El 8 de mayo se cumplieron cuatro meses de la denominada “Masacre de la Vega” realizada por la fuerza pública de Maduro en la Parroquia La Vega, Caracas. Un operativo policial donde 23 personas fueron asesinadas. Ninguna autoridad se pronunció, ni siquiera los nombres de las personas asesinadas fueron indicados. Los familiares de las víctimas exigen justicia.
Por provea.org
Los acontecimientos de La Vega es otra de las masacres realizadas por el gobierno de Maduro en los últimos años, como resultado de una política de exterminio que da luz verde a los funcionarios policiales para detener y ejecutar. Una política de “disparen a matar” donde el derecho a la vida no importa, sino mostrar estadísticas de presuntos delincuentes “dados de baja”
Política sistemática de abusos y violaciones
Maduro y su cúpula argumentan que en Venezuela se respetan los derechos humanos, un insulto a miles de víctimas de ejecuciones, de detenciones arbitrarias, torturas y discriminación. Todo en un marco de impunidad ante un sistema de justicia de espalda a la verdad y la justicia.
El creciente número de asesinatos causados durante acciones policiales altamente violentas en el aspecto político y social, revela características de una situación sistemática y estructural de violaciones a los derechos humanos, donde participan funcionarios policiales y militares que violan el derecho a la vida y traspasan la justicia a la que todos deben estar sometidos.
En 2020 unas 2853 personas fueron víctimas de esta letalidad policial en Venezuela. Las altas cifras de víctimas mortales en operativos policiales, realizados en sectores populares, evidencian el menosprecio de los organismos de seguridad por el respeto a la vida.
Desde 2010 hasta el 2020, unas 27.000 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad pública; las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), figuran como los organismos con mayor nivel de responsabilidad de muertes. Según información suministrada a Provea.
En la masacre de La Vega, ocurrida el 8 de enero de 2021, fueron asesinadas aproximadamente 23 personas, entre ellas 4 adolescentes de 17 años. Esta cifra, hasta los momentos, es considerada la más alta de víctimas en un operativo policial de “seguridad ciudadana” en Venezuela.
Silencio ante la masacre
Aún ante la gravedad de los hechos y los 4 meses transcurridos desde las ejecuciones, ni el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, ni otro vocero del gobierno de Maduro se han pronunciado sobre las investigaciones ni han respondido a los familiares sobre estas muertes.
El 8 de enero de 2021 se realizó un operativo donde participaron funcionarios del FAES; la Dirección de Investigaciones Penales, (DIP) y la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales, (UOTE) también de la PNB, para, supuestamente, enfrentar a integrantes de la mega banda de “El Coqui”, grupo delictivo que según mantiene el control territorial de la Cota 905, zona vecina a La Vega y que, según se informó días antes, habían tomado varios sectores de la parroquia caraqueña con el propósito de extender su dominio.
De acuerdo a los argumentos de las autoridades “las muertes de esas 23 personas habían ocurrido en enfrentamientos con los cuerpos de élite policiales”, sin embargo, los familiares de las víctimas negaron esa versión de los hechos y aseguraron que lo ocurrido en La Vega “fue una masacre ocasionada por la violencia policial”.
La Misión de Determinación de Hechos de la ONU denunció que se trató de una de las operaciones policiales “más letales” realizadas hasta la fecha, donde según las propias fuentes oficiales, se desplegaron 650 agentes. Esta Misión Internacional aseveró que, de acuerdo a sus investigaciones preliminares, “algunas personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales”.
Además señalaron: “hemos recibido informes que funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuenta por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos; esto incluye no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias, entregar los cuerpos en ataúdes cerrados, con la instrucción de que no se abran”.
Familiares de las víctimas denunciaron en algunos medios que funcionarios de la morgue de Bello Monte les dijeron que “los muertos no podían tener actos velatorios, sino que serían llevados directamente al cementerio”.
Testigos insisten en que no hubo enfrentamientos, “fueron ellos quienes se metieron a matar en las casas” señalando como los responsables a funcionarios de las FAES.
Provea obtuvo el testimonio de varias víctimas, quienes indicaron que los funcionarios policiales ingresaron a las viviendas, detuvieron a sus familiares y fueron asesinados dentro de sus viviendas, después de obligar a salir al resto de presentes, algunos fueron ejecutados a pocos metros de sus casas.
También se pudo conocer cómo se apropiaron de bienes de las familias y en un caso particular amenazaron a los familiares en caso de que llegaran a denunciar. Además de ejecutar a algunas personas en sus casas en las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas, también asesinaron a personas mientras caminaban por las vías de la Vega.
Asimismo, denunciaron que, desde la noche anterior a los sucesos, vieron en la parroquia supuestos miembros de colectivos armados (grupos afectos al gobierno), “vestidos de negro, con armas largas que dispararon contra algunas personas”.
Entre las víctimas de la masacre de La Vega identificadas a través de los medios de comunicación y denuncias recibidas se encuentran: Richard Alejandro Chile Cabello, de 20 años, empleado de un autolavado; Julio Alexander Pino Moreno de 23 años y Yeferson José Moreno Plazola, de 28 años, ambos trabajadores del mercado alimenticio de Coche; Jhonatan Useche de 17 años, trabajador de una carnicería y a Nelson Enrique Villalta Talima, profesor de música y vigilante de 49 años.
A Alejandro Ramírez lo mataron cuando se encontraba en la casa de un amigo, según relató una tía, quien acotó que su sobrino “salió de la casa en short y sin camisa a comprar un cigarro para su abuela y cuando conversaba con un amigo en la casa de éste, escucharon tiros y decidieron entrar a la vivienda y cerrar la puerta. La policía se metió en la casa y luego se escucharon unos tiros”.
“A mi sobrino lo mataron los policías y le cambiaron la ropa. Los policías alegan un enfrentamiento, pero, ¿cómo es que hubo un tiroteo en una casa pequeña y el único muerto fue mi sobrino?” Se preguntó este familiar al informar sobre lo sucedido.
Completan esta lamentable lista de víctimas Yenkson José García Duarte de 32 años. Angel Jesús Palma Martínez de 27 años, Guivani Daboin Palma Martinez de 32 años, Raúl Antonio Lira Sánchez de 25 años, Nestor Duarte, Eliezer Rafael Martínez Rojas, Richard Alfonso Francia, Wilfredo José Naranjo Roca de 39 años, Luis Alejamdro Ramírez Muñoz, Carlos Alfredo Hernández Hurtado de 16 años y Efraín Durán de 17 años.
De acuerdo a Monitor de Víctimas, en la parroquia La Vega ocurrieron 182 homicidios de los cuales 74, el 40 %, fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, sólo desde mayo de 2017 hasta noviembre de 2020. Las FAES son el grupo policial que ha dejado más muertes en la parroquia. A manos de estos funcionarios han muerto 38 personas, solo durante el período citado.
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