El diálogo social sigue estando ausente en Miraflores: las medidas para contrarrestar los efectos de la paralización económica por el coronavirus carecen de consenso y se rigen por reedición de los controles.
Por Carlos Guerra – Correo de Caroní
Este incremento salarial dejaría en 4,67 dólares el sueldo del venezolano promedio, tomando en cuenta la tasa que maneja el Banco Central de Venezuela de 171.072,85 bolívares por dólar.
Luego de la ola de saqueos en varios estados del país, la vicepresidenta del gobierno de facto, Delcy Rodríguez, ordenó la regulación del precio de 27 productos de la cesta básica y la supervisión de las ventas del sector privado.
Esta control de precios dejó el atún enlatado (170 gramos) en 0,90 dólares, el kilo de carne (de tercera) en 2,40 dólares, la carne de cerdo en 1,88 dólares, el cartón de huevos en 3 dólares, el queso blanco duro en 2,30 dólares, la mortadela en 1,20 dólares y el kilo de sardina fresca en 1,80 dólares.
Las nuevas medidas económicas repiten el esquema de la unilateralidad, excluyendo a los actores productivos y laborales, por lo que distan de resolver de fondo la ardua crisis que atraviesa Venezuela.
Como ha sido usual en este proceso político, liderado por Hugo Chávez y seguido por Nicolás Maduro, los decretos omitieron la discusión tripartita con empleadores y trabajadores para fijar la variación de salario mínimo.
Mismas políticas, mismos resultados
Los estragos de una economía en ruina y el obligado cese de las operaciones comerciales por el decreto de estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19 habían sido advertidos por los especialistas, toda vez que en Venezuela las empresas no tienen respaldo monetario significativo producto del colapso económico de los años anteriores.
Henkel García, director de Econométrica, indicó en marzo pasado a este medio que “la mayor parte del ciudadano venezolano no tiene ahorros suficientes para tener un margen de maniobra en este punto”.
El economista afirmaba que los sectores empresariales macros ni en los micros contaban con ahorros suficientes para aguantar la situación, y que aparte no hubo un balance entre la cuarentena y el tema económico en el país. “Hay gente que vivía del día a día, hay muchos que están saliendo desesperados a trabajar pero cuando salen a la calle, se da cuenta que en la calle no hay nadie tampoco”, alertaba.
Para Alfredo Olivo, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) esto es consecuencia de la aplicación de políticas económicas incorrectas. “Desde el Banco Central de Venezuela constantemente se emiten bolívares inorgánicos y sin respaldo”, destacó.
Olivo explicó que el Gobierno nacional busca culpar a un dólar paralelo cuando la tasa establecida por las autoridades monetarias ha tenido un aumento de más del 240% en semanas.
Además, el presidente de la organización manifestó que han tenido la oportunidad de reunirse con autoridades del Estado para proponerles una serie de acciones pero hasta el día de hoy no han recibido respuesta.
Por otra parte el coordinador de Provea, Marino Alvarado, señaló que las medidas tomadas por el Ejecutivo para contrarrestar las secuelas de la pandemia en Venezuela son parciales que “no terminan de atender de manera íntegra la situación”.
“Son medidas que no deben tomarse de forma unilateral. Se han tomado medidas inconsultas y sin los factores que pueden ayudar. El Gobierno debe reactivar el diálogo tripartita: empresa, trabajador y gobierno, y buscar un consenso para establecer mejores políticas y las empresas, que ya estaban en una situación de crisis, no terminen de quebrar”, explicó.
El activista de derechos humanos indica que es imprescindible que se establezcan conversaciones con el sector privado para no agudizar mucho más la situación.
“Se debe tener un diálogo amplio con el sector empresarial, para adoptar medidas que no afecten la producción y que no generen desempleo. Los productores, al no poder sacar las cosechas o el queso, en el caso de los productores de queso, se pierden alimentos necesarios para evitar el desabastecimiento”, subrayó.
A todo esto se le suma el incumplimiento de promesas. El 22 de marzo Nicolás Maduro anunció que el Gobierno nacional se haría cargo del pago de las nóminas de la pequeña y mediana empresa, sin embargo, comerciantes reportan que esto no ha sucedido.
Jonathan Veracierta, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Puerto Ordaz (ACEC), señaló que el 40% de los comerciantes de la asociación decidieron suscribirse en el sistema patria para que sus trabajadores tuvieran un ingreso extra pero indica que hasta el momento ninguno ha recibido el dinero.
Las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 en una Venezuela que ya arrastraba una pesada crisis económica recrudecen la situación del venezolano que vive del día a día pero no puede trabajar para cumplir con la cuarentena.
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