Desde diciembre de 2001, Colombia y Nicaragua vienen disputando parte de la soberanía de la plataforma continental extendida en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Todo inició cuando desde el país centroamericano demandaron tener la soberanía del territorio, pero toda esta saga podría tener un final cuando el fallo se dé a conocer este jueves, 13 de julio.
La decisión significa una gran intriga para ambas naciones, que no saben a ciencia cierta lo que pueda decretar la Corte Internacional de Justicia sobre la soberanía de Colombia o Nicaragua sobre la famosa ‘plataforma continental extendida’. La cual demandó a la nación reclamando su poder sobre dicho territorio, por lo que el fallo que se dé desde La Haya podrá ser un punto final para dicha disputa.
“Está anunciado que este jueves el fallo será revelado a las 8:00 a. m. y la opinión de los expertos es que, probablemente, nos va a ir mal, lo que no se sabe es qué tan mal. Por eso es importante saber los escenarios a los que nos enfrentamos, de manera que entendamos, cuando nos enteremos del contenido del fallo: qué perdimos y qué ganamos, si ganamos algo el jueves”, contó María Isabel Rueda en su columna diaria en SEMANA.
Con este contexto en mente, la comunicadora plantea que Colombia tendrá tres escenarios durante este jueves cuando se lea el fallo de la Corte Internacional de La Haya sobre el pleito que el país tiene contra la Nicaragua del dictador Daniel Ortega. Esto es lo que le podría esperar a la nación tras la decisión judicial:
1. Cierre del caso
El primer escenario para Colombia es que los magistrados de la Corte Internacional de Justicia den su veredicto de manera definitiva, ya sea de manera positiva o negativa para Colombia, sea decretando que parte de lo que era considerado territorio marítimo colombiano hace parte de Nicaragua, o dándole la razón a la defensa colombiana y que las fronteras marítimas se mantengan como la nación pretende desde que la demanda fue impuesta hace más de 10 años.
2. No hay información suficiente
Otro escenario para Colombia y Nicaragua, que pueda ocurrir durante el fallo, es que el tribunal internacional manifiesta que no tiene información suficiente para hacer esa delimitación y que, por lo tanto, el pleito sigue y que convocará una nueva audiencia para ver las pruebas y eso nos alargaría un año más la situación con Nicaragua.
3. ¿Un punto medio?
El tercer escenario es que la Corte diga que quedan resueltos los temas de derecho, pero que la delimitación de esos límites marinos entre Colombia y Nicaragua, por carecer de pruebas y capacidad tecnológica, le corresponderá a la Comisión de Límites de plataforma continental, fruto de un tratado de Colombia que no ha ratificado, pero Nicaragua sí, lo cual tomaría un largo tiempo en poder tomar una decisión al respecto.
La demanda de Nicaragua ante la Corte en el 2001
Las razones fundamentales de Nicaragua para demandar a Colombia ante la Corte fueron la negativa de nuestro país de negociar la soberanía del archipiélago de San Andrés y los cayos, y la posición colombiana desde 1969 de que la frontera marítima entre los dos países se había establecido en 1930 por el meridiano 82°.
Nicaragua consideraba, además, que no era posible que unas islas seis veces más cercanas a su territorio que al de Colombia y frente a su costa no les pertenecieran. Igualmente, creían que aun en el caso de que pertenecieran a Colombia, su jurisdicción marítima solo podría ser de pequeños enclaves de 12 millas de mar territorial alrededor, sin plataforma continental ni zonas económicas propias.
Intentos fallidos de negociación
Todos los mandatarios de Colombia desde 1969, así como sus cancilleres, sabían perfectamente que el meridiano 82° no era una frontera marítima. Sin embargo, con excepción de López Michelsen, ninguno se atrevió a reconocerlo públicamente, por el temor de ser calificado de traidor a la patria.
Los gobiernos de López Michelsen, Turbay Ayala, Betancur y Pastrana trataron de pactar con Nicaragua el límite marítimo, conscientes de que la posición sobre el meridiano 82.° no era sólida jurídicamente. Sin embargo, Nicaragua solo lo haría si al mismo tiempo se negociara la soberanía de los componentes del archipiélago, lo que nunca fue aceptado por Colombia.
Colombia, “adalid” de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia
Con la convicción vendida muchos años atrás de que Colombia era “el adalid de la solución pacífica de las controversias”, ningún mandatario quiso dar el paso de desvincularse de la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Por algo, El Tiempo, cuando Nicaragua presentó su demanda, señaló en un editorial que “Colombia no tiene nada que ganar y Nicaragua nada que perder”.
Finalmente, cuando ya la demanda era inminente, la administración Pastrana retiró la declaración por la que había aceptado la jurisdicción de la Corte en 1936, pero quedó vigente el Pacto de Bogotá, en el que también se establecía la misma obligación.
Colombia alegó que la Corte carecía de competencia para pronunciarse sobre la demanda de Nicaragua, ya que la controversia se había resuelto en 1930 con la entrada en vigor del tratado Esguerra-Bárcenas y que esa condición impedía al tribunal asumir la competencia por el Pacto de Bogotá. Nicaragua sostenía lo contrario. El asunto lo resolvió un fallo en 2007.
El fallo de la Corte en el 2007
El fallo de la Corte del 13 de diciembre de 2007 fue netamente favorable para Colombia. Reiteró que el archipiélago era de Colombia y que el tratado de 1928 era válido y estaba vigente. Se reservó para otra instancia la decisión sobre cuáles eran las islas y cayos que hacían parte del archipiélago, así como la delimitación que debía realizarse, ya que rechazó el límite por meridiano reclamado por Colombia y la línea media entre las costas continentales que Nicaragua había invocado.
Al mismo tiempo, el expresidente Uribe hizo una hábil presentación que generó optimismo entre la opinión pública. Por su parte, Ortega, también hábilmente, minimizó el grave golpe recibido a las tesis que venían sosteniendo Nicaragua y él mismo desde muchos años atrás.
El fallo de la Corte de 2012
Vino luego, en noviembre de 2012, el fallo de la Corte sobre los asuntos pendientes. Este tribunal decidió trazar su propia delimitación de acuerdo con las normas vigentes del derecho internacional. No aceptó la línea media propuesta por Colombia ni el supuesto borde externo de su plataforma continental que Nicaragua pretendía.
Reconoció la soberanía colombiana sobre todos los cayos y asignó al archipiélago una considerable extensión de espacios marítimos. No obstante, enclavó dos de ellos, Serrana y Quitasueño, y afectó tratados que Colombia había concertado con otros Estados.
El entonces presidente Juan Manuel Santos armó una curiosa tesis, con respaldos domésticos, en el sentido de que Colombia no podía aplicar el fallo de la Corte hasta tanto no se concertara un tratado bilateral con Nicaragua en el que se incorporara lo establecido sobre la delimitación marítima en el fallo de 2012. Además, inició con su canciller y otros funcionarios del Gobierno una inusitada ola de ataques contra la Corte Internacional de Justicia, lo que llevó a que el presidente del tribunal citara al embajador de Colombia en La Haya y formulara una formal protesta, ya que algo así nunca se había presentado.
