Marlene Camacho, madre de Paúl Moreno mártir zuliano asesinado por la dictadura de Maduro, exigió al gobernador del estado Zulia y al alcalde de Maracaibo que restituya el nombre de la avenida que llevaba el nombre de su hijo.
«Vengo llegando en este momento de la inauguración de la avenida, quede un poco como afocada, porque pensaba que el nombre de Paúl se lo iban a poner de nuevo a la avenida, porque el anterior alcalde (chavista) Willy Casanova, quitó el nombre de mi hijo», afirmó Camacho en un video difundido por periodistas locales de la entidad.
«Que triste, yo esperaba con encontrarme el nombre de mi hijo y cosa que no fue así. Estoy muy sentida, muy dolida, como madre esperando que ese nombre otra vez volviera a la avenida, cosa que no fue», acotó.
Por último, hizo una contundente petición a las autoridades regionales del Zulia.
«Lo estoy pidiendo, de verdad, a nuestro gobernador (Manuel Rosales) y a nuestro alcalde (Rafael Ramírez), para que se haga posible llevar ese nombre. Prohibido olvidar, prohibido olvidar. Todo el estado Zulia está esperando es esto, el nombre de mi hijo. (Paúl) es el héroe del Zulia, él dio la vida por todos nosotros», concluyó.
CASO PAÚL MORENO
Cuando Paúl René Moreno encontró la muerte bajo las ruedas de aquel vehículo que embistió su humanidad, la tarde del jueves 18 de mayo de 2017, Venezuela llevaba cerca de 50 días en las calles rechazando el errático destino impuesto por un sistema autoritario ineficiente e indolente, cuya violencia a la fecha dejaba al menos 57 muertos y un millar de heridos. De acuerdo con testigos, el ciudadano Omar Andrés Barrios Rojas, al volante de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, aceleró la marcha al pasar por el sitio y no se detuvo, causando la tragedia. De inmediato, la víctima fue trasladada al hospital Doctor Adolfo Pons, donde falleció a los pocos minutos producto de un traumatismo craneoencefálico.
Este asesinato, ocurrido en un contexto de gran violencia política, puso el acento sobre los crímenes de odio motivados por discursos incendiarios, estigmatizantes e intolerantes contra un amplio sector de la población que disiente de quienes administran el poder político. Recordemos que entre abril y julio de 2017 la violencia política cobró la vida de un total de 160 venezolanos, en una situación donde el Ejecutivo menoscabó los principios democráticos y el Estado de derecho, tras violentar nuestra Carta Magna.
El atropello al derecho a la vida (artículo 43), la libertad personal (artículo 44), la prohibición a la tortura y tratos inhumanos y degradantes (artículo 46), el derecho a ser juzgados por los jueces naturales (artículo 49, ord. 4), el derecho a la libertad de expresión (artículo 57), la libertad de comunicación (artículo 58) y el derecho a la protesta (artículo 68) se cuentan entre muchos delitos cometidos que aún no reciben castigo. Pese a las demandas de las víctimas para denunciar estas y otras irregularidades, el desempeño del sistema de justicia ha sido evaluado como deficitario o de absoluta nulidad cuando establece un silencio cómplice con los perpetradores de los crímenes, de acuerdo con pronunciamientos e informes presentados por diversas instancias defensoras de derechos humanos, dentro y fuera del país.
