Los gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea (UE), Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos expresaron este jueves su grave preocupación por la crisis postelectoral en Venezuela y reiteraron su apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos.
En una declaración conjunta, los 31 países y la Unión Europea instaron a la administración de Nicolás Maduro a iniciar “discusiones constructivas e inclusivas” con la oposición sobre una transición democrática y a liberar inmediatamente a los venezolanos detenidos tras las elecciones.
“Estamos con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y para su país”, expresa el comunicado.
COMUNICADO ÍNTEGRO:
El siguiente es el texto de una declaración conjunta de los Gobiernos de Argentina, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Unión Europea, Alemania, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Eslovenia, España, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos:
Treinta y un países nos reunimos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir nuestras graves preocupaciones sobre la urgente situación en Venezuela y reiterar nuestro apoyo al respeto de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos allí.
Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en las elecciones presidenciales del 28 de julio a pesar de los importantes desafíos que enfrentó. Más de 12 millones de personas acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. Su voluntad, expresada en las urnas, debe ser respetada. Sin embargo, han transcurrido casi dos meses desde las elecciones y los reclamos de transparencia electoral, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, siguen sin recibir respuesta. Los observadores electorales internacionales han documentado sus serias preocupaciones sobre la transparencia e integridad del proceso electoral, en particular la negativa de la Comisión Electoral Nacional a publicar resultados detallados e independientemente verificables de los centros de votación, como se exige.
Seguimos profundamente preocupados por la represión generalizada y continua, así como por los abusos y violaciones de los derechos humanos denunciados tras las elecciones. Estos abusos incluyen arrestos y detenciones arbitrarias (incluso de niños), muertes, denegación de garantías de juicio justo y tácticas de intimidación contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil. En el contexto de la violenta represión contra miembros de la oposición, una orden de arresto por motivos políticos emitida el 3 de septiembre contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien, según los registros electorales disponibles públicamente, obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del 28 de julio, lo obligó a abandonar el país.
Exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente sin respetar las garantías de un juicio justo. Es fundamental que se permita a los venezolanos expresar sus opiniones políticas de manera pacífica, incluso mediante el ejercicio de la libertad de reunión y expresión pacíficas, sin temor a represalias. Exigimos que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil.
Asimismo, hacemos un llamado a que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos regrese de inmediato a Venezuela y se creen las condiciones necesarias para que pueda cumplir plenamente con su mandato. Asimismo, hacemos un llamado a Venezuela a que defienda y cumpla con sus compromisos bajo el Derecho Internacional, en particular como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, brindando un salvoconducto a los seis solicitantes de asilo que actualmente residen en la residencia oficial de la República Argentina y permitiéndoles salir del territorio venezolano.
Ahora es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien debates constructivos e inclusivos sobre una transición con garantías para ambas partes para resolver el impasse político del país y restablecer las instituciones democráticas de manera pacífica, de conformidad con la ley venezolana, así como con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el 28 de julio. Nos solidarizamos con los millones de venezolanos que siguen arriesgando sus vidas y su bienestar para exigir un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y su país.
