Los últimos quince años de políticas para ejercer el control absoluto del poder en Venezuela han marcado la involución de la economía venezolana. Una de ellas fue la transferencia coactiva al Estado de las principales compañías del sector.
Entre el año 2002 y febrero de 2015 se produjeron 1.322 expropiaciones, según cifras de Conindustria. La gran mayoría ocurrió entre los años 2007 y 2011. De este total, 256 compañías operaban en el sector de alimentos, 155 en comercio y 78 en el petrolero. Pero no solo confiscaron empresas, también tierras: 5 millones de hectáreas fueron expropiadas por el régimen de Hugo Chávez.
Los famosos “exprópiese” de Chávez se fueron cumpliendo como órdenes militares. Se ejecutaban de manera discrecional y arbitraria sin seguir los preceptos contenidos en la Constitución, que establece, entre otras cosas, la evaluación de los bienes y su compensación. De este modo, el chavismo se apoderó del control de las empresas como una forma de librar una guerra contra quienes llamó “enemigos de clase”. Este proceder destruyó la producción nacional de bienes y servicios y fortaleció la economía de puerto –sostenida por los altos precios del petróleo (2009-2014) con un control cambiario (2003-2019)– que dio origen a una clase parasitaria: los enchufados y la boliburguesía, quienes han saqueado el país en más de 500.000 millones de dólares durante los mandatos de Chávez y Maduro –no incluye el despojo por parte del régimen parasitario cubano–.
La gran corrupción, aunada con la falta de inversiones y mantenimiento de los bienes públicos, entre otros factores, condujeron a la quiebra de las empresas y tierras del Estado. En consecuencia, Venezuela lleva más de seis años en recesión.
Al combinar la caída significativa de la actividad económica con el desplome de los precios del petróleo en 2014 y las sanciones internacionales, el régimen de Maduro ha visto reducido sustancialmente el ingreso de divisas necesarias para seguir ejerciendo el control social de la población, mediante la entrega de las bolsas de alimentos CLAP y el Sistema Nacional de Misiones. Esto ha convertido el país en el más pobre de la región y el segundo más desigual después de Brasil, según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolano. El estudio determinó que 96% de la población es pobre de acuerdo con los ingresos y 79% se encuentra en estado de pobreza extrema.
Una situación que definitivamente pone en riesgo el futuro de Maduro en el poder, en el cual se ha mantenido a pesar del rechazo de la mayoría de la población y de que varias decenas de gobiernos democráticos consideran que las elecciones presidenciales de 2018 no fueron legítimas.
Por lo tanto, para mantenerlo, el sucesor de Chávez traspasa las empresas –plantas químicas, procesadoras de café, silos y hoteles– confiscadas por la “revolución bolivariana” a inversionistas privados nacionales, ofreciendo ganancias a cambio de una participación en ingresos o productos. Y en el sector petrolero, busca con los socios internacionales en las empresas mixtas otorgar mayor capital accionario para que controlen el negocio con el fin de aumentar la producción de crudo y gas.
En esta nueva etapa, los enchufados y la boliburguesía se adueñan de los activos confiscados por la revolución chavista y se convierten en los nuevos “Amos de Valle”.
Para que funcione el plan, Maduro necesita la legitimación política de los gobiernos democráticos de Occidente. De lo contrario, la inversión extranjera directa no sería recibida y la crisis socioeconómica continuaría al no poder relanzar la economía. Seguirá inmerso en la precariedad.
La clave para que el régimen adquiera visos de legalidad está en las elecciones de gobernadores y alcaldes, que le garantizarían seguir en el poder hasta enero de 2025. Por ello, necesita la participación de la oposición en esos próximos comicios, la observación de la Unión Europea y un nuevo Poder Electoral electo por la Asamblea Nacional.
La usurpación se legitima como consecuencia del abandono de la causa de la misma (elección 2018) y la cercanía de un referéndum revocatorio presidencial el próximo año. En paralelo, transcurre la entrega de los bienes expropiados por la revolución socialista del siglo XXI al sector privado nacional e internacional. Y, por último, el sector petrolero al capital transnacional.
Si lo logra, la corporación criminal seguiría en el poder al tener el control de la gran mayoría de los activos productivos nacionales. La única excepción sería el sector petrolero, en el cual, como ya dijimos, tendrán una mayor participación las empresas transnacionales.
Este es el mecanismo que han ideado para que Maduro continúe en el Palacio de Miraflores.
Antonio de la Cruz
