La medida de Venezuela para permitir la extracción de oro y diamantes en seis ríos en su región amazónica puede aumentar el daño ambiental y al mismo tiempo alentar la propagación del coronavirus, según activistas y legisladores.
El régimen chavista de Nicolás Maduro levantó a principios de abril una antigua prohibición de actividades mineras en esos ríos, alejándose de la Asamblea Nacional, que condenó el decreto la semana pasada.
Aunque tal minería ya ocurre ilegalmente, los críticos dicen que levantar la restricciones alentará una mayor minería, que durante años ha sido un semillero de enfermedades infecciosas, mientras el país trata de evitar la propagación del COVID-19.
“Hay una relación directa entre minería y el crecimiento de algunas epidemias como el paludismo, el sarampión y otras, así que en el contexto del coronavirus la actividad minera en estos ríos puede generar un ambiente propicio para el contagio con esta pandemia”, dijo Luis Bello, del Grupo de Trabajo Socioambiental Amazónico de Wataniba.
El Ministerio de Información chavista no respondió a una solicitud de comentarios.
Los ríos cruzan el llamado Arco Minero del Orinoco, creado por el régimen en 2016, un área de más de 111.000 kilómetros cuadrados en la Amazonía venezolana.
Desde entonces Maduro ha apoyado la minería artesanal en esa zona para generar ingresos en medio de la crisis económica, un esfuerzo que se ha expandido a medida que Washington aumentó las sanciones que buscan forzar al cabecilla del Partido Socialista Unido de Venezuela a abandonar el poder.
La iniciativa minera en los seis ríos ha sido criticada por activistas ambientales y grupos de derechos humanos por contaminar las cuencas con mercurio, alimentar masacres mientras las pandillas luchan por el control del territorio y servir como caldo de cultivo para la enfermedad.
La resolución oficial autoriza la minería en los ríos Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní.
“Con ese decreto van a devastar las aguas, suelos y aires”, dijo la legisladora María Gabriela Hernández, jefa de la comisión de medio ambiente del parlamento.
“El mercurio que usan produce un grave daño a los seres humanos, principalmente a los propios mineros y comunidades de las zonas cercanas”, agregó.
La nueva medida reitera una prohibición existente sobre el uso de mercurio, pero los activistas dicen que la minería artesanal normalmente ignora tales regulaciones.
Nueve etnias indígenas habitan cerca del curso de los ríos incluidos en la resolución oficial: eñepá, jodi, yekwana, sanema, kariña, arawaco, pemon, jivi y akawayo, que suman en el estado Bolívar, al sur del país, una población de 47.642 personas, según el último censo oficial que data 2011.
El régimen ha reportado más de 300 casos y 10 muertes por el nuevo coronavirus, pero hasta ahora no ha habido informes de contagio entre esas etnias.
“Esta medida aumenta la presión sobre esas comunidades indígenas que están en condiciones precarias por situaciones económicas, la malaria e, incluso, por la posibilidad de que entre el COVID-19. Están generando una presión mayor para que dejen su cultura y se vayan a la minería”, dijo Alejandro Álvarez, coordinador del grupo no gubernamental Coalición Clima 21.
La violenta caída de los precios mundiales del petróleo “va a aumentar la presión para seguir extrayendo oro, diamante y coltán y eso va a ser muy duro para las comunidades indígenas, criollas y el resto de los venezolanos”, agregó.
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