Un grupo de más de 30 trabajadores de la empresa Cemento Andino, filial de la Corporación Socialista del Cemento, ha denunciado públicamente despidos injustificados ocurridos el pasado mes de agosto del 2024.
Los despidos, realizados sin justificación legal y en medio de supuestas tendencias políticas, han generado una ola de indignación entre los afectados y han puesto en evidencia las violaciones a sus derechos laborales.
Desde el 16 de agosto del 2024, los trabajadores de la Planta Cemento Andino ubicada en el municipio Candelaria del Estado Trujillo, recibieron notificaciones impresas que informaban sobre la “prescindencia de sus servicios”, eludiendo así el previo procedimiento establecido ante la Inspectoría del Trabajo y las leyes venezolanas, puesto que dichas notificaciones carecen de un motivo legal o una calificación de despido por parte del organismo competente.
En respuesta a esta situación, los afectados se dirigieron a la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo dentro del plazo legal de 30 días para solicitar un amparo laboral. Sin embargo, en dos ocasiones, se les cerraron las puertas, negándoles el acceso a la justicia que por ley les corresponde.
Esta acción no solo contraviene las normativas laborales vigentes, sino que también infringe el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTT), que protege los derechos de los trabajadores ante despidos sin causa justificada.
Ante esta grave violación de sus derechos laborales, los trabajadores también acudieron a la Defensoría del Pueblo y posteriormente se dirigieron al Gobernador del Estado Trujillo, Mayor Gerardo Márquez como primera autoridad de la entidad trujillana. No obstante, hasta la fecha no han recibido respuestas concretas que aborden su situación.
El caso ha escalado a una demanda formal tras la consignación de un Recurso de Amparo ante el Circuito Judicial Laboral del Estado Trujillo el pasado 7 de enero de 2025. Los trabajadores buscan ser restituidos en sus puestos y exigir el cumplimiento efectivo de las leyes laborales que protegen sus derechos.
«Este despido no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que perjudica a más de 150 familias que dependen económicamente de estos empleos», afirmó una representante de los trabajadores afectados (ZENAIDA LOZZADA V-19610442). «Estamos decididos a luchar por nuestros derechos y a hacer público este caso para que se tomen las medidas necesarias.»
Los trabajadores han expresado su disposición para iniciar acciones reivindicativas adicionales en función de lo que determinen los organismos competentes.
Este lamentable episodio pone de manifiesto la necesidad urgente de que se respeten los derechos laborales en nuestra sociedad. Los trabajadores afectados hacen un llamado a la opinión pública y a los organismos pertinentes para que se tomen medidas inmediatas y se eviten futuras injusticias en el ámbito laboral.
