El régimen de Nicolás Maduro ha eliminado silenciosamente una política de subsidios a la electricidad, el agua, el gas y los peajes de las carreteras para apuntalar las cuentas fiscales, trasladando los costos a las empresas y a los particulares acostumbrados, durante décadas, a los servicios públicos baratos.
En todo el país, las facturas de la luz, teléfono, internet, aseo urbano y agua están subiendo de manera sostenida. Los peajes se han restablecido para circular en las principales vías entre varios estados. Las gasolineras cobran cada vez más dólares estadounidenses.
Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro está cediendo el control de la venta de gas doméstico y la recaudación de impuestos a los municipios.
«Ahora somos un país diferente», dijo Gustavo Nouel, un agrónomo en una finca arrocera de 68 hectáreas en el estado Portuguesa, donde la factura de electricidad se multiplicó por 100 a 5.000 dólares al mes en enero. «Estamos en plena transición porque hemos matado a la gallina de los huevos de oro», indica citado en una crónica de Bloomberg.
La gallina de los huevos de oro en Venezuela, una industria petrolera construida sobre las mayores reservas probadas del mundo, está produciendo una cuarta parte de lo que extraía en 1998, lo que resta decenas de miles de millones de dólares en ingresos para gastar en servicios sociales y programas para los ciudadanos.
Esta situación ha obligado a Maduro a adoptar un enfoque más capitalista, lo que ha contribuido a impulsar una incipiente recuperación económica. Ahora, su gobierno está subiendo gradualmente el precio de los servicios proporcionados por el Estado para acercarse más a su costo real, mientras sigue intentando proteger a más del 90% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza.
Después de años de recesión e hiperinflación, la política de Maduro de permitir que las empresas estatales cobren más por servicios cargados de problemas debería ayudarlas a mejorar sus operaciones y finanzas y a pagar salarios más altos, dijo José Luis Saboin, un consultor económico venezolano en Washington, D.C., especialista en el tema de los subsidios.
«Es bastante lamentable que haya sido necesaria una catástrofe económica para que esta situación de precios se revierta», dijo. «Pero como dice el refrán: más vale tarde que nunca», añadió a Bloomberg.
Para ser claros, Venezuela sigue siendo barata: un kilovatio hora de electricidad cuesta alrededor de un centavo, comparado con unos 11 centavos en Estados Unidos. Sin embargo, se trata de un cambio drástico para un gobierno que durante mucho tiempo se enorgulleció de proporcionar servicios públicos prácticamente gratuitos.
Esta política se remonta a la década de 1970, cuando el gobierno comenzó a subvencionar la mayoría de los servicios públicos a través del tipo de cambio, utilizando como financiamiento a los altos precios de los productos básicos.
Esta estrategia se mantuvo bajo el mandato del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, que se comprometió a reducir la pobreza y a permitir que millones de hogares utilizaran los servicios sin pagar. Incluso en la actualidad, alrededor de un tercio de la población tiene conexiones de electricidad o agua sin pagar un centavo, según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.
No está claro cuánto gasta exactamente el gobierno en las subvenciones, ya que no se publican cifras oficiales.
Sin embargo, economistas del Centro de Políticas Públicas del IESA estiman que los subsidios ascendieron a 25.000 millones de dólares en 2014.
Maduro comenzó a cambiar la política en serio en 2020, apuntando a todo, desde el gas doméstico hasta las tarifas eléctricas. Muchas estaciones de gasolina pasaron de cobrar en bolívares a dólares estadounidenses cuando el gobierno se vio obligado a comenzar a importar condensado de lugares tan lejanos como Irán para mezclarlo con el crudo local.
Pero el cambio, que se produce mientras muchos gobiernos de todo el mundo aumentan los subsidios para suavizar el golpe de los precios de la energía y los alimentos, se ha producido con poca fanfarria o publicidad, lo que ha ayudado a Maduro a evitar una reacción pública.
Los comerciantes dicen que se vieron sorprendidos por las enormes facturas. Los servicios, mientras tanto, han seguido siendo pésimos.
«Solíamos pagar tarifas bajas por servicios ineficientes, ahora estamos pagando precios altos por los mismos servicios ineficientes», dijo Omar Bautista, presidente de la Federación Venezolana de Fabricantes de Autopartes, FAVENPA. El dirigente gremial señaló que los fabricantes se han visto perjudicados por el frecuente racionamiento de agua y energía fuera de Caracas.
Algunos productores se han adaptado, a través de ajustes de sus precios o trasladándose a municipios más baratos dirigidos por alcaldes respaldados por el gobierno, que atraen a las empresas con exenciones fiscales. Otros han tenido que cerrar sus negocios y vender.
En Barquisimeto, Francisco D’Armata está considerando la posibilidad de trasladar su negocio de fabricación de vidrio, de 45 años de antigüedad, a un lugar donde los servicios son más fiables y el gobierno local ha mantenido los impuestos más bajos para recuperar la industria.
«Me gustaría que mi hijo ampliara este negocio a una tercera generación, pero las condiciones siguen siendo difíciles. Tenemos muchas esperanzas de que las cosas mejoren», afirma.
Para Simón Salas, director de Cámara de Comercio del estado Lara, los aumentos de precio de los servicios públicos tienen sentido en virtud de los cambios que se están produciendo en el país.
«Estamos entrando en otra realidad, nos guste o no. Venezuela está navegando en aguas desconocidas, transformándose», dijo. «Estábamos pagando casi cero por los servicios, así que no podemos comparar».