La lucha por la defensa y reivindicación de los derechos humanos de los venezolanos continúa en la Corte Penal Internacional (CPI). El 3 de noviembre de 2021, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el inicio de una investigación sobre la situación de Venezuela I, a raíz de la remisión hecha porun grupo de Estados Parte del Estatuto de Roma el 27 de septiembre de 2018.
Estos Estados solicitaron al Fiscal de la CPI que investigara los crímenes de lesa humanidad, bajo la jurisdicción de la corte, cometidos por las autoridades en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
El pasado 18 de noviembre, la Sala de Cuestiones Preliminina remitió una orden en la cual, entre otras cosas, se invitaba a las víctimas y a sus representantes a presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación en la Situación de Venezuela I. También invitaba a Venezuela a presentar observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía, a más tardar el 28 de febrero de 2023, y ordenaba a la Fiscalía presentar una respuesta, si la hubiera, a las observaciones de Venezuela, a más tardar el 21 de marzo de 2023.
No obstante, el 27 de febrero de 2023, la Sala le autorizó a Venezuela una prórroga de tres semanas para presentar sus observaciones. La Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones recibió más de 2.000 formularios y videos con las opiniones y observaciones de las víctimas. Dado a que fue un gran volumen de formularios, la Sala le autorizó a la Sección una prórroga, hasta el 20 de abril de 2023, para analizar y transmitir los formularios y videos junto al informe final consolidado.
Al respecto, Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, y Omar Piñango, coordinador general del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, explicaron cuáles son los pasos a seguir y qué se debe esperar de cada uno de los avances logrados.
Información de las víctimas
Sobre cuáles fueron los casos más frecuentes presentados en los formularios, Dávila dijo que están relacionados con los crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, como persecución política, encarcelamiento, tortura, asesinato y violencia sexual. «Los familiares de los asesinados se mostraron muy organizados para participar en esta consulta”, aseveró
Asimismo, Piñango indicó que se trata de un «gran espectro de violaciones graves de derechos humanos. El enfoque de la Oficina de la Fiscalía en cuanto a la Situación de Venezuela I ha sido los crímenes de lesa humanidad, de tortura, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, violación y otros actos de violencia sexual y persecución fundada en motivos políticos. Parte de nuestro esfuerzo se enfocó en obtener las percepciones de las víctimas respecto de estos actos mencionados y se vieron reflejados como casos frecuentes en los formularios”.
Sin embargo, agregó que durante el proceso de consulta de la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones «tomamos en cuenta todos aquellos eventos que constituyen crímenes de lesa humanidad y que requieren del impulso de la sociedad civil para ser incluidos en la investigación, tales como los crímenes de lesa humanidad de asesinato y de desaparición forzada ocurridos en el contexto de la situación”.
Próximos pasos en la agenda
En cuanto a los próximos pasos a seguir en la agenda de la investigación, Piñango explicó que lo siguiente “es la respuesta que debe emitir la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, encargada de la Situación de Venezuela I, a partir de la cual se decidirá si la investigación es reanudada o no».
Mientras eso suceda, agregó, «es elemental que cada uno de los actores de la sociedad civil, los investigadores, las víctimas y organismos internacionales sigan documentando hechos que puedan recaer dentro de la competencia de la investigación. Estemos atentos a las acciones sobre el tema y los enjuiciamientos a nivel interno”.
Dávila señaló que, en caso de que continúe la investigación, «la Fiscalía de la CPI iniciará a identificar a los responsables, que deberán ser sometidos a este proceso de justicia internacional”.
Además, añadió que “debido a la participación masiva de las víctimas, la Sala de Cuestiones Preliminares ha otorgado a la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones una extensión para procesar la información recibida hasta el 20 de abril de 2023. El informe de la Sección nos dará luces de lo que podría ser la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que tiene la última palabra en esta decisión”.
En espera y con esperanzas
Piñango aseveró que no hay tiempos exactos, pero sí antecedentes que pueden llenar de esperanza a los venezolanos: “Ni en el Estatuto de Roma ni en las Reglas de Procedimiento y Prueba ni en los Elementos de los Crímenes, se dispone de plazo para que la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie sobre si procede o no la reanudación de la investigación. No obstante, en una situación similar, como lo es la de Filipinas, en la que se resolvió una incidencia del artículo 18(2) del Estatuto de Roma la Sala se tomó 3 meses”.
Explicó que, en esa oportunidad, la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS, por sus siglas en inglés) transmitió un informe en nombre de 293 personas y 366 familias en apoyo de la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación. Por ello, ese tiempo puede variar. «Se ha reportado por la Corte que en el proceso de consulta de la Situación de Venezuela I se recibieron 2.000 formularios, por eso es una cuestión casuística. En razón de esto, la Sala concedió una extensión de tiempo para transmitir los formularios y su reporte final hasta el 20 de abril de 2023”.
Sobre las expectativas que mantienen ambos activistas sobre esta investigación, Dávila dijo que la de Defiende Venezuela es que la investigación continúe. «La VPRS anunció que ha recibido más de 2.000 formularios de víctimas de Venezuela. Defiende Venezuela contribuyó con 232 formularios correspondientes a más de 400 víctimas”.
Para Piñango, es necesario dosificar. «Confiar en este organismo independiente es fundamental para las próximas etapas. Lo que buscamos es que se reanude la investigación y que el Fiscal de la CPI tenga la posibilidad de seleccionar y priorizar los potenciales casos, realizar investigaciones en el terreno, y que realmente fundamente su investigación para que esté robustecida en las etapas siguientes. Así se podría esperar que, si lo considera necesario, emita órdenes de comparecencia y de arresto en contra de los presuntos responsables”.
