Las políticas del chavismo en materia penitenciaria no han sido eficientes. Así lo evidenció este martes 21 de julio la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) tras la presentación de su informe anual: entre 1999 y 2019 en las cárceles venezolanas han fallecido al menos siete mil 374 presos, mientras que otros 17 mil 715 fueron heridos.
Según la organización, el año pasado fallecieron 104 reclusos y otros 90 resultaron heridos, registrándose una disminución de 64,26% y 368%, respectivamente, en el número de casos si se consideran los 291 fallecidos y 331 heridos reportados para 2018. Para 2017 hubo 143 muertos y 120 heridos.
De los 104 fallecidos registrados en 2019, 66 fueron por motivos de salud. Al menos 63,46% murió específicamente por desnutrición y tuberculosis. La directora del OVP, Carolina Girón, advirtió que en los recintos penitenciarios existen graves problemas vinculados al acceso a la alimentación, medicamentos y atención médica oportuna.
Venezuela tiene una capacidad instalada para mantener bajo custodia en las cárceles a 26 mil 238 personas. Sin embargo, revela el informe, hasta el año pasado la población carcelaria era de 43 mil 992 detenidos, lo que representa un nivel de hacinamiento de 167,66%. De los 52 centros con los que cuenta el país, solo 44 están en funcionamiento y entre esos hay 14 que son los más hacinados. Estos últimos albergan a 92% de la población total.
Un caso que permite ilustrar el hacinamiento existente en las cárceles venezolanas es el del Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como penal de Tocuyito, donde a pesar de contar con una capacidad instalada de mil 100 plazas, para 2019 reportaba una población carcelaria de siete mil 632 privados de libertad.
Girón explicó que aunque se registra una disminución en el número de privados de libertad en las cárceles, de 46 mil 915 en 2018 a 43 mil 992 detenidos en 2019, se ha reportado un exponencial crecimiento en el número de presos en los calabozos policiales, una cifra que alcanzaría los 38 mil reclusos aproximadamente.
Entre 2002 y 2018 el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, actualmente dirigido por la chavista Iris Varela, ha cerrado ocho centros y no ha construido ni uno solo. “Cuando dicen que construyeron, hablan con falsedad”. Según Girón, las autoridades lo que hacen es hacerle algunos arreglos a edificios en los centros ya existentes, les cambian el nombre y los presentan como nuevos.
Entre las principales causas de los altos niveles de hacinamiento está el retardo procesal, sostuvo la vocera del OVP. Según el informe, hay 26 mil 981 presos procesados y solo 17 mil 011 condenados.
La representante de la ONG fue enfática al aclarar que, hasta la fecha, no han sido reportados reclusos contagiados con COVID-19. A su juicio, esto se debe a la medida de suspensión de las visitas que entró en vigencia desde marzo, cuando inició la cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
En cuanto a las mujeres privadas de libertad, Girón aseveró que se replican los mismos problemas en los centros penitenciarios en los que se encuentran: desde difícil acceso a la alimentación, servicios y salud, hasta hacinamiento. Para esta población hay una capacidad instalada de dos mil 154 plazas y hasta 2019 se reportaban dos mil 526 reclusas.
Ellas tampoco escapan del retraso procesal: del total, mil 409 están procesadas, pero solo mil 117 fueron ya condenadas. Entre las prisiones con mayor hacinamiento femenino están Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), el anexo femenino de la Cárcel de Uribana y el del Cnetro de Formación del Hombre Nuevo Cipriano Castro.
“Lo que pedimos son derechos, no privilegios”, sentenció la directora de la organización.
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