envíe el expediente. Y la Fiscalía alista decisiones.
¿Qué dicen los contratistas?
A través de un comunicado, la Unión Temporal Cementerios del Distrito donde fijan su posición con relación a los señalamientos que han recibido en las últimas semanas. El documento señala, entre otras cosas, lo siguiente:
1.Desde la creación de la Fiducia, Jardines de Luz y Paz SAS ha realizado consignaciones por $2.200 millones, de los cuales la Uaesp ya ha retirado $800 millones por conceptos de redistribución al Distrito y pago de interventoría.
2. Jardines de Luz y Paz ha presentado todos los soportes exigidos para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Sin embargo, y en contravía de los establecido en el contrato de la concesión, la Uaesp se ha negado a reconocer las retribuciones que por ley le corresponden al concesionario.
3. Es preocupante, que una entidad del distrito teniendo acceso a toda información financiera, acuse a la concesión de apropiarse ilícitamente de más de $5.800 millones.
4. El equipo jurídico de la concesión, interpondrá las acciones legales correspondientes en contra de los funcionarios de la Uaesp y de la interventoría, para garantizar que se cumpla el debido proceso demostrando la transparencia en los manejos de los recursos públicos.
Además, días atrás, la Unión Temporal certificó que Sergio Herrera Venegas, quien había posado de gerente financiero y comercial de los cementerios, no tuvo ninguna relación laboral, comercial o civil con la contratista.
