El diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Luis Augusto Romero, en el marco del anuncio del incremento en la bonificación salarial, denunció que «el Gobierno no quiere que el país sepa cuánto es el ingreso real por la vida de la venta del petróleo, el Gobierno oculta sus ingresos por concepto de la venta petrolera».
«Me pregunto ¿quién quiere ser profesor en Venezuela al día de hoy? la respuesta es que nadie. Porque con ese salario de hambre, pues apenas alcanza, para trasladarse a sus lugares de trabajos, apenas si alcanza para trasladarse a sus centros de trabajo», subrayó Romero.
Asimismo agregó «todo el mundo sabe que la educación la subsidian los propios maestros de su bolsillo, eso lo sabe todo el país. Ahora parece normal aquellas escuela que están dando clase dos días a la semana, escuelas públicas que están impartiendo clases dos días a la semana y eso tiene un impacto brutal en las posibilidades de desarrollo de un país».
No obstante reflexionó que «la educación es la herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de una nación, nosotros lo que le planteamos nosotros al Gobierno: Sentarse en unas mesas de diálogo con los sectores productivos en este caso trabajadores y patronos, para poder construir y entre todos una política salarial que logre resolver el graves problemas del salario en el sector público y privado».
«Estamos en la obligación de diseñar una política económica que sea sostenible en el tiempo para beneficio de todos los venezolanos, pero para eso tú tienes que poner sobre la mesa la información y una de las variables que más esconde el Gobierno es el tema del ingreso por concepto de exportación petrolera», denunció.
En este sentido el lider progresista destacó que «es hora de buscar alternativas para resolver la precariedad del salario de los maestros. La posible solución pasa por estudiar la propuesta del sector tripartita y las posibles negociación con patronos y trabajadores».
El parlamentario para finalizar acotó que «el Gobierno cuenta con un presupuesto paralelo que no está fiscalizada por ninguna entidad pública».
