«¡Te vamos a hacer abortar! ¡Para que no tengas hijos terroristas!». Mientras una adolescente embarazada era obligada a saltar delante de todos ellos, los militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Comando Regional número 2 de Mérida, laacompañaban con sus palabras obscenas. Todo sirve en el esquema de crueldad aplicado por el chavismo para controlar las protestas tras el megafraude del 28-J.
La chica sólo tiene 16 años y forma parte del grupo de 118 adolescentes, entre 13 y 17 años, de las clases más populares y humildes, detenidos en medio de una ola represiva que no se recordaba en América Latina desde los tiempos del dictador Augusto Pinochet. Maduro, convertido en el Herodes de la revolución, ha roto todos los récords: tras la rebelión cubana del 11-J más de 40 menores pasaron por sus cárceles. Tres años después, 29 chicos y una joven sufren todavía medidas cautelares, incluso en correccionales.
«Victoria toca cuatro (instrumento del folclore venezolano) y guitarra, le gusta componer canciones. Es una niña muy noble, muy humanitaria. Me gustaría que Victoria regrese a casa, tiene 16 años. Salió a caminar el 29 (día después del fraude) con sus primas y fue retenida. Está recluida en un centro para menores, no he podido verla. Liberen a Victoria, para tener a mi hija en casa. Necesito a Victoria en casa», suplicó Carmen Morillo en un testimonio que ha conmovido a Venezuela. La chiquilla, una más entre las 15 chicas detenidas, es estudiante de Quinto de Bachillerato y forma parte de la Orquesta Sinfónica.
«La gran mayoría de los 118 siguen privados de libertad con delitos como instigación al odio y terrorismo, sólo algunos han sido liberados incluyendo la muchacha embarazada de Mérida. Son personas de muy bajos recursos. Fueron detenidos en su mayoría porque estaban en las calles, pasaban por la manifestación o protestaron pacíficamente. Se detuvo masivamente a todo el mundo, incluidos los menores y discapacitados. No importó a quiénes se llevaban por delante», precisó para EL MUNDO Alfredo Romero, presidente del Foro Penal. Hasta ayer, transcurridos 18 días de su detención, un niño de 13 años permanece bajo arresto para un total de 1.406 detenidos verificados por el Foro Penal. La mayoría permanece en la prisión de Yare 3.
Esta organización de derechos humanos, clave para conocer la situación de los prisioneros políticos en Venezuela, registró 305 antes de que comenzaran las protestas, una cifra ahora pulverizada. «Ya varios de los menores califican como presos políticos, porque la detención es arbitraria y la privación de libertad es formal o pasó el tiempo de presentarse al tribunal», confirmó Romero a este periódico.
Los encargados de cumplir las órdenes presidenciales son los más obedientes de la justicia chavista, con el fiscal general Tarek William Saab a la cabeza, protagonista de una deriva sin freno: ayer aseguró muy convencido que los principales partidos de la oposición, incluido el de María Corina Machado, proceden de una secta satánica.
En la persecución contra menores le acompañan la famosa fiscal Katherine Harrington, actual presidenta del circuito judicial de Caracas y quien llevó la acusación contra Leopoldo López, que además está sancionada por Estados Unidos desde hace una década por violar derechos humanos; y el juez Joel Monje, que está sentenciando en persona las privaciones de libertad temporales contra los chicos.
«Son los principales operadores de esta barbaridad de considerar terroristas a niños. Están llegando a niveles nunca antes vistos, por lo menos en América Latina. No es solo el encarcelamiento, es también la imputación. Se les está estigmatizando como terroristas. En el caso del terrorismo real, los niños son víctimas, porque los inducen, los arman, les obligan a cometer actos pero no tienen conciencia de la magnitud. Con estas acusaciones entran en el sistema y son enviados a centros de detención, donde se les trata como terroristas. Niños que protestaban porque no tienen alimentos, porque su escuela no sirve. En cualquier otro país del mundo estaría orgullosos porque haya adolescentes críticos, pero en Venezuela se les cataloga como terroristas», criticó para EL MUNDO el ex fiscal Zair Mundaray, exiliado hoy en Colombia.
De esta forma, el chavismo ha aprovechado las detenciones a mansalva también para acallar la protesta. «Anulas a familias enteras. Te llevas a un niño y no protesta nadie en la familia, en la cuadra (manzana)… Tíos, primos, abuelos, anulas a un gentío. Instrumentalizas a los niños para acallar la protesta. Técnicamente es un secuestro«, pormenorizó Mundaray.
La tragedia de estas familias, muchas de ellas de los barrios más populares del país, ha impactado a una sociedad venezolana que sufre un estado de sitio virtual impuesto por el Gobierno, que incluye toques de queda no oficiales en esos mismos barrios. «¡Esto es algo cruel! No son sólo números, hay que ponerle rostros e historias a lo que el régimen está haciendo. Creo que es el momento más duro de mi vida: tener que dar consuelo a las madres de los muchachos detenidos, escondidos o asesinados», se quejó María Corina Machado.
De hecho, entre los 24 asesinados por las fuerzas chavistas se encuentran un menor de 15 años, Isaías Fuenmayor, alcanzado por un disparo en el estado fronterizo de Zulia cuando regresaba a su casa, y cuatro más entre 18 y 19 años.
Historias y rostros como los de dos raperos caraqueños, de 18 años, quienes por unos pocos meses, tras cumplir la mayoría de edad, no han sido recluidos en un centro de menores y sí en la cárcel de Yare 3, después de que les raparan las cabezas y con ese uniforme azul de preso que Maduro ha exhibido con parecido orgullo al que hizo famoso al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Se trata de los freestylersUlises Vergara y Luis Alejandro Rodríguez, ambos de 18 años, competidores en la liga de Rap Sin Groserías en Caracas. Han ganado varios campeonatos locales con sus improvisaciones llenas de fuerza.
Los dos jóvenes estaban en las inmediaciones de un conocido centro comercial de Caracas, el CC San Ignacio, cuando un enjambre motorizado de la Policía Nacional Bolivariana embistió contra gente que llegaba desde una de las concentraciones opositoras. Según describen los testigos, los dos chicos ayudaron a unos ancianos afectados por los gases lacrimógenos. De esa forma cayeron en manos de los agentes revolucionarios.
«Fueron presentados ante un juez en una audiencia por videoconferencia, con defensores públicos impuestos y luego fueron trasladados al penal de Yare 3. Siguen presos», informó a EL MUNDO el activista de derechos humanos Luis Serrano.
