Los presos por razones políticas en Venezuela comparten características similares, sean civiles o del estamento militar: son perseguidos o vinculados en supuestos hechos conspirativos, sufren recurrentes violaciones a sus derechos humanos que pueden calificarse como tortura o tratos crueles, además de retrasos indebidos en procesos judiciales.
Luisa Quintero // TAL CUAL
Hasta noviembre de 2021 esta es la situación que padecen los oficiales de la Fuerza Armada Nacional, en condición de retiro o activos, que han sido vinculados a hechos políticos para ser detenidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Según la ONG Justicia Venezolana hay 180 presos políticos militares hasta el 16 de noviembre en todo el país. 39 de ellos pertenecen al Ejército, ocho son efectivos de la Aviación, 11 de la Armada y 70 pertenecen al componente de la Guardia Nacional.
Si se hace la sumatoria de los cuatro componentes, son 128 los presos políticos militares. La ONG aclara que las diferencias entre el número de presos políticos totales y por componentes se debe a las dificultades de acceso a los casos —principalmente de la Operación Gedeón les ha sido difícil obtener información—, «y si bien se conoce de los castrenses privados de libertad, no tenemos todos los detalles».
Mientras, el Foro Penal Venezolano documentó 132 presos políticos militares en todo el país hasta el 15 de noviembre. Las diferencias entre ambas organizaciones se debe a la clasificación que hace el Foro Penal de los detenidos durante distintas etapas, además de otras consideraciones legales.
Ambas ONG coinciden en que la mayoría de los militares arrestados pertenecen al Ejército y la GN.
En su informe de agosto de 2021, el Foro Penal destaca que «estas personas han reportado que han sido sometidas a torturas físicas y psicológicas, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes y sus familiares han sido amenazados y perseguidos».
«Una cifra importante de funcionarios militares se encuentran privados de libertad catalogados como presos políticos, lo que demuestra un ensañamiento contra los funcionarios que disienten o son considerados molestos para el gobierno represor», reitera el Foro.
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