La dictadura de Maduro se sostiene a punta de fusiles. Si tiene que ordenar que se disparen contra el pueblo, poco le importa. Ya lo demostró cuando en 2017 bañó de sangre las calles de Venezuela para aplastar la Rebelión Popular. Lo demostró igualmente en enero-febrero de 2019.
El apoyo popular lo perdió. Así que ha decidido mantenerse en poder a costa de trampas como las fraudulentas elecciones de mayo 2018 o la represión masiva y selectiva. Por ello la Corte Penal Internacional investiga si se han cometido delitos de lesa humanidad y la Organización de las Naciones Unidas estableció que una Comisión de Determinación de Hechos investigue las graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado desde 2014. Una de esas graves violaciones es la tortura. La organización Provea denunció esta semana que en lo que va de 2019 han sido asesinadas 21 personas tras haber sido torturadas.
El pasado 13 de noviembre Maduro anuncia que se repartirá fusiles a los milicianos. No hay medicinas, muchos de esos milicianos incluso deben padecer la escasez, pero la prioridad del dictador es seguir distribuyendo armas.
La noticia es preocupante por varias razones. Exponemos cuatro de ellas. La primera, Maduro y su cúpula, militarizan cada vez más las labores de seguridad ciudadana. Es decir, en contravía a la Constitución y la Ley de Policía Nacional, los militares desplazan progresivamente a las policías civiles en dicha labor. Personal entrenado para acciones de guerra, son los que se despliegan con la lógica de combatir un enemigo. Ello es de alto riesgo para los derechos humanos. Un ejemplo de ello lo constituye la masacre de Barlovento realizada en octubre de 2016 por el ejército en uno de los operativos OLP donde detuvieron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a 12 personas.
¿Dirá algo el Defensor del Pueblo impuesto por la fraudulenta Constituyente? Cuando era activista de derechos humanos fue promotor de la desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana y de las políticas pro desarme.
La segunda, el anuncio lo realiza Maduro tres días antes de la convocatoria a una jornada nacional de movilizaciones realizada por la oposición. Pareciera entonces que tiene también un propósito de intimidar y posiblemente de usar contra la protesta. Con los antecedentes de la masacre por goteo realizada en 2017 contra manifestantes no hay razones para dudar, que pudiese ordenar a los milicianos enfrentar a los manifestantes.
La tercera, es que mientras el país necesita políticas serias y eficientes de desarme, la dictadura no solo estimula el armamentismo sino que pone a circular más armas, además en manos de personal muy poco entrenado. Así, en lugar de estimular la paz, promueve violencia. En lugar de aupar el desarme, lo alienta.
Finalmente, el despliegue de la milicia y la distribución de fusiles tienen un alto costo. Mientras los servicios públicos se deterioran, las calles están obscuras, los semáforos no funcionan, cientos de escuelas están en ruinas y más de 12 centros de salud a medio construir, la prioridad del gobierno es invertir en armas y en la presencia militar.
Sin duda Maduro y su cúpula no solo son represores, sino indolentes y acrecientan el sufrimiento de la población.
Marino Alvarado | @marinoalvarado
