La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Michelle Bachelet presentó un resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela al inaugurarse la 48º sesión del Consejo que preside.
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La expresidenta de Chile se pronunció sobre la jornada de diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y Plataforma Unitaria de Venezuela llevados a cabo en México.
“Confío en que el diálogo en curso en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos en Venezuela“, dijo.
Asimismo, destacó el impacto de la pandemia en el país.
“La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada por la pandemia“, señaló.
En el informe se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas, que han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres.
Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y la dictadura chavista para que personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país.
Gracias a este último entendimiento los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de seis a doce.
Por otra parte, la alta comisionada defendió el papel de la sociedad civil para hacer un seguimiento de las políticas públicas y de su impacto en la sociedad, y lanzó un llamamiento para proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos de ataques, intimidación o de la criminalización de su trabajo.
Admitió que la pandemia agudizó la crisis del sector salud.
“Los escasos recursos de otros tratamientos médicos necesarios fueron desviados para atender la emergencia de la pandemia de Covid-19 en Venezuela, amplificando más la escasez en el sector salud dejando a profesionales del sector y a grupos vulnerables en riesgo“, denunció.
Bachelet también manifestó su preocupación por la mala gestión de recursos, la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y una grave subinversión en servicios básicos.
“Los ingresos en el país siguen dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, afectando el acceso a la alimentación y a la educación“, agregó.
