Personas privadas de libertad, detenidas de forma arbitraria o en operativos policiales han denunciado ser víctimas de torturas o malos tratos. El Estado no ofrece cifras concretas sobre la cantidad de investigados y condenados por este delito en los últimos dos años. En solo uno de los diez casos documentados por «La República que tortura», un especial de TalCual publicado en diciembre de 2020, se hizo una investigación y se condenó por este crimen.
Este 26 de junio se conmemora el día internacional en apoyo a la víctimas de torturas. Más allá de informes internacionales, en Venezuela no se disponen de cifras oficiales sobre denuncias e investigaciones de este delito. El fiscal general solo informa esporádicamente sobre algunos casos y las ONG recolectan evidencia en base a testimonios, generalmente de presos políticos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales o sus familiares.
El último informe país escrito de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documenta casos entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, detalla que recibieron 14 denuncias de torturas o malos tratos hacia personas privadas de libertad.
Otras cinco personas detenidas desde antes del período que abarca el informe de la Oficina de Bachelet también presentaron denuncias similares ante las autoridades.
«La falta de investigaciones adecuadas sobre esas denuncias y de protección contra las represalias, según se reporta, ha desalentado a las víctimas a denunciar», dice esta instancia.
Esta falta de justicia y reparación también desalienta a las víctimas en operativos policiales y sus familias, además del miedo y el trauma causado por la acción de los organismos de seguridad, «lo que da lugar a que no se registren los casos».
En al menos tres casos de operativos policiales en comunidades, el fallecido habría sufrido presuntamente tortura o malos tratos antes de su muerte, según las denuncias recopiladas por la Oacnudh.
En 13 detenciones arbitrarias, en al menos tres los detenidos fueron torturados o maltratados.
Según fuentes oficiales, el Ministerio Público (MP) recibió 235 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad, incluidas 20 relacionadas con personas que enfrentan cargos relacionados con presunto terrorismo.
El MP no especificó cuántos de ellos fueron investigados o procesados judicialmente, cuántas personas imputadas, detenidas o condenadas por este tipo de delito.
En solo uno de los diez casos documentados por «La República que tortura», un especial de TalCual publicado en diciembre de 2020, se hizo una investigación y se condenó por este crimen.
Esta es la condena recibida por dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por las torturas y homicidio del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado en junio de 2019.
La sentencia fue publicada el 6 de febrero de 2022. Los dos agentes fueron condenados a 30 años de prisión. Para la oficina de Bachelet «se trata de un paso adelante en la investigación de cargos de tortura y debería conducir a esfuerzos más sostenidos para investigar las denuncias de tortura o malos tratos, incluso en el nivel de responsabilidad del mando».
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