Al menos 7.419 hectáreas del Parque Nacional Canaima presentan alta vulnerabilidad debido a la actividad minera, denunció la organización ambientalista World Heritage Watch.
En su reporte de 2021, la organización consideró que es necesario que la Unesco incluya al Parque Nacional Canaima en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial en Peligro, una acción que, afirman, podría motivar a las autoridades del régimen a actuar de manera decisiva para poner fin a las operaciones en el parque.
Informes analizados por World Heritage Watch apuntan a que más de 1.000 hectáreas de los ecosistemas del parque han sido destruidas por la extracción de oro, una actividad que se realiza con técnicas semimecanizadas y con mercurio, un elemento altamente tóxico.
El informe identificó siete áreas entre las que destacan las de El Mosquito y Mayen-Macriyen, que llaman la atención por el aumento de la actividad minera: ahora ocupa más de 500 hectáreas.
En el sector occidental de Canaima se detectó que en al menos 480 hectáreas hay operaciones ilegales de extracción.
Entre los sitios bajo mayor presión señalados en el informe se encuentran, ya en los límites del parque, Las Claritas-Chibay y un foco grande de operaciones en San Salvador y Paúl-Urimán.
“Estas presiones generan una mayor amenaza para el paisaje. Afecta directamente al río Caroní y amenaza la continuidad de los bosques que habían permanecido relativamente imperturbables hasta hace poco gracias a las dificultades para acceder a la zona”, precisa el informe.
“En este sector es problemático ver la degradación del ecosistema que rodea la masa montañosa conocida como Auyantepuy, el ícono más destacado del Parque Nacional Canaima, uno que atrae turistas gracias a sus cascadas, particularmente el Salto Ángel, así como su cantidad de especies”, agrega el estudio.
World Heritage Watch subrayó que hasta ahora no se ha realizado ningún plan de manejo de tierras ni reglamentos de uso para proporcionar una mejor administración del sector occidental.
Sin embargo, advierte que esto no tendría ningún efecto porque la legislación actual prohíbe la actividad minera en cualquier área designada como parque nacional. “No hay voluntad política para hacer cumplir esto. Y toda la situación social de la región ha provocado la desaparición lamentable de toda la actividad científica de uno de los lugares más importantes del planeta”.
En el sector El Mosquito, continúa la organización, se observó que la actividad minera desplazó los bosques que una vez se caracterizaron por sus especies con adaptaciones especializadas. Es probable que esta erradicación sea permanente, dice el informe.
“El sustrato del suelo que facilita la fijación de especies vegetales ha sido totalmente eliminado, por lo que hay áreas que están desprovistas de cualquier vegetación, sin probabilidad de restauración”, dice el texto.
La actividad minera también conducirá a la pérdida de comunidades biológicas: “Estos son los bosques que están bajo mayor presión. Están fijados en los suelos ligeramente mejores, utilizados por el pueblo Pemón para la agricultura a pequeña escala. Debido a que los suelos de la región tienden a ser muy pobres en nutrientes, esto contribuye a la transformación de los bosques en sabanas.
Otros ecosistemas en riesgo se encuentran en los morichales, los principales íconos de la Gran Sabana, muy diversos y complejos: “Se ven afectados negativamente por la actividad minera en lugares como El Mosquito y Campo Alegre, cerca de los cuales se pueden ver restos aislados de ellos y en los que ahora corren flujos contaminados”.
El informe subraya que hay otras 8.935 hectáreas del parque que muestran vulnerabilidad promedio. Advierte que las minas siguen operando sin restricciones, por lo que es evidente el desinterés de las autoridades en responder a estos problemas.
“En los últimos meses, la presencia de grupos armados irregulares ha dado lugar a un aumento de la violencia en toda la región, todo relacionado de una u otra forma con las operaciones mineras”, subraya la organización.
Los conflictos entre estos grupos, los militares y los pemones han resultado en masacres, homicidios y la migración forzada de los indígenas a Brasil.
Y además hay evidencia de pactos políticos para agilizar la operación minera a cambio de minimizar la violencia y evitar que los territorios indígenas sean invadidos por mineros no pemones.
